Al líder de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina le instalaron cámaras y micrófonos en su celda mientras estuvo detenido en el penal de Ezeiza y en el de Marcos Paz. Lo que registraban las cámaras después iba a parar en manos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que dirigía Cristian Ritondo, y de la Gendarmería Nacional, la fuerza de máxima confianza de Patricia Bullrich. La información surge de una causa que terminó archivada en la justicia federal de Lomas de Zamora y a la que accedió Página/12, y muestra que intramuros existía el mismo interés por Medina que el que demostraron funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y altos mandos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la reunión que se llevó adelante en el Banco Provincia para consensuar cómo armarle denuncias que pusieran al líder sindical tras las rejas.
Al “Pata” Medina lo detuvieron el 26 de septiembre de 2017. Exactamente tres meses y diez días después de la reunión en la que el ministro de Trabajo Marcelo Villegas les dio directivas a los empresarios acerca de cómo armar denuncias contra el dirigente de la Uocra que era la causa de todos sus desvelos. En el encuentro estuvieron tres de los hombres más poderosos de la AFI: el entonces jefe de Gabinete Darío Biorci, el director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y el director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano. Su presencia es un indicio claro de que el interés por el “Pata” Medina hermanaba al gobierno nacional de Mauricio Macri y al bonaerense de Vidal.
En pleno verano de 2018, el 2 de enero, el subsecretario de Justicia Adrián Grassi fue de visita a la AFI a ver a De Stefano, a quien había escuchado explicar cómo “complicarle la vida” a Medina en el Banco Provincia. Un día después apareció un artículo que denunciaba que Medina controlaba a “patotas de la Uocra” desde la cárcel. Esa nota dio pie a una causa judicial, a cargo del juez Federico Villena, en la que se buscó acreditar la veracidad de esa denuncia. Después se sumaron otros artículos que daban cuenta del ataque en Rosario a un hombre que participaba de la intervención de la UOCRA en La Plata, decidida después de la detención de Medina.
Las tareas para controlar a Medina en la cárcel quedaron en manos de Cristian Suriano, entonces a cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Suriano es un penitenciario de larga trayectoria. Ingresó como cadete en 2000 y hasta 2020 fue el director principal de Análisis de la Información –es decir, de inteligencia del SPF o del Área 50–. Suriano era, además, uno de los vínculos directos con los espías conocidos como Súper Mario Bros y es uno de los dos penitenciarios que siguen procesados por violar la ley de inteligencia durante el macrismo, pese a que la Cámara Federal porteña dijo que no hubo un plan sistemático de espionaje durante el macrismo.
Suriano se entusiasmó rápidamente con la investigación sobre Medina y le preguntó al juzgado si era necesario que instalara cámaras y micrófonos en la celda subrepticiamente. Le dijeron que sí, y así se cableó la celda 15 del Pabellón “C” que ocupaba el “Pata”. Sin embargo, rápidamente desde el SPF advirtieron que el dirigente sindical no tenía ni teléfonos ni otro dispositivo que le permitiera seguir en vivo qué pasaba con su gremio.
La tarea de los agentes de inteligencia se convirtió así en algo parecido a La vida de los otros versión penitenciaria. “Se puede informar que el interno no realiza actividades en conjunto, pasa la mayor parte del tiempo en su celda leyendo o mirando películas (en) un DVD portátil, así como tampoco se observa que otros internos ingresen a su celda a dialogar con él”, escribieron con cierto tedio. “Hasta el momento no se ha detectado que posea algún tipo de aparato de telefonía móvil o similar para comunicarse con el exterior”, concluyeron.
Los supuestos teléfonos móviles –que dieron pie a la investigación– nunca aparecieron, pese a las insistentes preguntas de la Unidad de Inteligencia Buenos Aires de la Gendarmería que consultó en varias oportunidades por requisas al lugar donde estaba alojado Medina. Lo que sí hizo el SPF fue listas con quienes visitaban a Medina e incluso incorporó sus fotos. También le proporcionó a la Gendarmería un croquis con la ubicación de las celdas. En los informes no solo se incluyó la situación procesal de Medina, sino de otros presos como Roberto Baratta, Lázaro Báez, Nelson Lazarte o Rafael Llorens.
A Medina lo cambiaron de pabellón en agosto de 2018 después de una pelea con Fabián de Sousa y en la que medió José María Núñez Carmona, como relató este diario. En el pabellón H, el SPF tuvo una dificultad adicional para espiarlo. La cámara estaba tapada. Eso sí, los penitenciarios explicaron que no fue el “Pata” quien la tapó al advertir que lo estaban vigilando, sino un evento fortuito. Para diciembre de ese año, lo mudaron al penal de Marcos Paz. Antes de que llegara a su nuevo destino, ya habían instalado cámaras y micrófonos.
En Marcos Paz tampoco fue sencillo para los penitenciarios husmear: no había sonido ni había conexión, por lo que no podían observar en vivo y en directo. Para esas tareas, el Área 50 tenía un centro de monitoreo en una casita ubicada en la calle Varela al 266.
La dirección de Investigaciones del Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad de la provincia --señalado también por su rol en el armado de causas por Alberto Pérez, entre otros-- también accedió a los videos de Medina en la cárcel, pero tampoco encontró nada sustancioso. El informe de los bonaerenses mencionó actividades diarias y rutinarias como asearse, dormir y practicar lectura. “En las imágenes observadas no se ha podido notar la presencia de visitas, siendo (que) quienes ingresan al recinto de alojamiento resultarían personal propio del Servicio Penitenciario quienes practicarían la diligencia de inspección de calabozo”. Así fue como, a principios de 2019, la causa se cerró sin ningún otro resultado más que haber espiado a una persona privada de su libertad.
El caso de Medina fue uno de los que analizaron el juez Juan Pablo Augé junto con los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide como parte del espionaje penitenciario, que incluyó la intervención de los teléfonos del penal de Ezeiza y las escuchas por parte de la AFI. La intrusión no solo alcanzó a los presos, sino también a sus familiares y a sus abogados. Solo Suriano y su número dos, Juan Carlos Silveira, quedaron procesados –tras la intervención de la Cámara Federal porteña– por ese capítulo lúgubre.
