Los porcentajes de pobreza e indigencia son visiblemente mejores que desde hace uno y sobre todo dos años atrás, en plena crisis mundial por la covid-19. La pobreza bajó de 40,6 a 37,3 por ciento y la indigencia pasó de 10,7 a 8,2 por ciento en el segundo semestre de 2021. Sin embargo los guarismos aún no alcanzan los niveles pre pandemia y ya quedaron antiguos en un contexto de inflación acelerada, sobre todo de alimentos.

Una baja del desempleo a niveles históricos, una industria recuperándose y ahora una baja de pobres e indigentes no parece coincidir con las escenas cotidianas de gente durmiendo en la calle, vendiendo pañuelitos descartables en bares, semáforos y negocios, tocando timbres para pedir plata, ropa o un plato de comida. PáginaI12 consultó a especialistas en la temática: ¿Por qué los números de actividad y empleo se vuelven asintomáticos cuando se entra a los barrios populares? ¿Qué hace falta para bajar la pobreza en Argentina?

La ecuación

Si bien el crecimiento económico y la creación de empleo son condiciones necesarias para reducir la pobreza, la ecuación cuenta con una tercera variable importante que es el poder adquisitivo, es decir la capacidad de los ingresos de las personas para adquirir ropa, alimentos y pagar los servicios del hogar.

"La idea de resolver la pobreza dando trabajo no aplica", grafica el investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba Gonzalo Asussa, "porque si el trabajo que se da es precario e informal lo mas probable es que solo tengamos un trabajador más trabajando y en condiciones de pobreza".

"Tener empleo ya no nos asegura el incremento de posibilidades, de mejora de calidad de vida. Para salir de la pobreza no alcanza con tener un sueldo", sentencia la economista integrante de Paridad en la Macro Lucila Ostropolsky, que resume las principales problemáticas de la pobreza de Argentina en un triángulo que vincula la falta de movilidad social ascendente con la inflación y, particularmente, al incremento de precios en bienes de primera necesidad.

"Los sueldos no alcanzan para llegar a la canasta básica, que hoy esta en 83 mil pesos para una familia promedio. La mayoría de los que están empleados no llegan a ese sueldo", explica la trabajadora de la economía popular y diputada por el Frente Patria Grande Natalia Zaracho.

Además, si bien el guarismo de desempleo de 2021 fue histórico por lo bajo, la secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Dina Sánchez, hace doble click sobre esos datos y alerta: "Se mide contemplando a los cuentapropistas o monotributistas, lo cual no es empleo en blanco con cumplimiento de los derechos laborales sino que en la mayoría de los casos se trata de informalidad laboral. Además, los salarios que se pagan no son acordes al costo de vida actual que cada vez es más difícil de asumir".

¿Qué proponen?

"En el corto plazo el descenso de la inflación sosteniendo los niveles de actividad económica. En el largo plazo una clave importante está asociada a la estructura del mercado de trabajo, mercados fuertemente segmentados producen exclusión altos niveles de exclusión laboral que potencian desigualdades estructurales", asegura Juan Ignacio Bonofiglio, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

"Una de las mejores políticas para distribuir mejor el ingreso y reducir la pobreza que no se han aplicado en Argentina son las reformas fiscales. Es que nuestro país tiene una amplia cobertura de transferencia de ingresos pero no tiene un sistema fiscal distributivo", asegura Asussa y agrega que la pandemia nos permitió empezar a cuestionar y a pensar en una reforma fiscal: " Eso que apareció en 2020 como el aporte solidario y hoy se reinstala con la propuesta de penalizar a quienes no tienen declarados bienes en el exterior para pagar parte de la deuda con el FMI es una iniciativa que merece concentrar buena parte de la energía, porque puede tener efectos redistributivos con horizontes de igualdad".

Zaracho, en representación del Frente Patria Grande, insiste con la implementación del Salario Básico Universal como una de las medidas para bajar la pobreza, "que garantice que la gente tenga mínimamente un ingreso para garantizar el acceso a alimentos". Agrega además la política de acceso a la tierra, "para garantizar que los pequeños productores que trabajan en las periferias y alimentan a quienes vivimos en la ciudad puedan ser dueños de la tierra para garantizarnos alimentos más sanos y más baratos"

Dina Sánchez complementa y agrega un condimento complejo: "No va a ser fácil reducir la pobreza si el Fondo Monetario va a estar monitoreando y condicionando las políticas económicas. Insistiremos con el salario básico universal, con la Ley de Envases, con la Ley de Cinturones Hortícolas, y otras que desde el conjunto de la UTEP estaremos trabajando para que se escuche la voz de los humildes".