Familiares y amigas de víctimas de femicidio encabezaron la marcha Ni Una Menos en Salta que ocupó al menos 6 cuadras de extensión. En la movilización fueron al frente las amigas de Jimena Salas asesinada en 2017 en su casa de Vaqueros; el padre de Luján Peñalva quien sigue denunciando que su hija fue víctima de un femicidio en 2012; la familia de Agustina Nieto, asesinada en 2018; las amigas y vecinxs de Jesica Solís asesinada en mayo de 2021; familiares de la docente salteña Paola Tacacho, a quien mató un acosador en Tucumán el año pasado y contra el cual había realizado 22 denuncias. También marcharon familiares de Paola Ávila y Agustina Guedilla. 

La movilización fue larga y emotiva, pese a la pandemia, las mujeres y disidencias agrupadas y no agrupadas, familiares y los afectos de las víctimas de femicidio salieron a las calles para gritar que no haya más mujeres asesinadas y para reclamar justicia por todas las que ya no están porque sus vidas fueron arrebatadas por femicidas. El recorrido abarcó la plaza 9 de Julio, la jefatura de Policía y la Legislatura. 

La amiga de Jimena Salas, Cecilia Barba, dijo a Salta/12 que reclama justicia por ella. Consideró que en el juicio que se hizo el mes pasado, "se dejó en segundo plano" a la víctima. En ese juicio no se juzgaba a sus asesinos, que nunca fueron identificados, sino al viudo Nicolás Cajal Gauffín por encubrimiento y a Sergio Vargas como partícipe secundario. Ambos fueron absueltos. 

"No está resuelto el crimen todavía. Estamos esperando para ver si se puede resolver", manifestó Barba. "Nos sentimos muy solas (...) el crimen de Jimena sigue con una impunidad terrible", expresó. Dijo además que en el juicio hubo "muchos enredos, muchas falencias y no quedó nada claro". También marcharon pidiendo justicia por Salas, familiares de Vargas, quienes siempre sostuvieron que lxs fiscales pretendían "cerrar la causa con un perejil".  

"Es la primera vez que sentimos acompañamiento masivo" dijo a Salta/12 el padre de Luján Peñalva, Gustavo Peñalva. También valoró que les dieran un lugar encabezando la marcha contra los femicidios. Gustavo Peñalva expresó que se sintió muy bien al ver la fuerza y la lucha de las mujeres y otros familiares que también reclaman justicia. 

La causa que habían logrado reabrir por la muerte de Luján Peñalva fue cerrada de nuevo, esta vez por la jueza Mónica Mudsky. El padre dijo que el cierre ocurrió cuando su abogado se encontraba ocupado en el juicio por Jimena Salas. Además, contó que junto a su hermana Marisa Peñalva quedaron imputadxs por amenazas debido a un posteo de ella en la red social facebook en que hacía alusión a que pondría una bomba en la Ciudad Judicial y él le dio me gusta. 

El movimiento de mujeres y las organizaciones sociales expresaron su solidaridad con la familia Peñalva. El fiscal Marcos Molinati y la jueza Ada Zunino prohibieron a Marisa y Gustavo seguir escrachando a los jueces Martín Pérez, Pablo Farah, Pablo Arancibia; a lxs fiscales Luján Sodero Calvet, Ramiro Ramos Ossorio, Pablo Rivero, al procurador de la provincia Abel Cornejo y su grupo familiar, quienes se sintieron violentadxs psicológicamente. También se les impuso una perimetral de 500 metros que prohíbe el acercamiento a lxs funcionarixs. Otro exfuncionario que pidió que Marisa no lo escrache más fue el exgobernador Juan Manuel Urtubey.

"Venimos con el reclamo de siempre, que dejen de matarnos", expresó por su parte, Débora Daniela Nieto a Salta/12. Ella es la hermana de Agustina Nieto y forma parte de la Comisión de Familiares de Víctimas de Femicidio. La joven pidió que haya condenas justas para los femicidas y que se aceleren los procesos de las investigaciones penales. 

"Exigimos que todo juez o fiscal y funcionarios del Estado rindan cuentas por su ineficiencia en la investigación o por el entorpecimiento de los casos, que sean separados de sus puestos. Son muchos los casos de mujeres que han sido asesinadas por policías, mujeres asesinadas luego de haber hecho muchas denuncias ante todos los organismos que debían, creo que es un deber del Estado apartar a las personas que no cumplen con su trabajo de brindarnos seguridad y justicia", dijo Debora Nieto.

También solicitó el acceso a la Ley Brisa ya que muchxs niñxs, como su sobrino, hijo de Agustina Nieto, siguen sin esa reparación económica. 

La familia de Agustina tampoco tiene todavía la guarda provisoria, porque en la Justicia aún está en trámite. La joven contó que hay dos imputados en la causa de femicidio de su hermana, y consideró que lxs fiscales intervinientes no han sido eficientes en la investigación, un testigo relató a la familia que en el crimen también intervino como autor intelectual un policía, además hay dos ADN que se encontraron en la escena del crimen y que hasta la fecha no fueron identificados. Nieto dijo que la fiscala Mónica Poma al menos conocía la causa, pero no les permitió constuirse en querellantes. 

Nilda Zerpa, prima de la docente Paola Tacacho asesinada en Tucumán, también apuntó a la responsabilidad de la Justicia. Dijo que su prima había realizado 22 denuncias contra el femicida Mauricio Parada Parejas y que el juez Francisco Pisa lo sobreseyó. Zerpa dijo que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aceptó la renuncia con acceso a una jubilación del juez, lo que impidió que afrontara un jury para el que hay siete pedidos, "eso lo hace responsable y cómplice del femicidio de Paola Tacacho", expresó. "Como familiares de Paola vamos a seguir pidiendo justicia", añadió y dijo que quieren que sean condenados todos los funcionarios de los tres poderes del Estado que "están involucrados". 

Zerpa pidió  también justicia por todas las víctimas de femicidio, por el "crimen impune de Jimena Salas", "por Luján y Yanina (...) cuya causa fue archivada", "por Agustina Guedilla, por Fabiana Arismendi, por Jessica Solís". Además reclamó justicia para Paola Ávila y pidió que quienes tengan información respecto a su femicidio, la brinden, para que la causa no quede en la impunidad.

Asimismo, Belén Viñabal, amiga desde hace 17 años de Jesica Solís, pidió justicia por ella. "Me duele todo esto porque siguen pasando cosas y no hacen nada", manifestó. Dijo que la defensa legal del femicida esgrime que tiene problemas psicológicos pero ella relató que Solís sufrió violencias y acoso por mucho tiempo y que ya estaba separada hace 6 años del agresor. 

Las organizaciones además se manifestaron por la aparición con vida de Santiago Cancinos y de Tehuel de la Torres (en Buenos Aires), exigieron una reforma judicial feminista y asistencia y acompañamiento para las víctimas. Pidieron el sobreseimiento de Yolanda Vargas y que se garanticen las cuotas alimentarias y la asistencia económica a las madres víctimas de violencia y a lxs hijxs. 

Una de las manifestantes se solidarizó con Tania Aguirre, la mujer trans imputada en la causa de femicidio de María Giné.