Desde Lima
El presidente Pedro Castillo dejó sin piso el anuncio de su primer ministro de una posible expropiación de los yacimientos de gas, en manos de un consorcio transnacional en el que participan dos empresas argentinas. Castillo se apresuró en buscar bajarle el tono al revuelo causado por las declaraciones del jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, quien anunció que si el Consorcio Camisea, que explota y distribuye el 92 por ciento del gas producido en el país, no aceptaba renegociar los términos del contrato con el Estado, denunciado desde diversos sectores por favorecer al consorcio privado en perjuicio del país, los yacimientos gasíferos serían nacionalizados. El presidente ratificó la voluntad del gobierno de renegociar los contratos del gas para mejorar la participación del Estado y bajar su precio para los consumidores, pero negó una posible estatización. Castillo aseguró que esa renegociación se haría “con respeto irrestricto al Estado de derecho”.
Bellido desató la tormenta con su sorpresivo anuncio. “Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, señaló el jefe del gabinete ministerial. La sorpresa no estuvo en el llamado a una renegociación, intención que el gobierno ha dejado clara desde un inicio y que es una oferta de campaña, sino en el anuncio de una posible expropiación.
"Amenaza comunista"
El mensaje de Bellido que abre la puerta a una estatización -que después Castillo cerró- fue aprovechado por la oposición de derecha, política y mediática, para reforzar sus ataques contra el gobierno de izquierda, buscando crear un escenario de incertidumbre y temor, hablando de “amenaza comunista” y “estatización de la economía”. Ataques que se dan en un contexto en el que un sector de la oposición, con importante presencia en el Congreso, y buena parte de los medios, maniobran para desestabilizar al régimen de Castillo. Los empresarios amenazaron con una retracción de las inversiones.
Buscando tranquilizar las cosas, Castillo escribió en Twitter: “En este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor”. Su mensaje ha sido una desautorización a su jefe de gabinete. Pero los ataques de la derecha no bajaron el tono. En el Congreso, la oposición anunció que llamará al jefe del gabinete por sus declaraciones y amenazó con destituirlo -el Congreso tiene la facultad de censurar ministros- si el presidente no lo cambiaba.
En un reciente viaje a Estados Unidos, Castillo se reunió con organismos financieros y empresarios, a quienes les aseguró que está descartada la posibilidad de alguna estatización. En esa línea, el ministro de Economía, Pedro Francke, ha asegurado en varias ocasiones, en medios y en reuniones con empresarios, que no habrá estatizaciones. Lo dicho por Bellido sobre el gas de Camisea va en sentido contrario.
Diferencias internas
En el gobierno todos coinciden en la necesidad de renegociar los contratos de Camisea, pero hay discrepancias sobre si la expropiación debe ser una alternativa. Diferencias que se han hecho públicas en medio de tensiones al interior del gobierno por discrepancias entre sus miembros. Se habla de un sector radical y otro moderado. Bellido, congresista y dirigente del partido oficialista Perú Libre (PL), está identificado con el llamado sector radical, que encabeza la cúpula de PL. El secretario general de PL, Vladimir Cerrón, salió a respaldar con entusiasmo la estatización del gas. La bancada parlamentaria oficialista, de 37 miembros sobre un total de 130, que tiene como vocero al hermano de Vladimir Cerrón, apoyó a Bellido, pero un grupo de legisladores oficialistas aclararon que ese pronunciamiento no era respaldado por toda la bancada. Varios ministros, entre ellos los de Energía y Minas y Economía, se pronunciaron en contra de una posible estatización del gas. La derecha azuza y explota las diferencias en la interna del gobierno para golpear al régimen de Castillo, al cual buscan tumbarse.
Consorcio con capitales argentinos
El Consorcio Camisea está formado por cinco empresas, entre ellas las argentinas Pluspetrol, con 27,2 por ciento, y Tecpetrol, que tiene el 10 por ciento. Las otras empresas son la estadounidense Hunt Oil (25,1 por ciento), la coreana SK (17,6 por ciento), la española Repsol (10 por ciento) y la argelina Sonatrach (10 por ciento). Los contratos de explotación y comercialización del gas, que entraron en vigencia en 2004, son cuestionados porque permiten su exportación con un pago bajo de regalías. Se ha priorizado la exportación y no ha habido una política para masificar el consumo interno de gas natural, más barato y menos contaminante que el gas licuado de petróleo. El consumo de gas natural es bajo y está concentrado fundamentalmente en Lima. Los yacimientos gasíferos de Camisea están en el sur del país, pero esas poblaciones no tienen acceso a este gas.
Priorizar el consumo interno del gas producido en el país y mejorar la participación del Estado en las utilidades de la exportación, son puntos centrales de la renegociación que impulsa el gobierno. Este lunes, Bellido entregó personalmente en las oficinas de Pluspetrol una carta convocándolos para este miércoles a una primera reunión para iniciar esta renegociación. La derecha, que ha puesto el grito en el cielo por las declaraciones de Bellido, ha avalado por años esos contratos lesivos a los intereses del país.
