Desde hace meses se viene especulando con que el cuadro judicial que afronta CFK apunta a evitar que sea candidata. Se menciona incluso que si fuera detenida, no podría serlo. En la Cámara Nacional Electoral, que es la que tiene la última palabra en esta materia, se guiarán por el Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que cada estado puede reglamentar los derechos políticos en cuanto a edad (por ejemplo, el voto a los 16 años), nacionalidad (si votan los extranjeros) “o condena por juez competente en proceso penal”. Esta norma es un piso mínimo a cualquier intento de excluir una candidatura: tiene que haber una condena. Y CFK no tiene ninguna condena ni la tendrá seguramente durante este año. Pero además hay un antecedente de 2001 en que la Corte Suprema, en fallo unánime, habilitó a Raúl Tato Romero Feris a ser candidato a gobernador de Corrientes pese a que llevaba dos años preso y tenía quince procesos judiciales. La Corte invocó el Pacto de San José de Costa Rica y señaló que debía haber una condena firme para impedir una candidatura. Eso habla de procesos que duran, como mínimo, cuatro o cinco años.