Finalmente y luego del pedido desesperado de la víctima, la Justicia ordenó restricciones para protegerla impidiendo que el intendente de Bañado de Ovanta, del departamento Santa Rosa, Elpidio Guaraz (60), se acerque a ella. 

Las medidas judiciales fueron dictadas en el marco de la denuncia por abuso sexual y violencia de género que fue radicada contra el funcionario comunal el jueves último pasado. En tanto, la reciente reforma a la Ley de Municipalidades habilitaría a que Guaraz sea suspendido de su cargo por inhabilidad moral grave.

Caro, la sobreviviente de violencias que acusó penalmente a Guaraz, había pedido, en diálogo con Catamarca/12 y también por sus redes sociales, que la Justicia penal actúe en su causa y dicte de inmediato medidas de restricciones para evitar que algo le suceda ya que temía que el funcionario la mate o “mande a alguien a hacerlo”. Ayer, la abogada de la joven de 20 años, Yanina Mohaded, confirmó que las medidas fueron dictadas finalmente.

Por su lado, Natalia Páez, la abogada de Shirli, la otra joven que denunció al intendente por acoso sexual y coacción, contó que “debido a la peligrosidad de este hombre que todos saben que anda armado, pediré restricciones para mi defendida”. La letrada aún no se constituyó formalmente como querellante en la causa, pero lo haría el próximo miércoles y presentará las pruebas que recabó contra el funcionario comunal.

Tras la trascendencia pública del caso y con el antecedente del ex intendente de la localidad de Puerta de Corral Quemado, del departamento Belén, Enrique Aybar, quien fue condenado el año pasado a la pena de 6 años prisión por abuso sexual agravado, desde diferentes movimientos feministas y también de mujeres de diferentes partidos políticos, se expresaron a favor de la suspensión de Guaraz, apelando a la reforma de la Ley de Municipalidades, realizada el año pasado por la Legislatura como consecuencia del “caso Aybar”.

La modificación fue pensada en su momento para subsanar de alguna forma el vacío legal que existía y que permitía que pese a la condena que pesaba sobre Aybar, él pudiera seguir ejerciendo su cargo.

Así y tras una ardua discusión que se suscitó en ambas Cámaras de la Legislatura, finalmente incorporaron a la Ley 4640, que regula las municipalidades, dos artículos, que hicieron retroactivos a enero de 2020. El primero fue la figura de suspensión, que prevé que “el titular del Ejecutivo municipal o un miembro del Concejo Deliberante será suspendido y separado del cargo sin goce de haberes si fue condenado por delito doloso hasta tanto se resuelva con sentencia definitiva”. El inciso aclara además que “en caso de que la justicia determine como firme la sentencia condenatoria operará la destitución sin más trámite”.

Además, se agregaron la figuras de destitución o suspensión: “la destitución o suspensión del titular del Ejecutivo municipal o miembros del Concejo Deliberante por desorden de conducta en ejercicio de sus funciones por inhabilidad física o moral grave por el término de 180 días”.

La manera de hacerlo, llegado el caso, variaría de acuerdo a si el municipio cuenta o no con Concejo Deliberante. En caso de no contar con el cuerpo colegiado la suspensión será cuando los dos tercios de la totalidad de los miembros de ambas cámaras de la Legislatura provincial lo aprueben y no podrá ser vetada por el Ejecutivo provincial. Si la comuna cuenta con CD, será por el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros del cuerpo deliberativo.

La comuna de Bañado de Ovanta tiene Concejo Deliberante, sin embargo, está compuesto por sólo tres miembros: Esther Guaraz, hermana del intendente acusado, quien además es la presidenta del cuerpo. El concejal Fabián Lezana, que responde también al intendente. Y, el tercer integrante, Mario Páez, es opositor al jefe comunal y adelantó que presentará esta semana un pedido para impulsar el apartamiento del intendente Guaraz.

La Justicia penal, en tanto, aún no imputó al intendente por ninguna de las dos denuncias radicadas contra él.