La justicia rosarina mantiene presa hace un mes a una joven trans, acusada de incumplir dos veces el aislamiento social preventivo y obligatorio. La prisión preventiva fue confirmada por la Cámara Penal. Mañana habrá una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal. En esa instancia, el defensor público Martín Riccardi volverá a pedir la libertad de la imputada que tiene 30 años, es trabajadora sexual y vive en un contexto de especial vulnerabilidad: sin domicilio fijo y en condiciones precarias, como sucede con muchas personas del colectivo travesti trans, por una histórica exclusión y discriminación. La Fiscalía pidió en mayo que quedara presa y habló de causas anteriores por hechos de amenazas que la defensa considera "menores" y "no vinculantes" con la nueva imputación, ya que nunca recibió condena por los mismos.

El caso tomó trascendencia en el nuevo contexto que generó la cuarentena por coronavirus y que a fines de marzo pasado tuvo como imputado a un empresario gastronómico que violó 15 veces el aislamiento. Roberto Dutra pagó una fianza de un millón de pesos y no estuvo más de dos días preso. La causa se cerró hace casi un mes con una probation en la que se lo instó a donar raciones de alimentos de su firma y 200 mil pesos para salud pública. Algo similar ocurrió con Gustavo Nardelli, directivo de Vicentin, que fue demorado en su yate por Prefectura Naval, navegando en el Paraná. Tampoco quedó preso.

Natalia no corrió la misma suerte. En mayo pasado fue detenida por dos incumplimientos en 20 días. El primero, según la imputación, se registró el 9 de mayo, cuando fue notificada de un incumplimiento del aislamiento que estaba vigente. A las 4 de la madrugada fue encontrada en Amenabar al 1200. En tanto, el 28 de mayo, fue vista en la vía pública por personal policial en Alvear, a las 13.50, y quedó detenida en la subcomisaría 8° de esa localidad. Por ambos hechos se le achacó el delito de "violación de medidas adoptadas para evitar la propagación de una pandemia y desobediencia", y fue encerrada en la Unidad 5.

Llegó a audiencia imputativa por ambos hechos, pero ante la jueza María Isabel Mas Varela, Fiscalía mencionó también causas de intento de robo y amenazas -atribuídos tiempo atrás- que para el defensor "no son vinculantes" con la causa de incumplimiento del aislamiento. Ese día, la jueza ordenó la prisión preventiva por 30 días. Anteayer, tras un pedido del fiscal Enrique Paz, la Alzada confirmó esa resolución; y hoy el defensor Riccardi pedirá que se le dé la libertad.

"Se dijo que tenía causas anteriores en trámite, pero muchas estaban prescriptas porque no fueron trabajadas luego de haber sido imputadas", señaló el defensor a  este diario. "No es justo (el arresto), porque nadie queda detenido hoy en día por este tipo de hechos relacionados con la cuarentena", reprochó Riccardi, quien aseguró que "no hay elementos para que esté detenida por este tipo de hechos".

El defensor dijo además que el contexto de vulnerabilidad de la joven debe ser tenido en cuenta. "Sus padres murieron cuando era chica, estuvo con otra familia, luego se fue y nunca tuvo un domicilio fijo constituido, sino que iba de un lugar a otro. Ahora estaba viviendo frente a una aceitera en zona sur, en la casa de unas amigas", describió. "Pediremos que la liberen porque ninguno de los delitos que le atribuyen tiene entidad suficiente para una prisión preventiva. No tiene antecedentes condenatorios y ni siquiera puede entorpecer la prueba".