Carlos Goncharuk es un hombre violento que cumplió una pena de ocho años de prisión por golpear de tal manera a su mujer que la dejó ciega. El sábado 14 de este mes podría recuperar su libertad, pero no podrá hacerlo porque se niega a cumplir una cláusula ineludible de la pena: un tratamiento destinado a evitar futuros nuevos hechos de violencia de género. Por esa razón, el juez de Ejecución Penal platense José Villafañe, resolvió no otorgarle la libertad porque Goncharuk, además de su negativa al tratamiento, sigue manteniendo su conducta “agresiva y hostil" dentro de la prisión.

Susana Gómez, la víctima de la violencia ejercida por su ex pareja, dijo que ella siente “alivio” al conocer la decisión del juez porque ella pensaba que Goncharuk iba a cambiar, pero “con los informes desastrosos que hay no puede salir sin hacer el tratamiento, que es algo que preveía el fallo" condenatorio. La mujer participó de una movilización que se hizo frente al juzgado de Ejecución Penal, acompañada por organizaciones feministas y de protección de las víctimas de violencia de género.

Gómez fue acompañada por Darío Witt, fundador de Casa María Pueblo, el lugar en el que la mujer se refugió luego de ser agredida y donde se le brindó contención jurídica y psicológica. "El punto 2 del fallo condenatorio preveía que Goncharuk realizara este tratamiento con perspectiva de género para que él pueda reposicionarse de manera que reconozca los hechos de violencia contra las mujeres para que pueda reinsertarse en sociedad sin temor a que vuelva a agredir a otra mujer", explicó Witt.

La decisión del juez Villafañe impide que Goncharuk pueda salir en libertad el sábado 14 de septiembre. El hombre cumplió una condena de ocho años de cárcel al ser hallado culpable del delito de "lesiones gravísimas" en perjuicio de su ex mujer, Susana Gómez, quien quedó ciega por los golpes que recibió en la cabeza.

El juez Villafañe hizo lugar a un planteo de la fiscal de Ejecución Laura Lasarte tras analizar los informes sobre la salud mental de Goncharuk, su negativa a someterse a tratamientos vinculados con la temática de violencia de género y los episodios de violencia que protagonizó en las cárceles en las que estuvo recluido.

El magistrado señaló que el agresor "transitó por casi un cuarto de las cárceles de la provincia, en sitios que cuentan con diferentes regímenes y posilidades y en los que podría haberse incorporado dentro de los dispositivos de tratamiento, pero en ninguna de las unidades se lo pudo incluir". Villafañe recalcó que “cada vez que se intentó incorporarlo a algún tratamiento de rigor, el abordaje se vio truncado por cuestiones estrictamente achacables a él".