El juez de Garantías de Tartagal, Nelso Aramayo, accedió al pedido de allanamiento de inmunidad de la defensora oficial civil Rosa Díaz, quien afronta un proceso penal junto a su hermana, la concejala Paola Díaz (Ahora Patria), acusadas ambas de vender donaciones enviadas con destino a comunidades del Pueblo Wichí. Por otro lado, referentes de comunidades originarias continuaron ayer a la espera de la entrega de los donativos.
La decisión del juez respondió al requerimiento del fiscal penal Rafael Medina, que imputó a ambas hermanas por “administración fraudulenta de bienes ajenos no propios”. La concejala fue detenida el pasado lunes 8, y ayer se le concedió la prisión domiciliaria, en atención a que su hija se encuentra en grave estado de salud debido a un accidente que sufrió. Paola Díaz llegó al cargo por el partido Ahora Patria, del ex diputado nacional Alfredo Olmedo.
Medina pidió también la detención de la defensora civil, pero eso se definirá recién luego de que se determine si la despojan de su inmunidad, decisión que únicamente puede tomar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta.
Con la decisión de Aramayo recién se dio inicio al proceso para despojar de la inmunidad a Rosa Díaz, y, de aprobarse este pedido, quedaría al borde de la detención. Se informó que hoy el juez debe enviar el expediente de la causa al Jurado de Enjuiciamiento, que, como dice el artículo 160 de la Constitución Provincial, es el único que puede "allanar la inmunidad de los magistrados y funcionarios del Ministerio Público cuando se formule contra ellos acusación por delitos comunes".
No hay un plazo establecido para que el Jurado de Enjuiciamiento tome una decisión. Por lo pronto, Aramayo ya envío copias de todas las actuaciones en la causa a pedido de Guillermo Catalano, que en su calidad de presidente de la Corte de Justicia preside también el Tribunal de Jury.
Además de Catalano, el Jurado también está integrado por el juez de Corte Fabián Vittar, los diputados Esteban Amat y Mario Enrique Moreno Ovalle, el abogado representante del foro propuesto por la Cámara Baja Pedro Mellado, los senadores Jorge Pablo Soto y Silvina Abilés, el letrado por el foro propuesto por el Senado Luis Guillermo López Mirau y el fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina.
¿Y las donaciones?
En referencia a las donaciones, el juez Aramayo explicó a los referentes de las comunidades indígenas que se vienen manifestando a las puertas de la Ciudad Judicial de Tartagal que la entrega de la mercadería secuestrada se haría de acuerdo a la ley de secuestro de objetos en causas penales. Hoy se cumplen cinco días desde que habitantes wichí se movilizaron al municipio que dirige el radical Mario Mimessi para pedir la entrega de los donativos.
Como "mTribunalra mejor proveer" para concretar la entrega, el juez pidió que la Fiscalía precise a qué comunidades o referentes originarios se otorgaría la mercadería. También pidió el inventario de los elementos secuestrados para determinar antes de la entrega si es que hacen al objeto de la prueba o no.
El presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, integrante de la comunidad wichí Santa Victoria 2, contó a Salta/12 que ya tienen en sus manos el inventario de lo secuestrado por efectivos de la Comisaría 45 en el allanamiento a la casa de las acusadas realizado el domingo último.
"Faltaría la firma del juez para que se libere, pero tener el inventario es un procedimiento importante porque están liberando la entrega", manifestó el referente, quien además dijo que posiblemente hoy les entreguen la mercadería.
Ayer a las 12, el oficial de la Comisaría 45, Alberto Guaymás, dejó constancia de que en los bultos secuestrados se encontró ropa para hombres, mujeres y niños; calzados y mercadería. Los referentes de la UACOP solicitaron poder ver el estado de lo inventariado para saber la cantidad total de bultos y coordinar cómo llevarla a las comunidades.
La retención de las donaciones por parte de la concejala y la defensora oficial se supo cuando Sandra Díaz, hermana mayor de las imputadas, denunció públicamente y en la Justicia que ambas mujeres vendían la mercadería recibida. Todo estaba acopiado en una cocina, un salón de fiestas, un depósito y una cámara frigorífica en el domicilio de las hermanas Díaz. Ese donativo llegó de la Fundación de Nobles, de Santa Fe.
El fiscal Medina pidió el miércoles que la mercadería fuera entregada "en calidad definitiva a los caciques y/o representantes de las comunidades wichí de manera equitativa". Además, solicitó que en ese acto estén la acusada Rosa Díaz y su abogada, "por si acreditan la propiedad de algún bien y se opongan a la entrega".
Si bien los miembros de las comunidades están a la espera de poder recibir las donaciones, ya plantearon que tienen la dificultad de no tener vehículos para trasladarla a sus territorios. Mendoza dijo que no saben cómo volverán, pues la llegada a Tartagal se dio gracias a un colectivero de la zona que aceptó traerlos por un precio menor y todavía lo adeudan.
El representante contó que para el asilo de estos días y posterior regreso pidieron ayuda a la intendencia de Mimessi, pero la respuesta fue que "no somos de Tartagal y que no nos van a apoyar", lo que causó indignación. Este medio intentó hablar con el intendente y autoridades del Concejo Deliberante tartagalense, pero no obtuvo respuesta. "Hasta el día de hoy no se ha comunicado ningún político, aunque sea de la oposición", agregó Mendoza.
Se pide comprensión
Ayer se conoció una nota fechada el 5 de febrero, en la que el representante de la Fundación de Nobles (Santa Fe), Jorge Mariano Ferroni, pidió "comprensión de toda la comunidad (de Tartagal) y la colaboración en este fin tan noble" para hacer efectiva la donación de las mercaderías.
Ferroni contó que ni bien se enteró de la muerte de niños wichí por causas vinculadas a la desnutrición en el norte salteño, se organizaron para recolectar mercaderías varias, en particular agua, ropas, y pañales. Lograron llenar un camión y el contacto directo con Tartagal se dio a través de la Agrupación Corazones Solidarios, que tenía como representantes a las hermanas Díaz.
Aseguró asimismo que "erróneamente se sindica de 'irregular' la tenencia de donaciones por parte de las Sras. Rosa Díaz y Paola Díaz, fundado en la falta de entrega".
Manifestó que estaban informados de la demora en la entrega y que "en primer lugar", eso se debió al mal estado de los caminos, "luego la pandemia y los impedimentos que ello generaba, y luego circunstancias personales de los integrantes, que hacían que se posponga el viaje para cumplir con la entrega de las mismas en destino".
Además, hizo saber que la mayor parte del donativo fue repartido en un primer viaje a la ciudad tartagalense y que lo restante estaba dirigido a comunidades wichí y el Hospital de Santa Victoria Este, ubicado a más de 160 kilómetros de Tartagal.
"La Agrupación Corazones Solidarios siempre se mostró movilizada y agradecida por la solidaridad, y colaboró desinteresadamente con la entrega, que sin dicha ayuda, nos hubiera sido muy difícil de concretar. El resto de las donaciones que quedaron en el salón mencionado, fueron prolijamente organizadas por la mencionada Agrupación Corazones solidarios", se sostiene en la carta.
