El CEO del grupo Techint, Paolo Rocca, señaló recientemente que el país “necesita inversiones del sector privado” y que para eso “un acuerdo en los próximos meses con el Fondo Monetario va a ser importante”. Sugirió “reducir la presión impositiva para que capitales privados vuelvan a apostar a la Argentina en forma significativa, generando empleo privado y no empleo público o planes”. Concluyó que “cuando compartamos todo esto, con acciones concretas vamos a encaminar el país al crecimiento, la gobernabilidad y el diálogo”.
El planteo de Rocca muestra el grado de subordinación ideológica de grandes empresarios que operan en el país a los intereses que representa el FMI. Techint es una de las principales proveedoras de la obra pública local. ¿Acaso le generaría confianza un acuerdo con el FMI que implique un fuerte ajuste fiscal que frene la obra pública?
No se trata de una hipótesis descabellada si se recuerda que la obra pública fue congelada por la gestión de Mauricio Macri, en el marco del acuerdo con el FMI para lograr el “déficit cero”. De manera similar, es improbable que el FMI avale una baja de impuestos cuando aboga por equilibrar las cuentas públicas. Por caso, a pedido del FMI, Macri debió dar marcha atrás con la baja de retenciones y aportes patronales que previamente había impulsado.
El reclamo contra los planes sociales y el empleo público es otra muestra de cómo grandes empresarios tienen invertido el orden de la causalidad económica. El sostenimiento de los ingresos de la población, sea mediante el empleo público o los programas sociales, es una forma de potenciar el nivel de consumo, que es el primer motor de la demanda. Si se redujeran aquellos, la consecuencia sería una merma en las ventas empresariales que afectaría a la producción, tendiendo a deprimir las decisiones de inversión de los empresarios que atienden el mercado interno.
El pedido de Rocca sólo tiene sentido en una economía cercana al pleno empleo, donde la contratación de trabajadores por parte de las empresas compite con el empleo en el Estado o con los programas sociales. Pero carece de realidad en una economía que empieza a resurgir de una larga crisis y donde los empleos públicos y programas sociales, cuyos ingresos están muy por debajo de la media salarial, no generan ningún tipo de obstáculo a la disponibilidad de trabajadores del sector privado.
La dirigencia empresarial local debería trabajar para que la negociación con el FMI no se lleve puesta la reactivación de la economía. Pero en lugar de defender sus intereses en las negociaciones optan por subordinarse al poder del FMI y condicionar al Gobierno.
Se podría sospechar que detrás de la posición de Techint hay un acuerdo supranacional con Washington a cambio de la protección de sus ventas de tubos petroleros, hoy asediados por la competencia china. Pero esa hipótesis suena demasiado elevada para el bajo vuelo de algunos referentes empresarios.
@AndresAsiain
