Ocurrió en Salta; el prostíbulo donde forzaban a diez mujeres fue decomisado
Una pareja fue condenada por trata y explotación sexual

En Salta, a casi cuatro meses del allanamiento en que fueron detenidos, ambos integrantes de una pareja fueron condenados por trata y explotación de al menos diez mujeres a las que obligaban a mantener relaciones sexuales por dinero en un prostíbulo. Las condenas, de cuatro años y seis meses de prisión para la mujer, de 62 años, considerada autora de los delitos, y de tres años para el varón, de 61, considerado como partícipe secundario, son de ejecución condicional, y fueron complementadas por la imposición de multas por 50 mil y 20 mil pesos, respectivamente.

El dinero, detalló la resolución del juez federal de Garantías salteño Miguel Medina, se destinará al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas. El inmueble donde las mujeres eran explotadas se encuentra en la capital provincial, en la zona conocida como El Bajo, y fue decomisado. Fuentes judiciales señalaron que quedará bajo control del gobierno salteño y podría terminar utilizándose como sede de una dependencia policial.

A la sentencia se arribó en un juicio abreviado, poco después de un mes de formalizada la acusación, a principios de diciembre, cuando el fiscal federal Eduardo Villalba imputó a los detenidos. En la investigación también colaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, y profesionales del Ministerio Público Fiscal que brindaron asistencia psicológica a las víctimas.

La investigación de la fiscalía se inició el 30 de octubre de 2019 e incluyó tareas de inteligencia a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de Salta, e intervenciones telefónicas que derivaron en allanamientos, tras los cuales quedaron detenidas tres mujeres y se secuestraron elementos de prueba.

"Quedó probado con grado de certeza que los acusados acogieron a un indeterminado número de personas en el inmueble con fines de explotación sexual, y procurar dinero, que era recaudado por ellos mismos al menos una vez por semana”, detalló el fiscal Villalba.

Para el fiscal, los acusados "acogían en su vivienda víctimas mujeres mayores de edad, con la finalidad de ser explotadas, aprovechando sus necesidades económicas que las tornaban vulnerables, bajo la amenaza de ser desalojadas, por lo que debían continuar manteniendo relaciones sexuales rentadas con hombres que se acercaban a la vivienda, de las que los nombrados tenían conocimiento, control y percibían beneficio económico”.

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