En una conferencia de prensa, los abogados Alfredo Guevara y Horacio Baez explicaron los alcances de la denuncia penal que presentaron esta mañana por la persecución contra militantes de la Tupac Amaru en Mendoza, que comenzó a principios de abril con la detención de Nélida Rojas, responsable de la agrupación en la provincia, junto a su esposo Ramón y dos de sus hijas: Leonela y Carla.
“Se trata a personas simplemente denunciadas como si estuvieran condenadas, tal como lo ha señalado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Milagro Sala”, afirmó Guevara en referencia a la líder de la Tupac, que está detenida irregularmente desde enero de 2016.
En la denuncia presentada hoy se acusa a la fiscal Gabriela Chaves y a otros funcionarios de apremios ilegales, privación ilegal de la libertad, violación de deberes de funcionarios públicos, utilización innecesaria y desproporcionada de la fuerza pública, vejaciones e incomunicación indebida, entre otros delitos. Los abogados adelantaron que la denuncia también será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está sesionando en el país.
Los abogados, acompañados de familiares de los militantes detenidos, legisladores y referentes de derechos humanos, enumeraron los hechos que propiciaron la presentación penal:
- El violento traslado de Nélida Rojas y sus hijas Carla y Leonela Martinez desde la cárcel del Borbollón a la de Agua de las Avispas durante el fin de semana en el que fueron detenidas. Afirman que en ese traslado se violaron los estándares establecidos en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- El allanamiento al galpón de la Tupac Amaru ordenado por la fiscal Chaves el 14 de abril, que fue realizado de noche y sin orden de un juez. Denunciaron que durante ese operativo fue desalojado e interrogado ilegalmente el encargado del lugar, Agustín Valdivieso. También fue amedrentado con itakas el hijo de Nélida Rojas, Aldo Martínez, y la fiscal amenazó una de las hijas de Rojas, Natalia, con detenerla e imputarla.
- La privación ilegítima de la libertad de Damián Torrengo, que fue detenido durante algunas horas por orden de la fiscal sin mediar ningún delito que lo justifique.
- La privación ilegal de la libertad de Belén Aldana Romero y Natalia Estefanía Rojas cuando concurrieron al Banco Nación a realizar un pago. Fueron detenidas por dos policías y demoradas en un sector de la institución. Una de ellas se encontraba con su bebé de 9 meses.
- El allanamiento a la casa de Nélida Rojas, en el que se encerró en una habitación a siete personas. Dos de ellas fueron interceptadas cuando salían de la casa al hospital dado que una menor de edad con diabetes había sufrido una descompensación. Los policías les negaron la atención médica durante tres horas y media.
- La citación masiva de testigos tras un rastrillaje realizado casa por casa en el barrio Tupac Amaru II del Departamento de Lavalle. “Constituyó una verdadera razzia que tiene que ver con el incremento de la presencia y ocupación territorial por parte de policías dispuesta por la Fiscalía a fin de instalar el terror entre los habitantes del lugar”, afirma la denuncia.
- La privación de la libertad de Damian Josue Torrengo, Natalia Estefanía Rojas y Aldo Gabriel Martinez cuando el pasado 20 de mayo salieron de visitar a su madre Nélida Rojas en el penal de Agua de las Avispas. Fueron interceptados por un desproporcionado operativo policial en el que intervinieron dos móviles que cortaron la ruta 40, cuatro motos y dos camionetas.
En la conferencia de prensa, Guevara aseguró que todos estos hechos se producen en el contexto de una causa irregular porque la fiscal Chaves avanzó en una investigación sobre la que no tiene competencia. “Pese a que no ha imputado a Nélida Rojas ni a los demás perseguidos ningún delito que tenga que ver con la utilización de fondos nacionales destinados a construcción de viviendas, ha orquestado una insólita causa por asociación ilícita, en base a informes de la AFIP sobre bienes de algunos de sus hijos”, explicó.
Añadió que la investigación contra Rojas se sustenta solo en denuncias hechas por ex afiliados de la Tupac, difundidas por medios de comunicación, en las que afirman haber sido forzados a concurrir a manifestaciones, realizar trabajos comunitarios y pagar una cuota social bajo amenaza de perder su vivienda. Al respecto, el letrado sostuvo que los hechos fueron calificados como extorsión “sin que exista en los registros de jurisprudencia nacional o internacional semejante precedente”. “Ninguna de las personas fue reclutada o afiliada forzosamente a la organización y todas tenían la libertad de desafiliarse en cualquier momento”, precisó.
