Los malos resultados de las PASO para el oficialismo agudizaron los debates internos acerca del rumbo de la política económica. Las quejas de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en torno a la falta de políticas expansivas, tienen una base en el resultado fiscal de los primeros cinco meses de este año, que fue más cauteloso que el visto en cualquier año de la gestión de Macri, excepto por el 2019. La política de austeridad responde tanto a las negociaciones para llegar a un acuerdo con el FMI como a los resabios monetaristas de quienes llevan adelante la política económica, sostenidos aún después del fracaso del programa de emisión cero de Macri en 2019.

El argumento del Ministerio de Economía viene siendo que el gasto primario es superior al de 2019 pero inferior al 2020, que fue un año excepcional. Al mes de septiembre, el gasto primario ejecutado equivale al 14,3 por ciento del PBI, contra el 10,7 por ciento que se había ejecutado a esta altura del año en 2019. 

Sin embargo, ese mayor gasto está explicado por algunos rubros puntuales, como es el caso de los subsidios, que ya alcanzan el 2,2 por ciento del PBI en lugar del 1,1 por ciento de 2019. Al mismo tiempo, las jubilaciones, que son un rubro muy relevante tanto por su volumen como por su impacto social, están en un nivel de gasto muy similar al de 2019, ya que anotan un 5,3 por ciento este año frente al 5,4 por ciento aquel año. Este parecido se debe a que la fórmula jubilatoria vigente ha dado magros resultados a raíz de la elevada inflación que hubo desde fin de año. En el último tramo del año, las jubilaciones deberían empezar a tomar más dinamismo de la mano de mejores datos en la recaudación.

El gobierno respondió al resultado de las PASO con una agenda económica que es más declarativa que real. Los anuncios hechos en los últimos 45 días no tienen un impacto muy significativo en las cuentas públicas y por ende tampoco lo tendrán en la actividad económica. En este punto hay un parecido con la estrategia económica que desplegó el macrismo entre las PASO y las generales de 2019. 

Nada garantiza que la respuesta del electorado sea comparable, puesto que las demandas hacia cada frente político son considerablemente distintas. Por ejemplo, algunos de los anuncios no llegan directamente al bolsillo sino que se trata de una mayor cobertura en servicios sociales o beneficios fiscales como los programas Registradas y de Monotributo Social.

La plata que va a poner el Gobierno en la calle son 100 mil millones de pesos, sólo el 0,23 por ciento del PBI, concentrados en la suba del mínimo no imponible de Ganancias y bonos para asignaciones familiares. No es un monto que pueda mover la aguja en términos macroeconómicos. Cuando se conozca el resultado de las elecciones generales se podrá saber si se intensifica la disputa interna por no haber tomado medidas todavía más audaces o bien si se reivindica un sector que apuesta a mantener la performance electoral en un guarismo competitivo con la menor cantidad de recursos posibles.

@AndresAsiain