Empezó la apelación a la sentencia del caso Salta 2141

Algo más cerca de la justicia

La querella abrió la revisión del fallo con severos planteos al tribunal que absolvió a casi todos los acusados por la catástrofe
La fiscal Argüelles dijo que "el tribunal no comprendió la complejidad del caso".  La fiscal Argüelles dijo que "el tribunal no comprendió la complejidad del caso".  La fiscal Argüelles dijo que "el tribunal no comprendió la complejidad del caso".  La fiscal Argüelles dijo que "el tribunal no comprendió la complejidad del caso".  La fiscal Argüelles dijo que "el tribunal no comprendió la complejidad del caso".  
La fiscal Argüelles dijo que "el tribunal no comprendió la complejidad del caso".   
Imagen: Sebastián Granata

Con críticas al fallo y al tribunal que dictó 10 absoluciones y solo condenó al gasista Carlos García -a cuatro años de prisión- por la explosión del edificio de calle Salta 2141, comenzó ayer la apelación que intenta revertir la sentencia del juicio y lograr condenas. Arbitrariedad, omisiones y parcialidad, fueron los términos para dar cuenta del descontento de Fiscalía, querella y la defensa del gasista, tras la resolución por el delito de estrago culposo agravado por 22 muertes. Mientras que los acusadores argumentaron por qué piden que se condene también a tres administradores del consorcio y cinco imputados de Litoral Gas; la defensa de García apuntó a una absolución o pena condicional. Los querellantes pidieron que se envíen copias a la Corte provincial para analizar la conducta de uno de los magistrados de juicio. Las audiencias continúan hoy y mañana con las réplicas a los alegatos.

La fiscal Graciela Argüelles abrió el debate y consideró que en el fallo de primera instancia "se omitió valorar elementos" y que existió "arbitrariedad". "El tribunal no comprendió la complejidad del caso. No puede tomarse éste como los demás delitos culposos. Descalifica prueba; no analiza en totalidad el contexto del caso; se limita a condenar al gasista, sin tener en cuenta las intervenciones anteriores por parte de dos grupos de personas cuyas conductas tuvieron relevancia penal", planteó frente al tribunal de Cámara, compuesto por Carina Lurati, Carlos Carbone y José Luis Mascali.

La fiscal sumó que "el tribunal cayó ingenuamente en muchas de las trampas de la defensa", durante el juicio del año pasado. "Advertimos parcialidad. Muchas de las dudas que la defensa intentó implantar en los juzgadores habían sido saldadas en el expediente escrito", dijo. Los querellantes por la familia de Débora Gianángelo, una de las 22 víctimas, aseguraron que la sentencia "atrasa diez años en el derecho".

Argüelles se refirió a cada uno de los imputados por los que pretende condenas, en el delito que prevé un máximo de cinco años de prisión. Sobre los reclamistas de Litoral Gas, Guillermo Oller y Luis Curaba, señaló que "el tribunal dijo que 'las suposiciones no superan el cauce de conjeturas'; que 'no implicaron incremento del riesgo'. Sin embargo, recordó que hubo tres intervenciones de la empresa, anteriores al 6 de agosto de 2013 (día de la explosión): "El 25 de julio, el 26 de julio y el 2 de agosto", enumeró. La primera intervención tuvo que ver con un reclamo por poca presión de gas, lo que derivó en un corte, por pérdida. En aquella oportunidad intervino un primer gasista y luego Oller y Curaba restituyeron el servicio "sin revisar la vieja válvula de servicio ni la totalidad de las instalaciones como indica la normativa", aseguró la fiscal. "El tribunal no tuvo en cuenta que no se cumplieran los pasos, y avala el accionar", dijo. También sumó que "si no se reestablecía el servicio, la tragedia no hubiera ocurrido".

Sobre el jefe técnico de redes, Claudio Tonucci; y la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra, dijo que "el tribunal pretende morigerar la responsabilidad penal". Y remarcó: "El jefe debía supervisar el trabajo de Oller y Curaba. Leegstra debía moverse en parámetros de seguridad para supervisión y control de todas las tareas en el área técnica. Las funciones están claras". También mencionó la "demora de 2.40 horas en cortar el servicio, tras la explosión. "Al no existir llaves de corte, la única manera de interrumpir gas era la obturación de caños, en las esquinas. La empresa disponía de una sola máquina obturadora que estaba trabajando en otro lugar", recordó. "Esto dificultó las tareas de rescate y se podrían haber salvado más vidas". Los querellante sumaron: "Si se hubiesen informado de los errores, hubieran ordenado que se hagan bien las cosas para evitar la explosión".

En cuando a Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Reppupilli, responsables de la administración del consorcio, Argüelles planteó que "son igualmente responsables; y crearon un riesgo superior al permitido".

Los querellantes Luis y Angelo Rossini plantearon que "cada uno de los imputados pudo haber evitado lo que sucedió. Rosario grita por una sentencia a la altura de Cromañón y Once", dijeron sobre dos causas en las que se llegó a condenas. En tanto, pidieron que el máximo tribunal provincial analice el accionar del juez Carlos Leiva, durante una audiencia del debate oral. 

La defensa de García sostuvo que "fue condenado a una pena altísima en relación al máximo", con prisión efectiva. Además, planteó la absolución por el beneficio de la duda o -subsidiariamente- el mínimo de la pena, 3 años de cumplimiento condicional. "No es cierto que haya actuado en la clandestinidad. Fue a pedir instrucciones a la empresa", aseguró.

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