Una docena de personas fueron imputadas ayer por los delitos de asociación ilícita, tenencia de armas y encubrimiento. Se trata una organización dedicada a balaceras, amenazas, homicidios y usurpaciones, que según la investigación estaba liderada por el apodado Alejandro "Chucky Monedita" Núñez, desde adentro del penal de Piñero. Otros tres también estaban detenidos y el resto --arrestados durante los allanamientos de la semana pasada (foto)-- quedó en prisión preventiva por orden del juez Facundo Becerra. 

El fiscal Pablo Socca les atribuyó a Chucky Monedita, Tamara M., Mara T., Carla R., Nahuel R., Abel B., Cristian G., Jonatan R. Florencia A., Jorge O., Gianfranco G. y Diego R. "junto a menores de edad y a personas prófugas, haber formado parte de una asociación que se dedicó a delitos contra la vida, la propiedad, la administración pública, la seguridad pública, la salud pública; en la localidad de Rosario y alrededores". Según indicó el funcionario judicial, la organización "procuró dominar y ocupar sectores de barrios de la ciudad y excluir a bandas antagónicas obteniendo beneficios económicos producto de las actividades ilícitas".

Con ese objetivo, según expresa la imputación, "cometían homicidios, robos, amenazas entre otros". La organización "funcionó al menos desde el 18 de octubre de 2020 hasta el día 28 de octubre de 2020, cuando fue detenido Jonatan R., en una moto con pedido de captura y con dos pistolas 9mm aptas para el disparo. El secuestro de su teléfono celular y su posterior pericia permitió advertir la existencia de una organización criminal cuya jefatura ejercía Núñez, detenido en la Unidad 11 de Piñero".

Socca también indicó que los integrantes de la organización distribuían sus funciones entre el jefe de la estructura, que "dirigía, ordenando atentados contra diferentes personas, integrantes de bandas rivales eligiendo a las personas que cumplirían cada rol, disponiendo el uso de armas de fuego de gran calibre (pistolas 9mm, calibre 45, ametralladoras FMK3 y vehículos) autorizando el pago a los miembros de la organización, decidiendo dónde se guardan o se esconden las armas y los vehículos utilizados, estructurando y administrando la atención de los “bunkers” de venta de estupefacientes y controlando su recaudación". 

El resto tenía diferentes funciones, como "controlar la recaudación, gestionar y guardar armas de fuego y municiones, adquisición de viviendas usurpadas para la instalación de refugios y/o cualquier otra actividad delictiva, comisión de robos para la obtención de dinero en efectivo, comisión de atentados con armas de fuego, obtener datos en redes sociales de integrantes de bandas rivales, aportando fotografías e información que sirva para localizarlos y poder atentar contra ellos". A uno de los acusados, taxista (que hizo tareas de inteligencia contra la vida de Carlos A., testigo protegido de la causa Alvarado), se le atribuyó hacer el "seguimiento de las víctimas y reporte de cada uno de sus movimientos al líder de la organización".