Desde Lima. El pasado domingo se convirtió en el congresista más votado en el país con más de 160 mil votos, pero el expresidente Martín Vizcarra (2018 – 2020) no podrá asumir la banca parlamentaria para la que fue electo por Lima en la lista del partido de centroderecha Somos Perú, que tendrá cuatro representantes de 130. Este viernes, el Congreso lo ha inhabilitado para ejercer cualquier función pública durante diez años, por una acusación constitucional de abuso del cargo por haberse vacunado en secreto contra el coronavirus en octubre pasado, cuando estaba en la presidencia. Vizcarra ha denunciado una motivación política en esta sanción y ha anunciado que buscará revertirla en los fueros judiciales.

“Al mismo estilo de las dictaduras, este Congreso, que ha perdido toda legitimidad, pretende eliminar a sus enemigos políticos a través de unos cuantos votos. Esto no ha terminado, nos defenderemos en todas las instancias hasta revertir esta ilegal e inconstitucional decisión”, señaló Vizcarra, luego de enterarse de su inhabilitación.

El expresidente se ha quejado por la celeridad del proceso parlamentario para inhabilitarlo, que ha durado menos de dos meses mientras otros casos llevan varios meses o incluso más de un año sin ser resueltos. Pidió postergar la sesión en la que se vio su inhabilitación, pero el Congreso rechazó su pedido y el expresidente no se presentó ante el Parlamento para ejercer su defensa. Ha presentado dos acciones de amparo denunciando que se ha violado el debido proceso y su derecho de defensa, con lo que busca anular la inhabilitación en su contra. Ha indicado que llegará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También fueron inhabilitadas por el Congreso, por la misma razón de haberse vacunado en secreto, las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por ocho y un año, respectivamente.

Fueron 470 las personas que accedieron a las vacunas VIP enviadas al Perú en secreto por el laboratorio chino Sinopharm al margen de las dosis usadas para los estudios de su efectividad entre la población peruana. Entre los beneficiados están funcionarios, investigadores que participaban en estos estudios y sus familiares y otros allegados. También se vacunaron en secreto la esposa y un hermano de Vizcarra.

Al estallar el escándalo de su vacunación secreta, en febrero pasado, cuando ya no estaba en la presidencia y era candidato al Congreso, Vizcarra alegó que había formado parte de los voluntarios para probar la vacuna de Sinopharm, pero quedó en evidencia que eso no era cierto. Se enredó en una sucesión de mentiras para tratar de justificarse. La revelación de su vacunación realizada bajo las sombras del secreto en Palacio de Gobierno gatilló una amplia indignación. El rechazo fue mayor porque su gobierno no había concretado la compra de vacunas, pero el expresidente y su ministra de Salud ya se habían inmunizado.

Vizcarra también enfrenta una investigación fiscal por el supuesto cobro de sobornos cuando era gobernador de Moquegua, una pequeña región al sur del país, entre 2011 y 2014. Por estos hechos fue destituido de la presidencia por el Congreso en noviembre pasado. Tiene otra investigación fiscal por supuestamente haber favorecido la contratación irregular de un desconocido cantante por el Ministerio de Cultura.

A pesar del escándalo de su vacunación secreta y las otras acusaciones en su contra, a Vizcarra le queda algo de la alta popularidad que alcanzó como presidente, que superó el 60 por ciento, especialmente por su enfrentamiento contra el fujimorismo, y ha logrado ser elegido como el congresista más votado.

En el debate en el Parlamento para inhabilitar al exmandatario se escucharon todo tipo de adjetivos contra Vizcarra. Fue acusado desde coimero hasta genocida por las muertes debido a la pandemia. Un congresista llegó a pedir que fusilen a Vizcarra por no haber comprado las vacunas a tiempo. Entre los legisladores que dieron encendidos discursos denunciando la inmoralidad de Vizcarra por haberse vacunado en secreto, no pocos cargan diversas denuncias por corrupción en su contra.

La fiscalía investiga la entrega secreta de las vacunas de Sinopharm para inmunizar a funcionarios y a otros personajes como un posible soborno para favorecer la compra por parte del gobierno de la vacuna del laboratorio chino. Se compró un millón de dosis de esta vacuna y se firmó un acuerdo para adquirir 37 millones más, pero este acuerdo todavía no se traduce en un contrato de compra. Vizcarra y las dos exministras inhabilitadas están incluidos en esa investigación.