La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, requirió juicio contra el abogado Rambert Ríos, de 26 años, imputado por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor. El acusado es el letrado que representó a la familia denunciante de la médica Miranda Ruiz por garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo de una joven de 21 años. Por otro lado, el Concejo Deliberante de Salvador Mazza emitirá dictamen el próximo martes respecto al pedido de medidas disciplinarias para la concejala Claudia Subelza por sus declaraciones públicas ante aquella práctica de aborto.

La denuncia en contra de Rambert Ríos fue radicada por una hermana de la víctima, con quien el acusado había mantenido una relación personal. Según consta en las actuaciones, los abusos sexuales habrían sido cometidos cuando Ríos visitaba al hermano y a la madre de la joven, con quienes había entablado una relación de confianza.

El imputado pidió a la denunciante que retire la denuncia en su contra, luego de que ésta fuera ratificada por escrito, por la propia la víctima.

Luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta confirmara la existencia de una causa penal en su contra,  y del requerimiento de elevación a juicio, el abogado realizó su descargo mediante un comunicado en que acusó a las autoridades de enviarlo a juicio "sin pruebas". Asimismo, acusó al MPF de decir "mentiras"  para desprestigiarlo y con "mala fe". Sobre la acusación en su contra, sostuvo que tuvo una "relación" con la víctima y que ella lo denunció por la separación. 

Ríos acusa a la fiscala Martínez  y a la defensora de género Valeria Magadán de estar "acostumbradas a armar causas" y relacionó la requisitoria a  juicio con la causa en la que él interviene como abogado de la familia que denunció a la médica Ruiz por practicar una ILE.

"Todo esto se origina, por el crimen que hoy me encuentro investigando y creen que, desprestigiándome, van a ocultar la verdad, van a ocultar este asesinato. Pero es dable aclarar que, si a mí me pasa algo, existen más de 300 abogados en la República Argentina que van a continuar con la causa, si a mi intentan hacerme algo, hay abogados comprometidos con la verdad que van a buscarla y aún más, garantizarla, para que se descubra esta mafia judicial, de la cual soy víctima", sostuvo.

Asimismo, el letrado acusó al procurador general Abel Cornejo de ser "cómplice" y dijo que el requerimiento también es porque solicitó un jury contra dos fiscales de la jurisdicción de Tartagal, Martínez y Gonzalo Vega, a quienes acusa por "mal desempeño" en la causa contra la médica. Ríos recordó que acusa al fiscal penal Vega de haber perdido "una prueba importante" en la causa que impulsa por la práctica legal de un aborto. El abogado también aseguró que hay un "ensañamiento" en su contra.  

Pedido de sanciones para Subelza

Por otro lado, el Concejo Deliberante de Salvador Mazza analizó un pedido de medidas disciplinarias realizado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres para la concejala Claudia Subelza. El OVCM recordó que entre sus funciones está la de “examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia” y apuntó a manifestaciones públicas realizadas por Subelza.

El Observatorio afirmó que Subelza “ejerció violencia institucional contra las personas gestantes ya que impide el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad física y psíquica, a la autonomía, el derecho a la libertad no reproductiva, entre otros", además de haber volcado dichos “dando mala información sobre el acceso y ejercicio de un derecho constituido”.

La presidenta del Concejo Deliberante, Maria Ester Valdiviezo, dijo a Salta/12 que la nota de la directora del OVCM, Ana Pérez Declercq, ingresó por correo electrónico el 31 de agosto y pedía una sanción para Subelza. Valdivieso explicó que el martes se trató ese pedido y otro del edil Fabián Renfiges, quien propuso solicitar informes al Ejecutivo municipal porque Subelza refirió tener dos cargos que serían incompatibles, el de concejala y el de directora del área de la Niñez, Adolescencia y Familia. 

Valdiviezo explicó que las propuestas pasaron a comisión. Por el feriado de esta semana en Salta debido a las celebraciones religiosas del Señor y la Virgen del Milagro, recién el martes de la semana próxima se darán a conocer lo dictámenes. 

Por su parte, Subelza dijo a Salta/12 que la acusación contra ella es por "violencia institucional" y negó haberla cometido. "No sé cuál es la violencia", afirmó. Además, consideró que el pedido de sanciones no se tendría que haber tratado porque no entró por mesa de entrada sino por correo electrónico.

Para Subelza, el hecho de que otros organismos pidan sanciones para ella es "violencia institucional". Señaló que los concejos deliberantes municipales son autónomos y reprochó que Pérez Declercq o la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, puedan pedir medidas disciplinarias contra ella. 

Respecto a la doble función como concejala y directora de un área en el Ejecutivo municipal, Subelza aseguró que "trabaja ad honorem". "Sería incompatible si yo cobrara un sueldo", sostuvo insistiendo con un argumento que usó en la sesión. 

Subelza dijo además que no dio datos de la joven que se practicó un aborto por cuyo caso se judicializó a la médica Ruiz. "Lo que hice es pedir y recurrir a la prensa para parar el aborto, al gerente del hospital (de Tartagal) le pedi que parara esto, él dijo que igual se iba a hacer el aborto porque las leyes han cambiado (…). Expliqué que llevaba casi 6 meses, que iba hacer una denuncia, me dijo que haga lo que quiera. Recurrí al médico, a la Justicia, que tampoco me escuchó", sostuvo. Sin embargo, la edila difundió públicamente la localidad donde residía la  joven que accedió a la práctica, y luego contó detalles crudos sobre la supuesta forma en que se desarrolló la ILE. Asimismo, en su perfil de facebook califica de asesina a la médica que realizó la práctica habilitada por la ley argentina. 

Respecto a la requisitoria de elevación a juicio por abuso sexual para Rambert Ríos, Subelza dijo en principio que le parece "una canallada", y lo asoció a que el "doctor Ríos pidió un jury al fiscal por no haber parado el asesinato (en referencia al aborto)".

Subelza sostuvo luego que si bien por el caso en que se acusa a Rambert Ríos "se tiene que expedir la justicia", le parece "llamativo que se haga ahora".

Falta que se difundan leyes

La concejala Valdiviezo dijo que la sociedad de Salvador Mazza está consternada por lo que se dice en los medios y por ello consideró que la Justicia debería expedirse rápido.   

"Cada uno tiene que tomar la decisión que quiera, tenemos esta ley (27.610) (...) No estoy en contra de la ley, necesitamos que se aclare esto porque la situación nos pone en inestabilidad. La ley es nueva, la gente, más que nada las mujeres tienen poco conocimiento, desconocen lo que es la IVE y la ILE, el funcionamiento, hasta dónde tiene el alcance, las mujeres no lo saben", manifestó la concejala. Consideró que si la población tuviera más información no se darían situaciones tan confusas como la que se ha generado en la zona a raíz de una ILE realizada.

"Lo mismo que la Ley Micaela, las instituciones no la aplican. Se observa en todos los municipios, en Pocitos (por Salvador Mazza) no la están aplicando. Es una ley a favor de la mujer. El desconocimiento lleva a un montón de situaciones", sostuvo Valdiviezo.