Un viejo chiste cuenta que a un abogado le preguntan cuánto es dos más dos y responde: "¿Cuánto quiere que sea?”. La sonrisa amarga que produce la broma evidencia el gran poder de manipulación de la realidad que está en manos de los elegidos de nuestra civilización para dirimir las diversas contiendas que la convivencia genera.
Les abogades que ejercen la profesión se preparan fundamentalmente para argumentar y tratar de convencer a otres abogades -que el sistema llama fiscales y jueces- de que la razón está de su parte. En la mayoría de los casos, les jueces deciden lo correcto. En otros, cuando los intereses en juego afectan sectores poderosos de la sociedad, se acciona el argumento del chiste. Y ahí, dos más dos será lo que las grandes corporaciones dicen que es. Obviamente no se trata solo de dinero, sino, además, de crecientes cuotas de poder imprescindibles para que las cosas sigan estando como están y para que los agraciados tengan cada vez más dinero y más poder.
Se sabe acabadamente que aquella máquina perversa del terrorismo de Estado que causó el genocidio en el país y la región en la década del setenta, hoy fue reemplazada por lo que se conoce como lawfare o guerra judicial. En ese entramado, el presidente de la Nación, medios hegemónicos de comunicación, servicios de inteligencia y la cloaca del Poder Judicial, se asocian para perseguir, espiar, extorsionar y encarcelar ciudadanos, con el fin de materializar el plan de saqueo que motiva la gestión de ese sector comunitario que denominamos ultraderecha.
Cuando se produce una derrota electoral que desplaza una parte de los pilares del lawfare, como sucedió en Argentina en 2019, rápidamente se diseña un plan de acción para adaptar la estrategia al nuevo escenario. Con un Poder Ejecutivo decente y la Agencia Federal de Inteligencia con dirección igualmente talentosa y honrada, la acción se potencia tanto sobre los medios hegemónicos (que no variaron), como el sector cloacal del Poder Judicial, que tampoco cambió, y les legisladores que, si bien son menos en número, mantienen sus compromisos intactos. De ese modo, la guerra judicial ya no será para continuar el saqueo, sino para consolidarlo.
En esa tónica, la impunidad de los saqueadores es condición central y es lo que el pilar más importante del lawfare, la columna judicial, se comprometió a garantizar. Y esa cláusula gatillo se acciona cada vez que se enciende una luz roja que amenaza la impunidad de los integrantes de la banda. En el caso reciente de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente y la Cámara de Casación Federal cumplieron su compromiso con la democracia. Tres jueces claves para la vigencia de la garantía de impunidad eran devueltos a los lugares de los que habían sido trasladados de manera ilegal.
Pero encendida la alerta, los sicarios del lawfare, gatillaron. Abrieron un espacio excepcionalísimo, frenaron lo actuado por las instituciones referidas y denostaron a quienes deberían haber decidido la cuestión. Así, el máximo tribunal nacional, con la ayuda del sicario procurador interino, lograron poner en vilo a una sociedad que no sólo debe enfrentar una pandemia de naturaleza viral, sino que ahora, además, padece grave incertidumbre ante las posibles decisiones de los responsables de nuestro máximo tribunal.
Cuando las instituciones de la democracia, funcionan de la manera ejemplar en que lo han hecho ante al ataque de tres jueces irregulares, la intervención forzada de personas de la Corte, configura un verdadero “asalto” de instancia. Uno violento, que amenaza a toda la sociedad y que deberá ser repelido.
