Mauricio Macri deberá presentarse este miércoles al mediodía en el Juzgado Federal de Dolores para ser indagado por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. De la última audiencia, Macri se llevó una semivictoria al lograr aplazar la declaración y al poner el juez que lo investiga, Martín Bava, en una situación incómoda. Esa incomodidad creció en las últimas horas después de que la Cámara Federal de Mar del Plata decidiera abrir el trámite para ver si Bava sigue con la causa o es apartado, como pretende el expresidente. El tribunal marplatense hará una audiencia el 12 de noviembre para analizar la permanencia del juez que subroga en Dolores. La fecha se corresponde con el último día hábil antes de las elecciones. Macri, que hizo campaña con que Bava ya tiene escrito su procesamiento, se entusiasma con la posibilidad de que las definiciones queden para después del 14 de noviembre.

El primer cara a cara entre Macri y Bava no fue armonioso, y éste tampoco promete serlo. El expresidente se presentó el jueves pasado ante el juez que subroga en Dolores después de dos faltazos. Una vez allí, su defensor, Pablo Lanusse, preguntó si Macri estaba relevado del deber de guardar secreto en cuestiones de inteligencia que podrían afectar la seguridad nacional. Lo que sucedió a partir de ahí es materia de discusión entre la defensa de Macri y el juez. Lanusse sostiene que Bava afirmó que la falta del relevamiento se debió a un error del juzgado, mientras que Bava sostiene que la defensa estaba al tanto desde el 19 de octubre --por ende, podría haber pedido se levantara el secreto si creía que era imprescindible para que declarara--.

Con esa base y denunciando la falta de independencia del juez, el abogado de Macri pidió el lunes --por segunda vez-- que se lo aparte. Bava respondió que el planteo no era sensato y lo rechazó in limine. La cuestión llegó a la Cámara Federal de Mar del Plata el lunes por la tarde. Este martes, lo discutieron los dos integrantes del tribunal, Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, y el tribunal informó, por un lado, que haría la audiencia que reclamaba Lanusse y, por otro, que pediría la grabación de la audiencia del jueves pasado. "La decisión de la Cámara es una clara señal contra el Juez Martín Bava", evaluó la abogada querellante Valeria Carreras.

En ese contexto, Macri llega más fortalecido y Bava, más condicionado. La semana anterior, la Cámara Federal de Mar del Plata había confirmado al juez en el caso sin hacer la audiencia, aunque le había ordenado que actuara con mesura y prudencia. Lo que no le salió bien a Macri fue el intento de terminar de politizar la causa. La Cámara rechazó dos medidas que apuntaban en ese sentido: no aceptaron ni pedirle al Ejecutivo Nacional las actuaciones anteriores a que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto que lo relevaba a Macri del secreto ni consintieron incorporar la declaración de 24 expresidentes de la derecha iberoamericana que salieron en apoyo del líder del PRO.

En el entorno de Macri confirman que irá a Dolores aunque deslizan que el juez debería postergar la audiencia hasta que la Cámara resuelva la recusación. El intendente local, Camilo Etchevarren, convocó a concentrarse en la Plaza Castelli a las 11.15 para acompañar a Macri. Fue el mismo lugar que estuvo semidesierto la semana pasada, tanto que Macri debió decir que no había llegado la gente porque había muchos controles en la ruta. “No, eso es algo que organiza el intendente local que quiere ser gobernador”, responden asesores del expresidente. Esta vez, el PRO no convocó a movilizar y sólo un grupo de diputados acompañará a Macri.

El interrogante ahora es qué hará Macri cuando esté frente a Bava nuevamente y después de haber reclamado que se lo relevara del secreto para declarar. Hasta la semana pasada, la estrategia estaba centrada en que hiciera un breve descargo --dijera que el juez no era competente y que no había existido el espionaje-- y entregara un escrito. Por el momento no adelantan si esa estrategia sigue en pie.

El fiscal Juan Pablo Curi --que la semana pasada coincidió con la defensa en que era necesario levantar el secreto para que declarara-- preparó en todas las indagatorias anteriores un pliego de unas 30 preguntas. Otras tantas tendrá el juez. Habrá que ver si Macri quiere contestarlas. Hasta el momento la única explicación que ensayó en los medios fue que las tareas que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre los parientes fueron en sintonía con la Casa Militar para garantizar su seguridad. Ese argumento, dicen sus asesores, no estará en la explicación ante el juez, que ya lo desestimó en otras indagatorias.

Los asesores de Macri andan con el calendario en la mano: calculan que si Bava logra indagar a Macri este miércoles, por los diez días que establece el Código Procesal estaría en condiciones de resolver su situación el 18 de noviembre --cuatro días después de las elecciones--. Podría hacerlo antes, pero aducen que, si lo hiciera, eso comprobaría que el juez quería procesarlo antes de los comicios.

Es probable que el juez espere a la resolución de la Cámara Federal antes de definir si procesa, sobresee o le dicta una falta de mérito a Macri en la causa, por lo que sería improbable que se conozca la resolución antes de las elecciones. Un peligro, en ese sentido, es que la Cámara de Mar del Plata le saque la causa antes de lograr resolver la situación de Macri, a quien ya citó cuatro veces para indagarlo.

Hasta el momento, Bava procesó a nueve personas y aún resta que defina la situación procesal de otros dos que fueron indagados, los directores operacionales de Contrainteligencia de la AFI macrista, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste. Dalmau pidió ampliar su indagatoria e irá el jueves a Dolores. La declaración de Coste era la que más preocupaba en el macrismo porque fue el agente que denunció los desmanejos de la AFI de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani.

Bava entiende que Macri ordenó y posibilitó el espionaje, que se llevó adelante sobre los parientes de los submarinistas entre diciembre de 2017 y finales de 2018. Las tareas de inteligencia ilegal se hicieron desde la delegación Mar del Plata de la AFI e incluyeron seguimientos, infiltraciones y ciberpatrullaje.