A horas de la reunión del Tribunal de Enjuiciamiento que mañana deberá decidir si inicia el juicio político al juez Rodolfo Mingarini, Rosario/12 tuvo acceso a un pedido de recusación, presentada en 2020 por los abogados defensores de un acusado de abuso sexual. El magistrado tomó relevancia nacional por haber dejado libre a un acusado de violación con el argumento de que había usado preservativo. En esta presentación, se devela otra irregularidad en una causa en la que había actuado como defensor oficial de un imputado y luego debía resolver sobre la misma persona como juez, lo que resultaba incompatible. En lugar de excusarse, llamó desde su teléfono oficial al celular de la abogada del acusado. “Si bien arranco mañana el turno, les dije que me lo pasaran”, inicia la conversación el magistrado, confesando la irregularidad de haber “pedido” un legajo de investigación que no le correspondía. El tema era un pedido para cambiar las condiciones de detención, ya que el acusado estaba en prisión ambulatoria para hacer un tratamiento para la adicción a las drogas en Buenos Aires. “Pero nosotros también sabemos que está haciendo ambulatoria. Y no es una prisión ambulatoria, entonces yo no quiero que esto, por esta razón, el fiscal endurezca la posición y diga, bueno, pero no, no era esa la idea, no era que esté dando vueltas. El tema era morigerarla para que tenga tratamiento, no para que esté dando vueltas”, sigue la transcripción de una comunicación impropia de principio a final. Y sigue: “Yo con vos estoy haciendo una deferencia, ¿entendés?”, le dice en otro tramo. “Lo resuelto es lo que te estoy diciendo, te lo estoy adelantando para que vos te organices y no estés esperando esto, porque lo que no quiero yo es que se le complique a nadie la situación”, insiste.

Mingarini afronta un pedido de juicio político a partir de su actuación del 31 de mayo, donde consideró que, por usar preservativo, un imputado por violación no podría haber forzado a la víctima. Tras la denuncia de 20 diputadas provinciales de diferentes fuerzas, el Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre, lo denunció por incumplimientos que no están relacionados con sus fallos, sino con los procedimientos reñidos con cualquier estándar internacional -y por ende, mandato constitucional- referidos a los derechos de las mujeres. El Procurador refiere a la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención de Belem do Pará.

Este martes se reúne el Tribunal de Enjuiciamiento, que integran los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Julio Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler) más el diputado Maximiliano Pullaro, el senador Armando Traferri y los representantes de los Colegios de Abogados de Rafaela, Héctor Ferrero y de Reconquista, Julio Pagano. En la anterior reunión, hace dos semanas, no pudieron abrir el proceso ya que Pullaro no estaba presente, y hacen falta diez votos para decidirlo. Una vez que se inicia el juicio político, el juez queda suspendido con la percepción de la mitad de su sueldo, según el procedimiento establecido en la ley 7050. Decidieron, entonces, convocar para este martes a Mingarini, y escucharlo antes de decidir si admiten la denuncia de Barraguirre.

En cuanto a esta nueva revelación, la transcripción supone un escándalo: “Sí, está bien, pero es un tipo que no está imputado de haberse llevado un encendedor de un kiosco ¿está? Entonces… como abogado te lo digo, no te lo digo como juez, hoy estoy trabajando de juez ¿si? Vos sabés que yo estuve mil años en la profesión también, entonces te lo digo como abogado, para mí es una posición sinceramente indefendible. Yo lo primero que haría es decirle ‘flaco quédate donde tenés que estar, dejá de arriesgarte a que esto te lo revoque, primero. Lo demás son excusas, excusas que vos imagínate que para cualquier fiscal, viene y te mata, y uno no puede hacer oídos sordos a eso”.

En otro tramo de la conversación transcripta en el recurso, Mingarini le dice: “Yo particularmente no voy a resolver planteos escritos y no voy a hacer traslados, no es lo que dice el Código”.

Según lo detallado en la recusación, hubo dos llamadas telefónicas del juez a la abogada defensora. Una tiene seis minutos de duración y la siguiente, doce minutos. Es en la segunda comunicación que le dice: “Yo con vos estoy haciendo una deferencia, ¿entendés? No lo estoy haciendo con todo el mundo, no lo hago con los demás”.

La abogada le pregunta por qué lo hace y Mingarini le dice: “Es para que sepas que la audiencia… primero para que lo tengas en cuenta porque la situación, digamos, la condición de esta audiencia que se viene, donde, por la información, este… no… no sería, digamos, sano, sobre todo para tu defendido ¿eh? Porque la verdad es que si él no está cumpliendo como fue despachado en su momento, va a ser un problema. Fíjate bien, manéjalo ¿me entendés?, tal vez, lo que convenga es otra cosa… eso ya es una cuestión de ustedes”.

En el pedido de recusación -realizada en abril de 2020- se destaca la “por lo menos, irregular actitud del señor juez”. Y detallan que adelanta opinión y ejerce una indebida presión para que la defensora no defienda la libertad de su asistido. También señalan la “gravísima e inconstitucional” diferenciación entre autores de diferentes delitos, menguando el principio de igualdad.

 

La presentación también señala que “cuando fue defensor del imputado no realizó ni un solo acto de defensa a favor del mismo, tal como surge de una mera lectura de las constancias obrantes en el legajo de la IPP”. Es decir que esta presentación también denuncia incumplimientos de deberes en el cargo que ocupaba en el Servicio Público de la Defensa Penal y aseguran que “el imputado estuvo en estado de abandono e indefensión absoluta por parte de su defensor Mingarini desde que fue detenido”. En el mismo escrito lo acusan de defensa ineficaz, lo que deriva en un pedido de nulidad de todo lo actuado.