I
La crisis de la 125 en 2008 quebró al peronismo santafesino. Dos años después, en febrero de 2010, ya al final de la década, Carlos Reutemann seguía con sus diatribas y provocaciones al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Los argentinos vamos a estar contentos con tal de que cuando se vayan en 2011, no se hayan afanado la Casa Rosada y la plaza de Mayo”, saltó. Un exabrupto más, en una reunión de productores autoconvocados. Los mismos que cortaron rutas durante cuatro meses y persiguieron al entonces diputado Agustín Rossi por más de un año en el conflicto con las patronales agropecuarias. Otro legislador peronista, Carlos Kunkel devolvió el sayo: “Nosotros no vamos a dejar la plaza llena de cadáveres como en 2001”. En 2011, CFK arrasó en las urnas, obtuvo su reelección con el 55% de los votos, a pesar de la 125 y el bombardeo mediático. Diez puntos más de lo que ella había sumado en 2007. Mientras que en 2015, en la renovación del Senado de la Nación, el peronismo ganó dos bancas con Omar Perotti y Marilín Sacnun. Reutemann salió segundo con el partido de Mauricio Macri, y Hermes Binner, cuarto.
Rossi fue el más perseguido por las patotas que aplaudían a Reutemann y a Binner, sobre todo cuando el socialista les cedió el balcón de la Casa Gris. A Rossi lo atacaron cuatro veces en un año. Cuatro operativos de una persecución sistemática. La escalada comenzó el 12 de mayo de 2008, con un grupo liderado por el presidente de la Sociedad Rural de Rosario, Jorge Ugolini y su vice, Miguel Calvo, que rodeó la casa del legislador, en Fisherton, para provocarlo con insultos y pedirle la renuncia a su banca.
En 2009, el plan siguió con tres emboscadas más. El 2 de febrero, en Laguna Paiva, donde la pasó peor su hermano, el ex diputado Alejandro Rossi, a quien le pegaron un puñetazo traicionero por la espalda. El 22 de mayo, en Reconquista. Y el 30 de mayo, en Venado Tuerto. Los tres ataques repitieron el mismo método: huevazos, insultos y golpes, y en dos de ellos, los atacantes rompieron el parabrisas del vehículo de Rossi, un Bora metalizado.
Después de la emboscada en Reconquista, Rossi dijo que sin custodia policial en la puerta de la Asociación para el Desarrollo para el departamento General Obligado –donde lo atacaron- la hubiera “pasado muy mal”. “Por lo menos esta vez salvé el espejo retrovisor del auto, aunque me rompieron otra vez el parabrisas”, como en Laguna Paiva, ironizó.
Rossi no sabe quién destruyó ese parabrisas. La justicia no lo investigó. Pero un testigo directo de los hechos –consultado por Rosario/12- sí lo sabe, porque la vio. “Cuando salió Rossi a la calle, hubo una lluvia de huevos”, dijo Eduardo Althaus, director de la Escuela de Educación Técnica 461 de Reconquista y conocido militante de Amsafé. “El grupo tenía un nivel de agresividad tremendo. Ya en la previa te interpelaban: ‘¿Vos, quién sos? ¿De qué lado estás? ¿Sos kirchnerista?’ Rossi logró subir al coche, y en una casa de alto veo a dos mujeres. Una de ellas toma una maceta y la arroja contra el parabrisas del auto. Esas mujeres son históricas dirigentes del radicalismo".
La denuncia policial por el ataque a Rossi en Reconquista se diluyó en el pasamanos de Tribunales. Mientras que la causa por la emboscada de Laguna Paiva, un juez correccional de Santa Fe llegó a procesar a siete imputados por supuesta “agresión y daño”: Maximiliano Luis Gorla (líder del piquete que cortó la ruta 11, en Emilia, en marzo de 2008), Sergio Roque Bournissent (ex presidente de la Sociedad Rural de Laguna Paiva), Adrián Mario Tibaldo (ex administrador del campo de Reutemann, en Llambí Campbell), Ariel Juan Chartier, Carlos Alberto Bauzá, Daniel Andrés Racca y Armando Daniel Barbosa. Pero después, todos fueron sobreseídos.
Rossi es militante político, no se esconde. Hoy es ministro de Defensa. En 2020, dirigía el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria. “Nosotros entendemos la política con cuerpo y alma, y así defendemos nuestras convicciones. Los violentos tienen que entenderlo, que no vamos a cambiar por más que ellos nos ataquen”, decía.
II
En enero de 2010, Hermes Binner ya llevaba dos años sin recibir al bloque de senadores del PJ en la Casa Gris. El primer gobernador socialista de Santa Fe había asumido en diciembre de 2007. Ahora la protesta era contra el peronismo, al que acusaba de “ponerle trabas” porque su “objetivo” –achacó- era volver al poder “después de 25 años de inmoralidad que hemos vivido en la provincia”. Ese período incluía a sus cuatro antecesores: José María Vernet, Víctor Reviglio, Carlos Reutemann y Jorge Obeid. “Hubo un cambio en Santa Fe. Este es un gobierno moral”, decía. Y el reparto de culpas -en clave de elecciones- sobre “moral” y la “inmoralidad” crispó a la política santafesina. Después, Binner intentó aclarar que no denunció a “ningún gobierno en particular”, que hablaba de “todos los poderes públicos y de muchas situaciones de impunidad que son la base de impunidades mayores”. Evitó las precisiones.
Binner avanzó en una decisión política que marcó su mandato y el de sus seguidores, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz: el juicio al Estado nacional por el recorte del 15 por ciento de la coparticipación. En diciembre de 2008, había autorizado por decreto la contratación directa de dos estudios jurídicos de Capital Federal para querellar al gobierno de CFK ante la Corte Suprema de la Nación, a pesar de que la provincia tiene decenas de abogados en Fiscalía de Estado. Uno era el estudio del ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra. El otro, el de Carlos Rosenkrantz, hoy presidente de la Corte, a quien en el contrato de locación de servicios hasta le cambiaron el apellido: “Rotzengrand”.
El 17 de marzo de 2010, se realizó la audiencia pública ante la Corte, que entonces tenía seis ministros: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni (que cesó al cumplir 75 años) y Carmen Argibay y Carlos Fayt, ya fallecidos.
Binner se ubicó en la primera fila, al lado, su vice Griselda Tessio. En la misma línea, Jorge Obeid; en la segunda, Reutemann y en la cuarta, Omar Perotti, que entonces era intendente de Rafaela. Cuatro gobernadores en el hilván del tiempo. El socialista valoró que Reutemann y Obeid lo hubieran acompañado en la demanda en “defensa” de Santa Fe y del “federalismo”. “Me parece excelente que avalen esto que no es una expresión de un sector, sino la defensa de los derechos de la provincia”, decía.
Ya en diciembre de 2005, Obeid se negó a firmar la prórroga del Pacto Fiscal y planteó un reclamo político, así que a partir de enero de 2006 el recorte de fondos a Santa Fe se convirtió en una decisión unilateral de la Nación y por lo tanto ilegítima.
Terminó el gobierno de Binner, siguió el de Bonfatti. Y Santa Fe ganó el juicio en noviembre de 2015, cuando la Corte dictó sentencia, unos días antes de que asumieran Lifschitz en la provincia y Mauricio Macri en la Casa Rosada. Diez años después de aquella primera decisión política de Obeid, en 2005.
La demanda de Binner ante la Corte es tan actual que la provincia aún no percibió la deuda histórica. Lifschitz podría haberla ejecutado durante su gobierno y el de Macri, pero no lo hizo. Antes de salir de la Casa Gris, estimó esa acreencia en 100.000 millones de pesos y ahora, sus diputados la aumentaron a 150.000 millones y hasta decidieron hacer una sesión especial de la Cámara para recordar los 10 años de aquella audiencia de 2010 y entregar diplomas a la familia de Binner y a Tessio.
Después aquel alegato, el fiscal de Estado Jorge Barraguirre (hoy procurador de la Corte Suprema de Santa Fe) defendió la contratación de Gil Lavedra y Rosenkrantz para litigar por encargo de la provincia, asoció las críticas a la “operación política” y dijo que los contratos de 2008 fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas.
El asunto pendiente en la Corte es el monto de la deuda, pero también el de los honorarios de Rosenkrantz y Gil Lavedra. En mayo de 2019, cuando la deuda rondaba los 60.000 millones –antes de que Lifschitz la estimara en 100.000 millones-, el concejal del PJ en Rosario, Eduardo Toniolli, calculó que por la ley 21.839 esos honorarios deberían fijarse entre el 11 y el 20% del monto del pleito. Eso significaría entre 6.600 y 12.000 millones. ¿La Corte regulará esos honorarios que estima Toniolli?
