Producción: Javier Lewkowicz

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Recuperar los salarios

Por Mariana L. González (*)

La reciente apertura del diálogo institucional sobre precios y salarios se produce en un momento clave. Los últimos meses marcan una aceleración del ritmo de incremento de los precios, que tanto en noviembre como en diciembre provocaron caídas mensuales en los salarios reales, apenas comenzaba a insinuarse una recuperación de las remuneraciones.

Ningún acuerdo sobre salarios y precios puede ignorar el punto de partida, que en este caso en nada se asemeja a las condiciones vigentes a mediados de 1973, cuando se firmó el recordado Pacto Social durante la presidencia de H. Cámpora. En ese entonces la inflación era un problema persistente, pero la Argentina se acercaba a los diez años de crecimiento ininterrumpido de la actividad económica, el empleo, la productividad y los salarios reales.

Hoy el contexto está dado no sólo por una economía y un mercado laboral golpeados por las consecuencias de la pandemia de la Covid-19, sino que además se arrastran las secuelas de la pésima gestión económica de Cambiemos. Es preciso recordar que el nivel general de precios casi se cuadruplicó en ese período y que los aumentos resultaron especialmente fuertes en los últimos dos años de ese gobierno: La inflación cerró el año 2018 en 47,6 por ciento interanual y al año siguiente alcanzó el 53,8 por ciento.

En ese marco, los salarios tuvieron un retroceso muy fuerte: entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019 los salarios registrados del sector privado perdieron en promedio el 18,7 por ciento de su capacidad de compra, mientras que los del sector público mostraron un deterioro aún más pronunciado: disminuyeron 21,2 por ciento en términos reales. Como resultado, los trabajadores perdieron participación en el valor agregado de una economía que también retrocedía.

El año 2020 inició con cierta desaceleración inflacionaria y siguió con aumentos acotados del nivel general de precios especialmente entre abril y julio, coincidiendo con los niveles más deprimidos de actividad económica provocados por la crisis sanitaria. Pero la inflación volvió a crecer rápidamente junto con la recuperación de la economía y llegó a alcanzar desde diciembre el 4 por ciento mensual. Más allá de la propia inercia inflacionaria, el escenario internacional actual empuja hacia arriba los precios locales a través de los aumentos que experimentan a nivel global los productos agropecuarios y el petróleo.

Los salarios también comenzaron el año y el ciclo del nuevo gobierno con aumentos reales en el marco del Decreto 14/20, que dispuso aumentos de suma fija de 3.000 pesos en enero y 1.000 pesos adicionales en febrero para el sector privado y del Decreto 56/20 que estableció un esquema similar para las remuneraciones más bajas del sector público. Esta mejora volvió rápidamente atrás en el contexto de la pandemia de coronavirus, con caídas salariales continuas, incluso en el marco de un nivel de inflación más acotado.

Con una situación económico-laboral tan delicada, para los gremios resultó muy difícil encarar negociaciones salariales. Se observó una demora extraordinaria en los cierres de paritarias y en buena parte de las negociaciones se establecieron sólo acuerdos de corto plazo, con predominancia de sumas no remunerativas transitorias que tendían a mejorar especialmente la situación de los sueldos más bajos.

Recién en el mes de octubre el índice de salarios de Indec mostró un incremento para los salarios registrados reales del sector privado. La aceleración de la inflación, ante aumentos negociados limitados, implicó nuevamente caídas en los dos últimos meses del año: la recuperación no llegó siquiera a producirse.

Esta situación, sumada a la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los años previos, implica que el salario privado registrado en diciembre de 2020 tenga 19,7 por ciento menos capacidad de compra que en diciembre de 2015, es decir, con un salario promedio se puede comprar una quinta parte menos que en ese momento. El salario del sector público perdió aún más: 26,6 por ciento.

En este contexto, resulta más que justificada la pretensión de los representantes de los trabajadores de poner como objetivo incrementos salariales que superen a la inflación. Desde el gobierno se planteó como primer compromiso un aumento salarial entre 2 y 4 puntos por sobre el crecimiento de los precios. En el caso de máxima, el poder adquisitivo del salario crecería 3,1 por ciento. Si el ritmo de aumento anual fuese el mismo en los próximos años -y no tiene por qué serlo- recién en 2027 se estaría cerca de alcanzar el nivel que los salarios tenían en 2015. Esta simple cuenta pone de manifiesto que es el preciso que las remuneraciones crezcan por encima de la inflación persistentemente y durante un largo período, sólo para desandar el deterioro de los últimos años. Para que sea viable, el desempeño económico sostenible y la mejora distributiva son claves.

(*) CIFRA-CTA.

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Necesidad de diálogo

Por Agustín Pineau (**)

Frente al escenario de pandemia, que impacta de forma negativa sobre la economía local, el gobierno nacional enfrenta grandes desafíos para la reconstrucción del mercado de empleo, la recomposición salarial y atenuar los efectos inflacionarios para el año que se inicia. De esa manera, se presenta la necesidad de un diseño macroeconómico que recomponga las principales variables, pero que al mismo tiempo adquiera una orientación que posibilite la reactivación del mercado doméstico.

En ese sentido, el Estado nacional tiene como propósito llevar adelante una política de acuerdo de precios y salarios, con el objetivo de aminorar y regular la puja distributiva entre los actores del capital y el trabajo. A lo largo de la historia argentina existen antecedentes en esta materia, como el Plan de Estabilización de 1952 y el Pacto Social de 1973, los cuales tuvieron como meta principal recomponer el salario real y atenuar el ritmo inflacionario. Ambos planes no tuvieron la misma suerte, el Plan de Estabilización fue un éxito en recomponer el poder adquisitivo del salario, mientras que el Pacto Social sufrió los impactos del incremento de los precios internacionales -principalmente por el alza del precio del petróleo- sumado la muerte de Perón y el posterior Rodrigazo.

Debe destacarse que las negociaciones tripartitas -Estado, empresarios y trabajadores- se enmarcan en las prácticas del diálogo social, propias de una sociedad democrática, en donde los diversos actores sociales, mediante concertación, buscan saldar y negociar sus intereses procurando el bienestar general de la población. Asimismo, debemos considerar que la Argentina posee una larga tradición en materia de negociación colectiva, y que cuenta con actores sociales con fortaleza, que posibilitan un terreno fértil para encarar esta nueva etapa con la finalidad de arbitrar y encauzar la puja distributiva.

Estas ideas descartan los análisis monocausales de los fenómenos inflacionarios asociados al pensamiento ortodoxo, que describen sus orígenes haciendo excesivo hincapié en los postulados monetaristas basados en las teorías cuantitativas del dinero. Por el contrario, en nuestra perspectiva, la inflación es un fenómeno de carácter social en donde los actores colectivos tienen protagonismo y se vinculan estrechamente con el desarrollo de la política económica. No se trata de regular la inflación en el marco de perfeccionamientos técnicos y econométricos sino en el de una cuestión política, en donde coexisten las correlaciones de fuerza y la consecuente puja por la captación del excedente económico.

Las instancias de diálogo tripartito deben ser jerarquizadas como herramientas necesarias para orientar las expectativas y articular políticas con el objetivo de reactivar la actividad económica, contener la inercia inflacionaria y recuperar el salario real, principal sostén del crecimiento. Un principio de acuerdo de precios y salarios es el comienzo de un arreglo macroeconómico más general, que combina su perduración en el tiempo con los requerimientos de ajustes a lo largo del año.

De esa manera, surge la necesidad de constituir un organismo de carácter permanente, de seguimiento, que pueda abordar las heterogeneidades de cada de una de las actividades. En el transcurso de 2021, el Consejo Económico y Social aparece entonces como la necesidad de desarrollar con mayor intensidad el diálogo social y tripartito, una herramienta que posibilita la capacidad de orientar y articular la política económica entre los diversos actores. Fomentando el diálogo tripartito cuando las correlaciones de fuerza son desfavorables para los trabajadores, en función del desempleo creciente, el Estado tiene la posibilidad de nivelar el poder relativo de los actores en la mesa de negociación.

(**) Investigador del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) - Área de Trabajo y Producción (UMET-UNAJ-UNAHUR).