Cuando se busca a un desaparecido, en teoría, la causa no se cierra jamás, tal como expresaron en los últimos años de esta década y media los sucesivos fiscales que estuvieron a cargo de la causa por la desaparición forzada de Jorge Julio López. Y aunque suene increíble, a quince años de la última vez que fue visto el testigo que contribuyó a condenar por genocidio a Miguel Etchecolatz, hay nueva prueba que se está produciendo en el expediente, en base al análisis de 10 millones de llamadas telefónicas y su geolocalización. "El 18 es una fecha muy significativa para la familia de Jorge Julio López, para la sociedad, los organismos y, en general, para el proceso de verdad y justicia. Como funcionarios estamos comprometidos con la investigación, tomando medidas permanentemente. Se siguen diversas líneas de investigación, algunas de las cuales son de dominio público, y casi todos los días se incorporan elementos a la causa", dijeron a PáginaI12 los fiscales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, de la Unidad que interviene en los procesos por delitos de Lesa Humanidad.

"La investigación y el respeto hacia los familiares exigen prudencia y cualquier declaración nuestra, cuando López continúa desaparecido, estaría demás. Daremos a conocer cualquier novedad significativa cuando ocurra. Se trabaja intensamente y haciendo uso de los recursos que tenemos a disposición", agregaron los representantes del Ministerio Público. Por su parte, la abogada querellante Guadalupe Godoy aseguró que “si la desaparición de López era una consecuencia del juicio contra Etchecolatz, necesariamente tenía que quedar en manos de la Justicia federal, pero a la larga resultaron ser nada eficientes”. Sin embargo, ella y su colega Aníbal Hnatiuk son quienes siguen la causa y aún se sientan a trabajar en ella.

Todas las líneas telefónicas de interés para el caso fueron volcadas --luego de más de cinco años del pedido de Godoy y Hnatiuk--, en un mismo soporte informático que permitirá hacer los cruces y el análisis. "Es un trabajo de hormiga que venimos haciendo hace más de tres años con la colaboración de diferentes agencias del Estado. Los cruces están hechos pero sin conclusiones", confió a este diario una fuente del caso. Se trata de un trabajo de reconstrucción que realizó la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, organismo del Ministerio Público Fiscal) desde diciembre de 2019, y que entregó hace poco a la fiscalía en un software libre y propio, que permite dar referencia a los cruces de llamadas, la localización de los abonados en un mapa, y sus vinculaciones con los sospechosos.

Los registros de llamadas y de su geolocalización son alrededor de 10 millones. La Policía de Seguridad Aeroportuaria se reincorporó en febrero de este año a la investigación y lo está analizando. Sin resultados positivos, pero "sin dejar de hacer nada de todo lo que se queda hacer a 15 años", resumió la fuente. Ante la pregunta de por qué se tardó tanto tiempo, los investigadores explican que la causa se había quedado sin fuerza de seguridad que procesara la información y porque había problemas con la lectura de las viejas bases de datos que fueron pasando de software a lo largo de los años. También jugó su papel la desidia y falta de voluntad política, consideran los querellantes. Éstos son los pasos establecidos por la DATIP:

* Establecer las comunicaciones mantenidas por el abonado del domicilio del desaparecido Jorge Julio López durante el denominado "período crítico", esto es, entre los días 15 y 18 de septiembre de 2006.

* Una vez establecidos los abonados que mantuvieron comunicación con el numero de López, se deben establecer las comunicaciones mantenidas por ellos con otros abonados.

* Todas las comunicaciones que consiguieron activar la antena que recepta el domicilio de Jorge Julio López, ubicado en la calle 140 N° 1799, esquina 69, de Los Hornos, partido de La Plata, entre las 00 y las 12 del 18 de septiembre de 2006, señalado como momento de la desaparición.

* Partiendo del resultado del punto anterior, deberá procederse al entrecruzamiento de cada uno de los abonados que habrían sido utilizados por las personas sospechadas en cada una de las hipótesis vigentes. Una vez que se cuente con los resultados, se solicitará la geolocalización de aquellos que se consideren pertinentes en función de los datos.

Además de los cruces telefónicos, se siguió trabajando la línea de búsqueda de restos NN con la asistencia del Sifebu, del EAAF y de la Policía Judicial del Ministerio Público bonaerense.

En estos quince años en la causa hubo elementos para dar con López, pero los sucesivos jueces y sus auxiliares policiales descuidaron las líneas de investigación que apuntaban a los beneficiarios directos de la desaparición del testigo, en detrimento de las más banales o intencionadas para desviar el eje bien lejos de los represores, como las visiones de la “mujer pájaro” que lo veía en sus sueños. En las primeros días, las pistas disparatadas lo ubicaron a López lejos de Los Hornos, en la Antártida y hasta en Paraguay. Fueron identificados los grupos con capacidad operativa para secuestrar a López, básicamente integrados por los policías del circuito represivo Camps, que casi no fueron investigados, y los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense. 

Condenados en 2010, estos tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios. López, que en total identificó a 34 represores, estuvo preso en la cárcel de La Plata y podría haber declarado también contra ellos en ese juicio. A algunas de estas pistas se refiere el fiscal Schapiro cuando menciona las líneas de investigación que son de dominio público. Para el cuarto aniversario, el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal presentó un testigo falso que motivó el enorme e infructuoso operativo en el parque Pereyra Iraola, con el patrocinio del abogado Alejandro Kalbermatten. A ese tipo de episodios se refieren los querellantes cuando afirman que el poder político también encubrió.

López falta como padre, como marido, como compañero y también como testigo. Tendría que haber dado su testimonio en el proceso contra los represores Etchecolatz y Julio César Garachico, que comenzó el 30 de agosto, por los hechos que tuvieron como víctimas a López y a sus compañerxs de militancia de la unidad básica de Los Hornos.

En el capítulo internacional de esta historia, la querella de Justicia Ya La Plata rechazó la solución amistosa con el Estado argentino en la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pidió que el caso sea elevado a la Corte IDH.

Causa paralela

Fue elevada a una suerte de juicio oral --por el procedimiento se realiza en el propio juzgado-- la causa en la que están procesado ex agentes del Servicio Penitenciario Federal por las irregularidades detectadas en el pabellón de detenidos por causas de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz. Euvaldo Cuenca, a cargo de la División Seguridad Interna, Requisas y Visitas, había sido procesado por “omitir el control de los registros sobre visitas al pabellón de detenidos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Marcos Paz y obstaculizar la investigación por la desaparición de Jorge Julio López”. Lo mismo sucedió con Diego González, Aníbal Cuenca, Rubén Medina, Héctor Altamirano, Diego Díaz y Carlos Grassini.

Estos hechos afectaron una de las principales pistas, la que conducía a los represores detenidos en esa prisión, entre ellos Etchecolatz que fue condenado por el testimonio de López. Esa hipótesis fue frustrada principalmente por las irregularidades cometidas durante un allanamiento realizado en esa prisión en marzo de 2007, luego de que habían sido intervenidos los teléfonos que usaban los presos del pabellón de lesa. Tal como informó PáginaI12 en ese momento, los investigadores encontraron tarjetas para telefonía celular, pero ningún aparato. Aunque las autoridades lo negaron, era obvio que los penitenciarios habían avisado a los represores sobre el procedimiento ordenado por el juez federal Arnaldo Corazza. Un sector de la querella no acompañó la continuidad de la causa por considerar que debió haber sido imputado el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne, que era el jefe político de los agentes penitenciarios.

“A través de la orden dada por el entonces director de Seguridad del Complejo, Héctor Altamirano, se beneficiaba a los ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad que se encontraban detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura; ese beneficio se materializaba en forma de trato privilegiado hacia ellos y sus visitantes, a la hora de las visitas, las llamadas telefónicas y en el nivel de control que se les dispensaba”, habían dicho en su acusación los fiscales. Sostuvieron que las visitas recibidas por Etchecolatz en su lugar de detención “pudieron quedar solapadas por la intervención del personal penitenciario procesado, con la eventual obturación que ello puede entrañar para el desarrollo de líneas de investigación que conduzcan al esclarecimiento de los hechos que tienen por víctima al testigo López”.