"Acaba de terminar la audiencia: Bustos vuelve a prisión, Mendoza sigue en prisión y los veinte policias van a juicio", dijo al cierre de esta edición, del otro lado de la línea telefónica, Germán (foto), hermano de David Campos, asesinado junto a Emanuel Medina por los policías que los perseguían. Ayer tuvo lugar la última audiencia preliminar al juicio oral por un caso emblemático de gatillo fácil en Rosario: los asesinatos de Emanuel y David,  fusilados por efectivos policiales al final de una larga persecución ocurrida en junio de 2017. El juez Hernán Postma resolvió que el policía Alejandro Bustos, principal acusado del doble homicidio, sea llevado a juicio porque fue capaz de comprender sus actos al momento del brutal ataque en el que Medina, de 32 años, recibió 9 balazos, y Campos, de 28, murió de cinco disparos.

A 29 meses del doble crimen, los querellantes en la causa que tiene a 21 uniformados imputados, se movilizaron frente al Centro de Justicia Penal. "Ayer -por el domingo- se cumplió un mes más del fusilamiento de David y Ema. Recordamos a los chicos como si fuera ayer que nos pasó esta desgracia. Cada día es una batalla más que salimos a pelear. Hemos tenido millones de audiencias y nunca hemos faltado a ninguna".

La polémica estaba dada por la situación del oficial Alejandro Bustos, oficial cuya defensa quiere declarar inimputable pero para nosotros y para la Fiscalía se encuentra en buen estado de salud”, expresó Germán Campos.

La controversia surgió a partir de que la defensa pretende mostrar a Bustos como inimputable. Tanto los querellantes como la Fiscalía sostienen que se trata de una estrategia cuyo único fin es atenuar la pena que puede recaer sobre el principal acusado del doble homicidio. Un psiquiatra de parte que intervino en la evaluación de Bustos consideró que el efectivo "está tratando de usar sus antecedentes médicos para conseguir una atenuación de la pena". El perito Oscar Pellegrini, ex director de la colonia psiquiátrica de Oliveros y representante de las familias querellantes, consideró que el uniformado incurrió en la "clásica simulación o sobresimulación para conseguir beneficios personales".  

La cacería policial ocurrió el 23 de junio de 2017 en zona sur. Además de los 2 presos, hay otros 19 policías imputados.