PáginaI12 en Francia
Desde París
Apenas firmada, la premisa del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur desató en Francia un oleaje de críticas no siempre motivadas por el sentido común, la solidaridad con el Sur o de la defensa de las sociedades de los países del Mercosur. Agricultores híper subvencionados y ecologistas han sido los primeros que saltaron sobre la firma y las espaldas del Presidente francés, Emmanuel Macron. Hay que ser claros y rigurosos: no están criticando el acuerdo por el daño que le hace a las economías del Mercosur o la liquidación de la soberanía sino por el daño que le hace ellos y, supuestamente, al planeta: los agricultores porque temen por las consecuencias económicas que un acuerdo semejante puede acarrear para su producción agrícola: los ecologistas porque impugnan principalmente la desforestación del Amazonas llevada a cabo desde hace décadas con la connivencia Occidental y demencialmente aumentada desde que el presidente Bolsonaro llegó al poder. En su denuncia férrea, los verdes olvidan mencionar la complicidad de las empresas europeas y norteamericanas con esa desforestación, el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes en la producción europea y las gigantescas subvenciones agrícolas de la Unión Europea que han sido siempre un instrumento de desequilibrio de los mercados en detrimento de los países productores del sur. Un informe del mes de abril de este año elaborado por la Organización Amazon Watch acusó a las empresas del Viejo Continente y de Estados Unidos de participar en la destrucción del Amazonas y, por consiguiente, de contribuir a la destrucción del equilibrio climático del planeta.
Verdes y agricultores convergen ahora en un frente común contra el acuerdo. Los dos principales sindicatos de agricultores franceses, FNSA y la Confederación Campesina, manifestaron su total repudio al pacto UE Mercosur. El portavoz de la Confederación Campesina, Nicolas Girod, dijo “tengo una reacción de asco”. Christian Lambert, Presidente de la FNSA, declaró que “la soberanía alimentaria, la de los territorios, los problemas climáticos han sido barridos en beneficio del comercio internacional y de un crecimiento sin riendas”. El Secretario general del mismo sindicato, Patrick Bénézit, afirma que “este acuerdo conduce a una situación de concurrencia desleal”. En términos de concurrencia y de lealtad, el dirigente agrícola francés no menciona las subvenciones agrícolas de la UE que mantienen la producción y los precios de los productos europeos bajo respiración artificial dentro de la PAC (Política Agrícola Común). Un informe de julio de este año publicado por la muy liberal OCDE (Organización para la Cooperación y el desarrollo económico) volvió a denunciar la honda “distorsión” de los mercados que acarrean esas subvenciones y recomendó que dichas ayudas fuesen reorientadas hacia la defensa del clima. La OCDE reveló, entre otras incorrecciones, que el 54% del respaldo otorgado a la agricultura se hace de tal forma que “mantienen los precios agrícolas artificialmente por encima de los niveles en vigor en los mercados internacionales”, lo que “perjudica a los consumidores”. Cerca del 80% de las ayudas oriundas de la PAC son, de hecho, transferencias directas hacia las ganancias de los agricultores. En Estados Unidos, la ayuda directa a los productores agrícolas llega al 80 por ciento. Utilizar la palabra “desleal” en este contexto es un disparate.
A escala europea, la Copa Cogeca, principal sindicato agrícola de la Unión Europea, critica la “geometría variable” de la UE, la cual, sostiene, “amplia el foso entre lo que se les pide a los agricultores europeos y lo que se les tolera a los productores del Mercosur”. Lo que está en juego aquí son las normas sanitarias disímiles entre los dos bloques. La reacción ecologista ha sido igualmente virulenta. El ex Ministro de Ecología de Emmanuel Macron, Nicolas Hulot (es propietario de nueve vehículos…. ) fue uno de los primeros en partir en cruzada contra el convenio. En una entrevista publicada por el diario Le Monde, Hulot dijo que “este acuerdo es completamente antinómico con nuestras ambiciones asumidas, y sobre todo con la realidad de lo que es preciso hacer”. El ex Ministro de la transición ecológica alega que con esta firma “se exonera a los países importadores de los esfuerzos que se les pide a nuestros propios agricultores”. A su vez, el eurodiputado ecologista Yannick Jadot, acusa a Bolsonaro de querer “masacrar el Amazonas” y de abrir más su país al “agronegocio”. El principal blanco de los ataques es el presidente brasileño Jair Bolsonaro, al que incrimina de “saquear el Amazonas”. Hay algo violento, falso y cínico en todo esto. Como ocurrió con los agricultores y su producción y sus tractores subvencionados, Hulot y los ecologistas dejan en el camino nombres como los de las francesas Guillemette & Cie, el Groupe Rougier, o la alemana Acai GmbH, todas implicadas en negocios agrícolas con Brasil dependientes directamente de la destrucción del Amazonas. Ni una palabra tampoco sobre bancos como BNP Paribas que tienen cuantiosas inversiones en multinacionales que trafican con las materias primas: ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus. Estos cuatro mastodontes le venden a Europa soja brasileña, y hasta se la compran a productores bajo embargo por haber despojado zonas protegidas. BNP-Paribas, JP Morgan y Barclays son los organismos financieros que más han invertido en las cuatro multinacionales mencionadas. El informe de Amazon Watch “Complicity in destruction II” está ampliamente documentado y es indispensable para comprender que una cosa son las criticas legitimas que se le pueden hacer al acuerdo en gestación entre el Mercosur y la Unión Europea, y otra muy distinta la defensa de intereses corporativos en nombre de la sanidad agrícola o el medio ambiente.
Nadie ha pensado en las industrias, los servicios, los mercados públicos, la química o las farmacéuticas del Mercosur que se verán ciertamente arrasadas con la llegada de los europeos. Pero el camino de la firma final será espinoso. El acuerdo debe ser traducido en texto jurídico antes de que sea remitido para su aprobación por los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Después deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales.
