La Unidad Especial Covid-19 de la Fiscalía de Rosario cerró unas 50 causas por incumplimiento de la cuarentena a través de suspensión de juicios a prueba (probation), con resarcimientos que suman 2,2 millones de pesos, que serán destinados a efectores de salud pública. La probation es un instituto dentro de las salidas alternativas al juicio oral y público, que prevé un "resarcimiento a la sociedad" que puede ser económico o de trabajos comunitarios, con acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la persona imputada, que -en estos casos- durante un año no podrá cometer nuevos delitos ni incumplimientos. En total, quedan unas 1500 causas en trámite, según indicó el fiscal Gustavo Ponce Asahad. 

En marzo pasado, el Ministerio Público de la Acusación creó una Unidad Especial para atender delitos relacionados con violaciones a la normativa que generó la pandemia por coronavirus. En los primeros días, se ordenaron siete detenciones domiciliarias. Cuando se cumplió el primer mes de trabajo, se habían sumado fiscales a la unidad, debido al importante cúmulo de trabajo. 

Si bien se habló de un delito con penas en expectativa que van de los seis meses a dos años, por propagar o introducir enfermedades de corte pandémico; a fines de mayo pasado el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, instruyó a los fiscales para que en este tipo de causas implementen salidas alternativas bajo la figura de la suspensión de juicio a prueba, en casos que no revistan una gravedad o complejidad específica. De esa manera, la respuesta judicial apuntó a un resarcimiento como alternativa al juicio. “Esto significa que se suspende el procedimiento y se somete a la persona al cumplimiento de una serie de reglas de conducta. Esto puede ser con trabajos comunitarios o con donaciones de dinero a entidades de la salud”, dijo Baclini por esos días.

En ese contexto, ayer Ponce Asahad indicó que fueron resueltas unas 50 causas, con probation, "siguiendo las pautas del fiscal general". "Lo que se hizo fue convenir con las defensas particulares (de imputados) la resolución de causas penales a través del instituto de la suspensión de juicio a prueba. Se fijan una serie de reglas de conducta, durante un año en el que la persona no puede volver a cometer delitos, y se establece un monto en concepto de reparación a la sociedad por el incumplimiento de la cuarentena, en proporción con la capacidad (económica) de cada imputado. Hasta la fecha, hemos contabilizado 2.200.000 pesos, que están depositados en cuentas del Banco Municipal, y todo lo que se recaude (aún hay causas en trámite) será destinado a efectores de salud pública de la región", detalló el funcionario judicial. Los montos, dependiendo de la capacidad de cada acusado, van de 15 mil hasta los 200 mil pesos. Incluso, hay casos se hicieron por cuotas. "Es una de las vías de resolución que habilita la normativa de la provincia. La idea es que las causas se vayan resolviendo", dijo Ponce. 

Sobre quienes no tienen posibilidad económica, "podría ser, pasado el período de distanciamiento, con un trabajo social", indicó sobre una posibilidad, aunque de momento "se están haciendo por vía económica de acuerdo a las posibilidades". 

En la ciudad de Santa Fe, en tanto, el Ministerio Público de la Acusación indicó que un total de 730 mil pesos fueron donados por personas imputadas en el marco de las investigaciones iniciadas por incumplimientos del aislamiento. El dinero fue recibido por 41 instituciones ubicadas en los departamentos La Capital, San Jerónimo, San Martín y Castellanos, tras lo recaudado de 92 causas penales.