La conducción del BCRA difundió sus lineamientos de política monetaria. El informe, publicado a fines del mes pasado, incluye amplias definiciones en materia de tasas de interés, precios, agregados monetarios, tipo de cambio y crédito. El equipo conducido por Miguel Pesce enfrenta difíciles desafíos coyunturales y estructurales.
Por un lado, el sistema financiero argentino aún se encuentra regulado por una ley de la dictadura militar que limitó severamente la intervención estatal. Adicionalmente, en los noventa, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central consolidó un esquema regulatorio favorable a los intereses financieros.
Ese rumbo comenzó a ser revertido en la gestión de Mercedes Marcó del Pont (2010-2013). La actual titular de la AFIP impulsó una modificación de la Carta Orgánica que, entre otras cuestiones, incrementó las capacidades regulatorias de la autoridad monetaria. El nuevo marco legal permitió implementar un conjunto de medidas virtuosas: Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP), ampliación del financiamiento al Tesoro, instalación de sucursales bancarias en localidades de reducida rentabilidad, tasas mínimas de retribución a los plazos fijos, tasas máximas para préstamos personales y límites al cobro de cargos y comisiones.
Durante el macrismo, la autoridad monetaria retomó su impronta neoliberal. Por ejemplo, la LCIP fue modificada primero (dificultando el financiamiento de las pymes) y luego eliminada. El entonces presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, sostuvo que “entre los muchos cambios culturales por hacer, necesitamos desterrar de nuestro léxico de política económica este concepto de crédito subsidiado, cuyo único logro es mantener al sistema financiero en la postración”.
El gobierno del Frente de Todos marcha por un sendero opuesto. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defiende la necesidad de financiar a tasas bajas y largo plazo proyectos que incrementen las exportaciones y/o sustituyan importaciones de manera genuina. El planteo de Kulfas supone regular la orientación del crédito con un objetivo de desarrollo. “Esta atribución o potestad se diferencia de aquella relacionada con el manejo agregado del crédito, a través de herramientas indirectas de intervención, como la tasa básica o los encajes obligatorios. Específicamente hace referencia a la acción del Estado para modificar aquella asignación relativa, y no absoluta, que hubiese resultado de un mercado desregulado”, sostiene el economista Pablo Mareso en Sistema Financiero y Restricción Externa (artículo publicado en El cohete a la Luna).
La desregulación financiera/bancaria genera resultados penosos para la economía real. En particular, la estrategia crediticia de las entidades privadas puede socavar los pilares de un modelo de desarrollo sustentable. En esa línea, Mareso explica que “si esos préstamos se extienden únicamente con arreglo a la maximización de los beneficios de las entidades, la orientación del crédito sólo casualmente podría ser aquella que permita incrementar, en forma óptima, la tasa máxima de crecimiento compatible con la restricción externa. Tanto porque podrían convalidar gastos que terminen incrementando la elasticidad de las importaciones con respecto al producto, como porque podrían racionar el financiamiento de actividades productivas que permitan morigerar esa elasticidad o incrementar las exportaciones hacia el resto del mundo”. La orientación estatal del crédito tiene un rol para jugar como herramienta de desarrollo e integración social y regional.
@diegorubinzal
