La fiscalía de flagrancia pidió informes ante la protesta frente a las puertas de la Jefatura de Policía de Rosario, que comenzó el miércoles pasado por un reclamo salarial. En una nota emitida a la central del 911, el fiscal Franco Carbone, solicitó las filmaciones de las cámaras de la zona y el acercamiento de las imágenes sobre las personas. Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, se pidieron las cintas de las cámaras del 911 desde las 7 del 9 de septiembre, hasta las 21 del día 10, "para evaluar si se produce el delito comprendido en el artículo 263, por impedir o estorbar a un funcionario público el cumplir con un acto propio de sus funciones aún cuando no se empleara intimidación o fuerza con tal propósito, que tiene una pena de 15 días a 6 meses de prisión". También se ordenó que continúe el monitoreo mientras dure la manifestación. Al mismo tiempo, el fiscal pidió la remisión de los GPS de los móviles que se encontraban en el lugar. La protesta se mantenía ayer por la mañana pese al anuncio de aumento salarial dado por el ministro de Seguridad Marcelo Sain.