El suspendido fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco, fue imputado ayer de nueve hechos por el fiscal de Reconquista Leandro Mai, que cumplió el rol de acusador. Enriquecimiento ilícito, omisión de insertar datos en la declaración jurada, omisión de denuncia; omisión de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo agravado, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal. El juez Adrián Godoy validó la detención y las acusaciones al ex fiscal y ordenó la prisión preventiva domiciliaria de quien fuera funcionario del MPA.

Poco después de las 6.30 de ayer comenzó la prolongada audiencia online que se extendió hasta las 10.30, en la cual se le imputó oficialmente a Blanco los nueve hechos con apariencia delictiva. La audiencia estuvo encabezada por el juez de Primera Instancia, Adrián Godoy, el fiscal acusador fue Leandro Mai; y actuaron como defensores Rafaela Florid y Gustavo Feldman.

Luego de escuchar el detalle de los nueve hechos imputados, Blanco aceptó declarar y realizó un pormenorizado detalle donde intentó rebatir cada una de las acusaciones. Además reprochó a Mai no cumplir con “el principio de objetividad“, y protestó por distintas falencias procesales, según publicó ayer el portal Venado 24. Al respecto, fueron sus abogados los que pidieron una postergación de la audiencia cautelar -que comenzó pasadas las 13.30 y se extendió más allá de media tarde- debido a no haber podido contar con anticipación con la copia de la orden de allanamiento y ocultamiento de información. “Acá hay una grave violación al derecho a la defensa“, sostuvieron.

El primero de los hechos imputado por el fiscal Mai fue el enriquecimiento patrimonial personal y de familiares con posterioridad a su asunción del cargo de fiscal. Así entre otras cosas, le endilga a Blanco no haber justificado la adquisición de un auto Peugeot 408, dos inmuebles en Villa Dolores (Córdoba) y una propiedad rural en Córdoba vendida en 2017. La calificación legal del hecho: enriquecimiento ilícito de funcionario público.

El segundo de los hechos fue la omisión en declaración jurada como funcionario público de un inmueble en Rufino y un auto Chevrolet Corsa, con lo cual se habría configurado la omisión de insertar datos en la declaración jurada.

El tercer hecho fue haber omitido la denuncia de un delito ocurrido entre los meses de mayo y junio en el marco de la investigación de la causa del homicidio de Federico Landriel en Santa Isabel.

El cuarto episodio apuntado fue el incumplimiento de acto de su oficio “ventilando en orden de detención” el nombre de testigo a quien le había prometido mantener identidad reservada. La imputación es por incumplimiento la obligación de cumplir sus deberes como funcionario público.

El quinto hecho enumerado fue "haber recibido una cifra cercana a los $500 mil con el fin de morigerar una situación punitiva en causas de estafas", según informa el portal Venado 24. La calificación es cohecho pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación.

El sexo posible delito fue el de haber "recibido en agosto de 2019 una cifra no determinada de dinero de parte de una mujer vinculada a banda de narcotraficantes, a cambio del no avance de una investigación de abuso de armas".  Se trata de un cohecho pasivo agravado e incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal.

El séptimo episodio cuestionado es haber "ordenado el 26 de noviembre del 2019 la requisa de un vehículo sin ninguna prueba de delito alguno" con lo cual se habría configurado la violación de los deberes de funcionario público.

El octavo reproche judicial fue "haber revelado información secreta a un imputado respecto a datos de una investigación" y el noveno un allanamiento ilegal de un vivienda en la calle Santa Fe 2685, sin que conste una orden judicial. 

Por su parte, Mauro Blanco decidió testificar respondiendo una por una las acusaciones realizadas por el fiscal Mai. En ese sentido, comenzó destacando que en el fiscal federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, ya destacó que no existe ninguna investigación en su contra vinculada a narcotráfico.

Seguidamente, en un pormenorizado relato intentó dar por tierra con la denuncia por enriquecimiento ilícito sobre él y su familia. Así explicó, entre otras cosas, que sus padres pueden comprobar sus bienes y que “no son ningunos pobres jubilados“, haciendo alusión a parte del alegato de Mai. También recordó que su padre heredó un campo de 140 hectáreas en Rufino y que además fue “toda su vida” comerciante. Por lo tanto, puede justificar sus bienes.

De la misma manera, manifestó que según los ingresos propios como fiscal y de su esposa (recientemente fallecida) que era docente, puede justificar todos sus bienes. “Según nuestros bienes nosotros tuvimos en los últimos años una capacidad de ahorro del 9 al 18%“, argumentó según publicó el portal Venado 24. Blanco resaltó además: “Todo está documentado, el fiscal no leyó los comprobantes que le presenté. Yo respondí todo lo que me preguntaron y demostré cómo obtuvimos con mi familia todo el patrimonio“. Por otra parte, el imputado brindó detalles de las otras causas, desligando la posibilidad de haber cometido delito alguno en sus actuaciones como fiscal.