Luego de cinco meses de debate y dos largas jornadas en las que el ex agente de inteligencia Carlos Antonio Españadero desplegó sus artimañas argumentativas para intentar defenderse, la fiscal María Ángeles Ramos comenzará mañana a exponer el alegato del Ministerio Público Fiscal en el que explicará por qué considera al “mayor Peirano” responsable de secuestros, torturas y abuso deshonesto contra 17 personas entre 1975 y 1977. Entonces, la mayoría eran niños y niñas.

Españadero es un ex militar que, tras dos décadas de carrera, se volcó de lleno a las tareas de Inteligencia. En 1970, de hecho, se sumó a la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 como personal civil. Su nombre de fantasía para el desempeño de su vida diaria era “Fernando Raúl Estevarena”. Sin embargo, seguía usando su rango de “mayor” para otros de sus alias: "Mayor Peña" o "Mayor Peirano".

Cumple, en su casa, una condena por crímenes de lesa humanidad: lo hallaron responsable del secuestro del soldado conscripto José Luis Rodríguez Diégez, que permanece desaparecido desde octubre de 1976, cuand cumplía el Servicio Militar Obligatorio en la Patagonia. 

En los tribunales de Comodoro Py, en tanto, es juzgado desde diciembre de 2020, por otros crímenes de lesa humanidad. En un principio, se lo acusó por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, en contra de 8 personas. Dos de ellas, Ofelia Máxima Ruiz Paz de Santucho y María Ofelia Santucho, cuñada y sobrina del dirigente del PRT-ERP Roberto Santucho, fueron secuestradas durante una celebración de cumpleaños del hijo de otro referente de la agrupación, de 4 años, a fines de 1975. En ese operativo también se llevaron a otros niños y niñas que estaban en el festejo. 

Las otras víctimas del juicio son Ricardo Mateo Landriscini y José Luis Ujhelly --eran médicos clínico y traumatólogo respectivamente del Hospital Posadas--, secuestrados en enero de 1977; y los matrimonios de Mariana Méndez y Raúl Gagliardi y María Rosa Navarro y Mario Antonio Gneri, en marzo de aquel año. 

Todes fueron llevades a Puente 12. Los testimonios de la mayoría de las víctimas ubican al represor como quien se presentaba ante ellas para presionarlas y sacarles información. Los médicos fueron interrogados por él, quien en aquella ocasión s epresentó como "Mayor Peña". En algunos casos, además, lo acusaron de realizar sobre ellas "seguimientos de control" con posterioridad a su liberación, como es el caso de Navarro y Gneri. Durante el testimonio que brindó ante la Conadep, Méndez declaró que, tars su liberación de Puente 12, le dieron un número de teléfono al cual debían llamar si eran secuestrados por otro grupo militar; un número que, averiguó luego, era de la SIDE, informó la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

Al cierre de las audiencias testimoniales, el Tribunal Oral Federal número 6 por mayoría -- con los votos de Sabrina Namer y Guillermo Costabel; Rodrigo Giménez Uriburu votó en contra-- aceptó el pedido de Ramos para que se incorporen como víctimas en el debate al resto de los niños y niñas que fueron secuestrados junto con Ofelia Ruiz Paz de Santucho y María Ofelia Santucho en aquel operativo de diciembre de 1975 que irrumpió en un festejo de cumpleaños, en una casa de la localidad bonaerense de Morón, también a Lucía Graciela Bravo; así como el de abuso deshonesto a la lista de delitos por los que el ex agente de inteligencia es juzgado.

Así, luego de haber declarado en su mayoría como testigos en el juicio, las hermanas de María Ofelia, María Susana Santucho, María Silvia Santucho y María Emilia Santucho, hijas de Ofelia Paz y Asdrúbal Santucho; sus primes Gabriela Inés Santucho, Ana Cristina Santucho, Marcela Eva Santucho y Mario Antonio Santucho, todes hijes de Roberto Santucho; y Esteban Abdón, el cumpleañero, hijo de Ricardo Abdón, otro dirigente del PRT-ERP, son a partir de finales de abril, considerados víctimas en el debate. La mayor de “los chicos Santucho”, como el propio Españadero calificó al grupo, era María Ofelia, que entonces tenía 15 años. El menor era Mario, un bebé de 9 meses. Pasaron un día en Puente 12, donde María Ofelia y su mamá fueron interrogadas. Durante su testimonio, contó que además de golpes, insultos y amenazas, en el centro clandestino sufrió abusos, manoseos y amenazas de violación de parte de las patotas que los mantenían encerrados.

Luego fueron trasladados a la Comisaría de Quilmes y, de ahí, por el propio Españadero, a un hotel en Flores. Lograron establecer contacto con militantes del PRT-ERP y refugiarse en la Embajada de Cuba.

También lo es Lucía Graciela Bravo, quien fue novia Rodríguez Diégez y resultó secuestrada el mismo mes y mismo año que el joven: octubre de 1976. A ella la fueron a buscar a su casa, en Capital Federal, y la encerraron, incomunicada, en la Comisaría 26ª de la Policía Federal, donde pasó 13 días. Durante su cautiverio, fue interrogada, entre otras personas, por alguien que se identificó como “Mayor Peña” --uno de los pseudónimos de Españadero--, quien una vez “liberada” la vigiló durante un año.