Minutos antes de las dos de la mañana de ayer, el intendente de Cambiemos en Olavarría, Ezequiel Galli, cerró su notebook, se levantó y se retiró del recinto, el Salón Rivadavia, en el Palacio San Martín. Había terminado la interpelación por sus responsabilidades en el dislate que fue la organización del recital del Indio Solari, el 11 de marzo pasado. Respondió más de 300 preguntas y unas 60 repreguntas, durante cinco horas y media.
Se mantuvo en las mismas declaraciones que había dado públicamente después del final del recital: que no tenía nada que ver, que la responsabilidad era compartida entre la empresa productora En Vivo SA y el Ministerio de Seguridad bonaerense. “Se mintió mucho. Faltó autocrítica y se armó un relato para nada acorde con lo vivido por los vecinos”, señaló a este diario Einar Iguerategui, titular del bloque de Olavarría para la Victoria.
Había comenzado a las 20.36 del lunes y terminó ayer a las 2 de la madrugada. Cuatro días antes le presentaron 324 preguntas. Respondió las dos terceras partes. Las respuestas las leyó el propio Galli y hasta que terminó no hubo posibilidad de repreguntas.
Entre los temas de mayor tensión figuran:
- Venta de bebidas alcohólicas. Negó tener conocimiento que los puestos de venta en la calle –que habían sido entregados por un cánon de 8 mil pesos por la propia Municipalidad– hubieran vendido bebidas alcohólicas. Y aseguró que nunca se autorizó esa venta. En la habilitación municipal decía “venta de bebidas” y debía aclarar “venta de bebidas alcohólicas”. Pero la negativa rotunda de Galli chocó con la realidad: en el expediente judicial sobre las muertes hay una foto en la que aparece el intendente junto a la jueza de paz María Celia Alem. Están en la calle que da al predio y en la que se distribuyeron los puestos de venta. La foto es una selfie, pleno cholulismo. Detrás de ellos puede verse uno de los tantos puestos, en el que se está vendiendo cerveza.
“Se cubrió de la parte legal porque sabe que faltó a los deberes de funcionario público y quiere anticipar lo que vamos a hacer, que es enviar copia de su declaración al fiscal que investiga”, dijo el concejal Einar Iguerategui, presidente del bloque Olavarría para la Victoria.
- Expulsión de simpatizantes en camiones. Galli aseguró que convocó al Comité de Emergencia creado por un decreto del gobierno anterior, presidido por el titular de Defensa Civil. Según él, fue el Comité el que ordenó sacar a los simpatizantes en camiones. Los sacaron, dijo, en resguardo de los bienes materiales y evitar daño en vidas humanas. “El decreto es de 2013, pero crea un Comité de Emergencia para Catástrofes Climáticas –corrigió Iguerategui–, y el presidente es el jefe de Gabinete. Inventó lo del Comité para no tener que aceptar que fue una decisión suya. Lo tuvo sin cuidado el daño a las vidas humanas que transportaban los camiones como si fueran ganado.”
- Seguridad exterior. Todas las consultas que se le hicieron sobre seguridad las derivó a cargo de Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense. Incluso “Ritondo había dicho que en los cacheos la responsabilidad era de los productores y de la Municipalidad –agregó el concejal–, y Galli en cambio dijo que la responsabilidad era de Ritondo, lo que nos sorprendió que dijera”. De todos modos, como constataron los vecinos y los simpatizantes, no hubo cacheos porque no hubo policía, estaba retirada a varias cuadras.
- Contrato. En el convenio firmado con los productores para habilitar el recital ante la justicia civil, Galli firmó que los productores del show y los acreedores de La Colmena saldrían “indemnes”. En la interpelación aseguró que se refería a que la empresa pagaría el alquiler a La Colmena, y entregaría el predio tal como lo había recibido. “No figura en ninguna parte la aclaración”.
- Entradas y cantidad de simpatizantes. Antes del 11 de marzo, Galli apareció públicamente y en su cuenta de Twitter promoviendo el recital y augurando hasta 350 mil espectadores. En la interpelación sostuvo lo que dijo después: que no estaba enterado de la cantidad, que esperaban 150 mil y que resultaron desbordados. No respondió a la pregunta en la que le recordaban que en el expediente municipal figura la venta de 200 mil entradas. Tampoco respondió a que el pago de la tasa de espectáculos se pagó en base a 200 mil localidades vendidas.
El martes próximo se pondrá en funciones la Comisión Especial que reunirá información para la justicia. Además, según aseguró Iguerategui a este diario, se enviará la versión taquigráfica de la interpelación al fiscal que investiga las muertes. Además, solicitarán participar si avanza el pedido de informes a Ritondo por parte de la Legislatura bonaerense.
