Desde Madrid

En el comienzo de esta semana parecía muy claro que, tras un intenso calendario electoral en España, el poder político se dividiría de modo tal que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lideraría el Gobierno central con respaldo de Unidas Podemos (UP), y el Partido Popular (PP) gobernaría la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, el otro centro neurálgico de la política nacional, con el apoyo de Ciudadanos (Cs) y la ultraderecha Vox. Sin embargo, la compleja dinámica de pactos parlamentarios necesarios para formar gobiernos ha trascendido la  disputa entre la izquierda y la derecha, dejando la puerta abierta a los acuerdos cruzados.  

Los movimientos se iniciaron desde la periferia, aunque alcanzaron al centro del país. Lo primero fue un anuncio del Manuel Valls, candidato de Ciudadanos en Barcelona, y exprimer ministro de Francia. El dirigente catalán ofreció su apoyo parlamentario a la alcaldesa de izquierdas Ada Colau para evitar que el partido independentista catalán, Esquera Republicana de Catalunya (ERC), gobernara Barcelona. Si bien Valls no exigió nada a cambio, Colau reniega de permanecer cuatro años más al frente de la alcaldía si debe hacerlo con el apoyo de la derecha, y ninguneando a ERC, que es una fuerza de izquierda. Por estas horas, Colau medita entre alcanzar algún tipo de acuerdo con ERC, o aceptar el ofrecimiento de la derecha.

El anuncio de Valls ha apuntado también hacia Madrid. El dirigente amenazó con dejar Cs si su líder, Albert Rivera, aceptaba formar un acuerdo con el PP y la ultraderecha Vox para gobernar en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. En esa región, las dos grandes fuerzas de derecha no pueden alcanzar una mayoría por sí mismas, y necesitan el apoyo de Vox, que no está dispuesto a dárselo sin nada a cambio. La ultraderecha busca impulsar en Madrid una agenda contra los inmigrantes ilegales, las leyes de Igualdad de Género y los contenidos escolares sobre educación sexual, a los que considera casi una herejía.  

El ultimátum de Valls no es exclusivamente suyo. Forma parte de una corriente que nació en Francia y Alemania, donde el presidente Emanuel Macron y la canciller Angela Merkel, han marcado una línea roja a cualquier pacto con la ultraderecha. En España, esa línea roja es más que porosa. En la Junta de Andalucía, PP, Cs y Vox, han hecho acuerdos que les permitieron desbancar al PSOE del gobierno. Una aritmética que pretendían reeditar en Madrid hasta que llegó el anuncio de Valls.

En la misma línea que el exprimer ministro francés, Íñigo Errejón ofreció el apoyo obtenido por su fuerza Más Madrid para que el PSOE y Cs logren una mayoría que prescinda de Vox. La posición del fundador de Podemos rompe con la línea de su partido original, negado a pactar con Rivera. En este contexto, el PSOE ha aprovechado la corriente contra Vox para sumar mayor presión a Cs para que no pacte con la ultraderecha.

La respuesta de Cs ha sido ambigua. Si bien rechazó integrar a Vox en un gobierno o llegar a algún acuerdo, está dispuesto a gobernar con su apoyo. En cuanto a explorar pactos con el PSOE, su condición es que renuncien a la impronta que marcó Sánchez para el socialismo. 

Con este panorama, las alternativas son varias, pero dos aparecen con más posibilidades. La primera, que el PP, Cs y Vox, formen una mayoría y gobiernen en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. En ese caso, el PSOE acusará a Cs y PP de blanquear la ultraderecha en España. Un discurso que llevará a Bruselas cada vez que pueda.

La otra, que Cs pacte con Errejón y el PSOE en un gobierno liderado por socialistas. Un acuerdo que podría replicar el mismo tripartito de fuerzas en el Ayuntamiento, solo que con el liderazgo de Cs. La definición llegará en los próximos días, y servirá para dar certezas sobre el grado de derechización que está dispuesto a alcanzar el bloque de derechas español.  

Mientras se deciden los gobiernos de las comunidades y autonomías, la política nacional ha entrado en días decisivos, aunque se mantiene la incertidumbre. El escenario más probable sigue siendo el de un gobierno liderado por el PSOE, que incluya a figuras de Unidas Podemos e independientes en el gabinete. Así lo expresó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuando afirmó esta semana que están dispuestos a incorporar miembros de UP pero sin llegar a formar una coalición.

La cuestión es que los acercamientos entre PSOE y Cs en Madrid son aprovechados por sectores del establishment español para propiciar un acuerdo que abarque al Gobierno central. Un giro que la militancia socialista ha rechazado más de una vez desde que los comicios generales otorgaron el triunfo a Pedro Sánchez.

Para impedir que Cs y el PSOE se instalen en La Moncloa, Pablo Iglesias ha vuelto a la carga con una advertencia sobre la facilidad con que los socialistas viran a la derecha. Una tendencia que, en su opinión, solo puede ser neutralizada por miembros de UP en el Gobierno central. A pesar de que Iglesias ha perdido fuerza para obligar al PSOE a formar una coalición con UP, su argumento no carece de veracidad. Este jueves, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que no habría que perder el tiempo en derogar la reforma laboral aprobada por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Un marco laboral que meses atrás estaba dispuesto a derogar, y que ha sido una de las principales causas de la profunda precarización de la economía española.