¿Para qué sirven las cárceles? Según la doctrina penal argentina son el brazo ejecutor de la pena máxima: privar de la libertad a una persona. La noticia de la prisión domiciliaria, en los términos en que estuvo circulando despertó la tormenta: "las cárceles quedarían vacías para que los presos no se agarren coronavirus". Iban a salir manadas: incluso lxs asesinxs, violadores. De pronto, las cacerolas empezaron a sonar desde los balcones al pedido de #NoLiberenALosPresos y una pregunta antigua y muy compleja volvió a ponerse en agenda: ¿para qué sirven las cárceles? SOY visitó cárceles en busca de historias personales. Para las personas trans, travestis, gays (y menos visibilizadxs lesbianas, bisexuales, hombres trans e intersex), las cárceles son usadas desde la época colonial para separar de la sociedad a cuerpos peligrosos. Cuerpos que no merecen formar parte del cuerpo de la democracia. El delito de existir, bajo la carátula de tenencia o comercialización de estupefacientes, vagancia, prostitución, y otras figuras, históricamente ha sido penado con calabozo, oscuridad y silencio.
CARCEL DE EZEIZA: ¿Y usted por qué está presa?
Z. (resguardamos su identidad para protegerla) vino desde la Patagonia a buscar una oportunidad en Buenos Aires. Allá había sido “el marica de pueblo”, en la adolescencia la violaron casi todos sus compañeros de la escuela, y cuando se afirmó como travesti la empezaron a meter presa “por degenerado”. Llegó a Buenos Aires con un bolsito y unos pesos para pagarse un cuarto en Constitución, donde un día entró al minimercado y se metió entre la ropa dos cremas de enjuague. Por ese robo hace dos años que está en el penal de Ezeiza. Su delito -hurto simple, sin violencia, sin armas- es excarcelable. Todavía no hubo juicio para condenarla por las cremas, pero por las dudas la tienen presa. No puede pedir domiciliaria ni excarcelación porque no tiene domicilio, perdiؚó los contactos que había hecho en la Ciudad cuando le requisaron el teléfono y no conoce a nadie que le ofrezca su casa. Su familia no la quiere ni ver. ¿Para qué sirve tenerla en la cárcel? ¿Qué va a pasar cuando salga después de tantas injusticias?
El caso de Emilse Lobo es diferente. A ella sí podrían otorgarle domiciliaria porque tiene una amiga en Moreno con una casa grande, que la ayudaría sobrellevar mejor sus problemas de salud, que son muchos y se agravaron en el encierro. Está detenida desde enero de 2018, cuando se peleó con su marido (del que se quiere divorciar) y le abrieron una causa caratulada “lesiones leves”, ya que se las nombra “graves” cuando ponen en riesgo la vida. Estuvo 4 días en una comisaría y de ahí se la llevaron al Penal de Ezeiza.
“Como no quería firmar el acta de ingreso me agarraron a patadas entre varios guardias”, cuenta a SOY desde la Unidad IV de Ezeiza. “Al otro día empecé con un dolor insoportable, se me había roto la prótesis de la mama derecha”. Mientras el pecho se le ponía negro inició un hábeas corpus para que le hicieran una tomografía computada que confirmara lo que sospechaba: la silicona se le estaba encapsulando. Según ella, el hospital que tiene el Penal es como una salita de barrio y no le iban a dar el diagnóstico necesario, y mucho menos podrían abrir para sacarle lo que se estaba complicando. Muchos meses después cuando le hicieron el estudio encontraron que además tenía tuberculosis multirresistente, que se puede transmitir por el aire: si alguien tose y la tiene los bacilos viajan. Si no está todo el Penal con tuberculosis es gracias a la casualidad del estudio por ese pecho complicado, donde vieron el estado de sus pulmones.
El pabellón donde está Emilse tiene 22 celdas individuales. Las mantienen arregladas y limpias gracias a las donaciones de lavandina que llevan activistas. Sus compañeras de celda la ayudan a cocinar, porque ella le tiene miedo al fuego: “Cuando fui detenida en 2014 una jefa de turno me encerró en la celda con un colchón en llamas y dijo que me quise matar. Hice la denuncia, fui para la reconstrucción del hecho, pero la causa está en la nada”. Emilse viene pidiendo domiciliaria mucho antes del coronavirus y tiene todas las razones que la ley precisa para recibirla. Por qué no se la dan no tiene ninguna explicación. Más allá de que la encuentren culpable en el juicio que nunca llega, la pena sería muchísimo menor. Nadie le va a devolver los dos años y cuatro meses de encierro. De 40 años que tiene pasó 20 detenida, en todas las etapas de su vida. “Estuve en Devoto, en los entrepisos de Marcos Paz y en calabozos de hombre porque no tenía ningún derecho, para la Justicia era un hombre vestido de mujer”.
La unidad IV de mujeres en Ezeiza tiene dos pabellones exclusivos para personas travestis y trans. A un kilómetro, en la Unidad I de hombres, hay otros dos pabellones que algunxs llaman de “diversidad”, donde hay sobre todo gays, homosexuales y maricas, pero también alguna travesti, personas no binarias y cuirs. Las lesbianas no son consideradas una identidad digna de separarse de las mujeres, por eso sus casos van a los pabellones de mujeres cis o en algunos delitos graves suelen ir al manicomio. Sobre este último grupo y personas intersex no hay estadísticas.
Emiliano Santa Cruz está detenido hace cuatro años en el Módulo 5 de “diversidad”. Ante SOY se declara inocente, pero todavía no pudo hacerlo en un juicio porque no lo tuvo. Al igual que en los casos anteriores está preso por las dudas, procesado con preventiva en una causa que implica el delito de robo extorsivo. Como prueba de su inocencia dice que no tenía necesidad: “Me iba muy bien en mis peluquerías. Era conocido en el ambiente, empecé a los 17 años y con Giordano di la vuelta al mundo”.
Cuando allanaron su casa se lo llevaron detenido junto a su marido, Nicolás, con el que se había casado el 17 de octubre de 2011, un año después de sancionado el matrimonio igualitario en Argentina. Él tiene 35 y su marido 34. Están en celdas separadas, pero cerca, y se hacen compañía. En el pabellón hace mucho frío. Es como si fuera un galpón, con techo de chapa alto, y no hay calefacción porque está rota. Desde que empezó su encierro la salud de los dos está cada día peor.
En uno de los traslados a la alcaidía para declarar, el camión que lo llevaba a Emiliano chocó. Se quejó varios días del dolor y una médica -que se ganó una denuncia- le dijo que el dolor ahí era por sus hábitos sexuales. Las bromas se terminaron cuando le hicieron una radiografía. “Me fracturé el coxis y se me desplazaron cinco vértebras”, dice y recuerda que tuvo que ir al Hospital Penitenciario Central, el lugar donde nadie quiere ir por más que duela mucho: “Estar internado en el HPC es lo peor que te puede pasar en la vida. Dos días sin sábanas ni frazadas, viendo pasar las ratas y cucarachas, y mi esposo tuvo que hacer un lío para acercarme ropa y abrigos. Nosotros tenemos la ley 24.660 que dice que cuando te pasa un daño en el servicio penitenciario te tienen que dar traslado y avisar a tu familia. No le avisaron a nadie”.
Ahora le sigue doliendo, pero no puede tomar cualquier medicamento porque le dio una úlcera gástrica y tiene prohibido cualquier derivado de morfina. Nicolás, su esposo, está más complicado. Sufre varicocele y además en algunas partes de su cuerpo la piel dejó de regenerarse, se está escamando: “Por la varicocele tiene un testículo del tamaño de una pelota de tenis, necesita un tratamiento especial. Nosotros explicamos que tenemos un proyecto de familia, que se va a quedar estéril. Pero no conseguimos la domiciliaria que venimos pidiendo mucho antes del coronavirus. Acá si se lo agarra uno se lo agarran todos, pero no estamos siendo escuchados”. En ese sentido, la Procuración General de la Nación está preparando un relevamiento para tener en claro la situación de los más vulnerables.
CARCEL DE BATAN: PREVENTIVAS Y NARCOMENUDEO
A 17 kilómetros de Mar del Plata está el complejo penitenciario de Batán, que dentro del área de mujeres tiene un pabellón exclusivo de travestis y trans. Al igual que en Ezeiza a la vista está prolijo: ellas se encargan de baldear y mantenerlo en las mejores condiciones posibles. “El 80 por ciento de las compañeras detenidas tiene preventiva, o sea que no tienen una condena firme que justifique que estén ahí”, dice Claudia Vega, presidenta de AMI (Asociación por un Mundo Igualitario) que presentó un habeas corpus “colectivo y correctivo” pidiendo la libertad de todas las personas travestis y trans de la provincia de Buenos Aires, tal como lo indica la recomendación que bajó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.
La situación en Batán explotó cuando una de las detenidas quiso suicidarse por la angustia que sentía de no poder tratar sus ataques de asma combinados con hipertensión arterial. La encontraron justo, no pudo, pero eso activó la alarma de lo desesperante que era estar contando las horas para morirse. Si la paranoia de enfermarse reina en libertad, basta imaginarse estar todo el día en 2 x 3 metros y contraer un virus nuevo del que nadie tiene certezas.
Claudia, que es abogada, fundamentó en el habeas que los derechos individuales de esta población encarcelada tienen incidencia colectiva. Citó jurisprudencia nacional, internacional, tratados a los que Argentina adhiere y su escrito de 26 páginas de argumentos fue recibido en los Juzgados de Ejecución Penal 1 y 2 el 24 de abril. El Juzgado 1 declaró “inadmisible” el pedido y resolvió que en el plazo de 72 horas la Dirección de Salud Penitenciaria de la Provincia informe la cantidad de personas trans detenidas y cómo se encuentran. Al cierre de esta edición las 72 horas vencieron y el informe no tuvo respuesta.
“Si la justicia dijera que no pueden tener domiciliaria porque no tienen domicilio también es estigmatizante, ya que el Estado debería resolverle a las personas travestis y trans la situación de habitabilidad, que es un derecho humano”, dice Claudia y advierte que el peligro de estas personas no es individual: “Como es una población vulnerable en su salud, pone en riesgo a toda la población carcelaria”.
LIMPIEZA SOCIAL: MATERIAL HUMANO DE DESCARTE
La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal superior que actúa como revisor de las Cámaras Federales de Apelaciones y de las sentencias dictadas por los Tribunales Orales Federal en todo el país. A fines de 2019 Casación bonaerense publicó un informe de uso oficial que contiene 137 carillas sobre las condiciones de detención en la provincia. Le dedicaron un capítulo al “colectivo LGBTIQ” donde dicen, entre otras cosas, que “en lo que respecta a su salud, no se garantiza acceso a políticas públicas de tratamiento hormonales, lo que afecta su salud física y psíquica”.
El informe toma como referencia los dos pabellones de la Unidad 32 de Florencio Valera, Batán y la Unidad 2 de Sierra Chica, las alcaldías, comisarías y dice que “arrojan como resultado tratos inadecuados de acuerdo con la identidad de género en lo atinente al alojamiento, requisa y traslado. Los registros asientos documentales no se realizan por cuestiones de género, sino por sexo biológico”.
A partir de las numerosas causas que litigó Luciana Sánchez, abogada lesbiana y activista feminista, puede dar cuenta que “las detenciones son cotidianas y sistemáticas". Revisando archivos los casos se repiten: narcomenudeo y ley frente a la trata de personas, ley que muchas veces juega en contra de las trans porque se allana un “prostíbulo” o “un privado” y consideran proxeneta tanto al regente como a quien alquile el lugar, quienes sirven en la barra o casi a quien sea que esté adentro.
“En las causas de narcomenudeo donde se mantiene detenida a una persona durante años sin condena, cuando llega el juicio caen en que son cantidades que dan para consumo personal. Que la mayoría sean extranjeras y pobres no es casual, que este mecanismo se repita habla de una forma de hacer limpieza social: sacar a ciertas identidades de la calle”, dice Luciana, que trabajó en casos como el juicio contra el travesticida de Diana Sacayán o la absolución para Luz Aimé Diaz, que está presa con una tobillera en el Hotel Gondolín esperando su juicio.
LA PLATA: ZONA DE EXTERMINIO TRANS
La organización Otrans Argentina relevó los penales bonaerenses entrevistando a 87 detenidas travestis y trans entre febrero y julio de 2019. Algunos de los resultados que se confirmaron fueron que la mayoría no tenía condena firme, estaba por delitos menores y casi todas eran migrantes peruanas y ecuatorianas (se puede leer completo en otransargentina.com.ar ). “Lo que llamó la atención es que la mayoría, en todos los penales, eran de La Plata y detenidas en el 90 por ciento por narcomenudeo. Hay una forma aceitada de armar causas por este que es un delito simple”, dice Claudia Vázquez Haro, presidenta de Otrans.A partir de la pandemia Otrans hizo un cóctel de medidas en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia y Asociación La Cantora. “Conseguimos la domiciliaria para 12 compañeras".
Yo me quedo... ¿en qué casa?
"El problema es que para salir con la domiciliaria o condicional muchas no tienen la persona que haga de tutor, que tiene que dar un teléfono y hacerse cargo para hacer el seguimiento. Es difícil conseguir esa persona, porque muchas quieren dar lugar y no tienen espacio y otras compañeras tienen preocupación de quedar marcadas, porque la mayoría son causas por droga”, dice Claudia.
En una casillita en el puente de Tolosa hay 5 de las 12 que obtuvieron la domiciliaria. El resto pudo conseguir alguna amiga o familiar, pero el tema es estructural. Para Claudia una solución sería conseguir un albergue para que las personas trans accedan a sus derechos y que incluso las que están detenidas pero en situación de calle tengan donde ir: “Es muy difícil hacerles entender esto a los jueces y la situación en los penales no es la mejor. Tenemos un diálogo fluido con Alba Rueda (secretaria de Diversidad en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad), que hace lo que puede a pesar de la falta de presupuesto. Y como organización ya hicimos dos colectas para llevarles comida y cosas de limpieza a las compañeras”.
Si volvemos a la pregunta inicial, para qué sirven las cárceles, después de hacer un repaso por estos casos seguimos sin una respuesta. Lo que sí podemos afirmar es por qué no sirven: sus mecanismos no reinsertan socialmente, la gente sale con daños físicos y psicológicos irreparables, y son un gasto para el Estado que se podría invertir en otras cosas, Educación por ejemplo. Si la pandemia pone en evidencia una crisis del neoliberalismo y provocará cambios en la sociedad, el sistema penitenciario es uno de los temas que merece repensarse. Lo que está en debate es vida o muerte.
Para ayudar a que las donaciones lleguen a personas LGBTIQ privadas de su libertad podés entrar a estás páginas:
Gays privados de su libertad: facebook.com/Gaysprivadosdesulibertad
AMI Mar del Plata facebook.com/amimdp
Otrans Argentina: facebook.com/otransarg
Corpora en libertad: facebook.com/RedCorporaEnLibertad/
