"Van a ser revisadas las concesiones de Autopista del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GSO), de los accesos Norte y Oeste, que ya están judicializadas”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. En ambos casos, hay procesos judiciales en marcha por supuesta “negociación espuria” durante la prórroga de los contratos de concesión. La causa está radicada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral por el pago de 500 millones de dólares a la española Albertis, que maneja tanto Ausol como GSO. Ausol, que era propiedad de la empresa de la familia Macri, también se acogió a la ley de blanqueo de capitales.

Tres días antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación, Ausol presentó una demanda ante el Ciadi contra el Estado Nacional por más de 1100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios. El propósito, señala la posterior denuncia que se presentó en la Justicia, habría sido forzar una renegociación del contrato que derivó en un arreglo para el pago de 499 millones de dólares a la demandante.  Esa respuesta de parte del Estado se produjo “sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol, y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el Ciadi, Dietrich e Iguacel dispusieron arreglar por la suma de 499 millones de dólares”, relata la denuncia que está en manos de Canicoba Corral. El mes pasado hubo importantes novedades en esta causa, ya que se conoció que el jefe de la Procuración del Tesoro en aquel momento, Carlos Balbín, había rechazado de plano el pleito presentado por la empresa. Cambiemos se negaba a entregar ese dictamen, que podría comprometer al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al propio Mauricio Macri, acusados de haber actuado en connivencia con Autopistas del Sol S.A.

Por la vía administrativa, Katopodis adelantó que se revisarán esos contratos de concesión. Por otro lado, el funcionario indicó que el gobierno nacional "tiene la decisión de tomar la administración de cinco corredores viales a medida que comiencen a vencer los contratos de concesión que se encuentran vigentes". "Vamos a ir revisando todas las concesiones. Hay concesiones que están en manos privadas y hemos tomado la decisión que pasen a administración del Estado; hay cinco corredores que hemos decidido que a medida que venzan los contratos se van a pasar al Estado”, dijo.

El ex intendente de San Martín detalló que “la ruta 188 en la provincia de Buenos Aires, las rutas 9 y 134 en Santiago del Estero, la 8 y 36 en San Luis, van a ir transfiriéndose a manos del Estado. Va a ser el Estado el que administre esas rutas y el lucro que quedaba en el sector privado, ahora en manos del Estado se va a poder reinvertir para el mejoramiento de esas rutas”.

Por otro lado, Katopodis advirtió que "encontramos un ministerio dinamitado, en el que había obras paralizadas y una deuda de más de 35 mil millones de pesos de obras, de contratistas que vienen a reclamar su pago, por lo que se están haciendo las auditorías correspondientes para ver la documentación que lo respalda". "El presupuesto de obra pública fue el que más recorte sufrió. Se cansaron de hacer anuncios, de decir que era el Gobierno que más obra pública había hecho en 70 años, y lo que encontramos son obras anunciadas que no están”, agregó.