La normativa fue una conquista de los sectores de le economía popular y de las pequeñas y medianas empresas regionales para insertar sus productos en las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, a pesar de haber sido publicada en el Boletín Oficial de Nación el 15 de diciembre del 2020, aún no se aplica en la práctica.

La Ley, busca que los precios sean claros para los consumidores y que puedan acceder a más productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresa, productos de agricultura familiar, campesina e indígena, productos de la economía popular y productos de cooperativas y mutuales.

Al respecto, el licenciado en Administración de Empresas y experto en Consumos Masivos, Roberto Blanco, en diálogo con Salta/12 explicó que la Ley estuvo “muy bien pensada y formulada” ya que abarca muchos de los procesos que necesita una Pyme para acceder a un supermercado, “tiene un abordaje integral sobre la temática”, pero “es tan complejo acceder a una cadena de grandes superficies” que se necesita de asistencia profesional para que puedan llegar a las góndolas y ser competitivas.

El primer problema que vislumbró el especialista es la capacidad de negociación, “un empresario Pyme, pongamos de panadería, se levanta a las 4 de la mañana, tiene que hornear, luego hacer su reparto y después va a entrevistarse con un comprador de una cadena de supermercados”, allí, destacó, el panadero desconoce los detalles de esa negociación y los pasos posteriores a un acuerdo, “como notas de débito por vencimiento, o por roturas, por participación en promociones, son todos temas que al pequeño empresario se le escapan y lo hacen perder dinero”.

Por lo que consideró que hay que capacitar al pequeño empresario en cuanto al desarrollo de su producto y acompañarlo para que sea competitivo, “porque no tiene presupuesto para los diseños de marketing, de etiquetas, publicidad en góndolas, y cuando el producto compite el consumidor, muchas veces, más allá del precio y la calidad, se deja llevar por la presentación final”, aseguró. 

“La ley te da una plataforma para poder acceder, pero si el empresario no hace un paso adelante para ponerse a nivel de competencia con grandes marcas, no va a dar sus frutos y va a terminar desapareciendo de la góndola”, añadió.

Explicó que el paraguas legal es beneficioso, ya que debería existir una gran ventaja para el emprendedor regional por los costos de logística, pero para ello se necesita dar un paso adelante en lo que a merchandising se refiere, venderá mucho menos que las ya instaladas a través de la publicidad y su presentación.

Pero la complejidad central, remarcó Blanco, está en los plazos de pago, que si bien antes de la ley eran aún más extendidos, los que estipula la actual normativa, de 60 días para las Pyme y 45 para Cooperativas o emprendimientos de la economía social “siguen siendo largos” para lo que pueden soportar los pequeños y medianos productores, que necesitan dinero en menor tiempo para poder volver a abastecerse.

Para sortear esas dificultades, Roberto Blanco, quien asesora a varias firmas a nivel nacional, subrayó que tanto el Estado provincial como los municipales, y las instituciones intermedias como las cámaras que representan a cada sector pueden colaborar con profesionales que asistan a los emprendedores “a dar este primer paso para mejorar su imágen y comunicación y hacer más competitivo el producto”.

En lo financiero, remarcó que la provincia podría funcionar como un aval para que el empresario Pyme pueda vender su factura con un costo financiero lógico y de esa manera tener dinero antes de los 60 días. “Ese detalle sería fundamental para que la ley se pueda implementar efectivamente”, afirmó.

La venta de factura se puede realizar en cualquier entidad bancaria, pero para ello, el Banco califica al vendedor, “las grandes cadenas tienen una muy buena calificación, por lo que sería fácil de vender y con costo financiero bajo”. Pero a su vez se califica muy bajo al pequeño emprendedor por distintos factores, lo que se rechaza la operación o se cobran altas sumas de comisión. “Ahí es donde la provincia puede avalar” y de esa manera se genera un buen negocio para la entidad bancaria “y el empresario recibe su dinero para seguir produciendo”.

Blanco contó que una de las entidades que ya dio un paso adelante en la materia es la Cámara Pyme de Salta, “que tiene desarrollado un programa para comenzar a asistir a los pequeños empresarios a llegar a las góndolas”.

Los puntos de la Ley

La Ley 27.545, establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor. En la góndola de un producto, por ejemplo de fideos o galletas, debe haber productos de 5 proveedores diferentes como mínimo. También que las micro y pequeñas empresas cuenten con al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos. Y prevé un 5% de ese espacio a las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular.

A su vez, le exige a las tiendas y supermercados, que las ofertas y los productos que integran la lista de Precios Cuidados u otro programa del Estado, ocupen un lugar central de la góndola y no los extremos, es decir, abajo o arriba de las mismas. Y aparezcan en la primera página del sitio web donde se muestren los productos.

En la isla de exhibición y en los exhibidores que están pegados a la caja donde se cobra, el 50% del espacio debe estar ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales. Todos estarán destacados por la leyenda “Compre MiPyme”.

La Secretaría de Comercio Interior llevará un listado actualizado de todos los productos alcanzados por la Ley. Ese listado será publicado y actualizado en la página web del organismo oficial.