La fiscala de Impugnación Josefina David de Herrera ordenó el archivo de la causa que investigaba la responsabilidad de la jueza de Familia Mercedes Cabrera y las asesoras de Menores Noelia Pérez de González y Gabriela Cardón en la muerte de Franchesca Guzmán Colque. 

David de Herrera avaló el dictamen que había emitido el fiscal penal Juan Marcos Ezequiel Molinatti en la causa que buscaba determinar si las funcionarias judiciales habían incurrido en un delito al otorgar la tutela a la madre de la niña que finalmente falleció en un marco de maltratos. Así lo informó la Fundación Papis, que representa al padre y a la abuela paterna de la nena en el proceso. La organización ya presentó la oposición al archivo de esta investigación. 

El 22 de junio de 2021, la madre de Franchesca, de dos años de edad, llevó a la niña ya fallecida a un Centro de Salud. Se encontraba desnutrida, deshidratada y con lesiones de vieja data, según confirmó luego la autopsia. La madre de la nena, Micaela Noemí Colque, se encuentra detenida y a la espera del juicio acusada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Pese a que ayer en algunos medios de comunicación se hablaba de la liberación de la imputada, se desconoce por ahora la fecha del juicio y por lo tanto, de la posible liberación de la mujer.

Colque había dejado a Franchesca con su abuela paterna apenas nació el 14 de mayo de 2019. Pero solicitó su restitución a los días. Tras las audiencias y la falta de una conciliación entre la abuela paterna y la madre, y lo indicado en los informes ambientales del caso, la jueza Cabrera ordenó la restitución de la beba a su madre, lo cual se concretó el 7 de julio de 2020. Las actuaciones fueron seguidas por la asesora de menores Noelia Pérez. A los 11 meses de esa restitución, el 22 de junio de 2021, Colque apareció en el Centro de Salud del barrio Provipo con la niña fallecida en brazos.

En diciembre de 2021, cuando sucedieron los hechos y ante la representación de la Fundación Papis que preside Lucrecia Miller, surgieron algunas versiones oficiales de las partes involucradas en la investigación. Desde el Ministerio Pupilar se había asegurado que hasta “junio del año 2021, cuando se produjo el deceso de la niña, no se registró ninguna denuncia ni alerta de posibles actos de violencia o abandono por parte de la madre hacia su hija, que pudieran haber activado las actuaciones de resguardo y protección”. Por su parte, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, quien llevó adelante la investigación contra Colque, señaló en su momento que de la investigación surgió que un agente sanitario de la zona había indicado, tras una de sus visitas, que la nena ya se encontraba con bajo peso. Además, una vecina había concurrido al Centro de Salud a avisar que la nena tenía un bajo peso notorio.

En aquel momento, se detectó otro desencuentro de información cuando desde la Asesoría se afirmó que además de no presentarse en ningún proceso judicial ni extrajudicial, el padre no había reconocido a la nena. La fiscala, en cambio, aseguró que el reconocimiento legal de paternidad sí existía. Las investigaciones sobre las funcionarias actuantes (a las que se sumó la investigación de la actuación de la asesora de Menores, Gabriela Cardón) quedaron en manos de Molinatti.

“Encubrimiento”

En el comunicado que dio a conocer la Fundación Papis se indicó que “el archivo y desestimación del expediente iniciado para investigar la responsabilidad de las funcionarias actuantes en la muerte de Franchesca, darían a pensar en un encubrimiento por parte del Sistema Judicial y Ministerio Publico”. Pues a entender de la organización “esta muerte se podría haber evitado si las funcionarias intervinientes hubieran estado presentes con acciones de mayor control y rigurosidad, más aun tratándose de una situación de alto riesgo que, indudablemente, no fue supervisada de manera eficaz”.

La Fundación sostuvo que sus apreciaciones “surgen de la compulsa de las actuaciones”, a las cuales pudo acceder. Entendió que “el severo cuadro de desnutrición que exhibía esta pequeña e indicios de malos tratos, al momento de su muerte, fueron desconocidos por falta de seguimiento de las instancias responsables que otorgaron el cuidado a una progenitora de alto riesgo, por los antecedentes de abandono y que debiera haber sido motivo de acciones de especial apoyo y supervisión por parte de las instancias que otorgaron el cuidado personal a la madre”.

Miller recordó que Franchesca es la tercera pequeña que bajo protección oficial del Estado termina muerta, un desenlace podría haberse evitado. Por ello, se elevó un “planteamiento de oposición por el archivo de la causa efectuado”. Miller, titular de Papis, dijo a Salta/12 que, en caso de que su pedido se desestime, recurrirá a instancias superiores, y si es necesario, al pedido de jury de enjuiciamiento para determinar la responsabilidad de las funcionarias involucradas.

A ello añadió la necesidad de hacer una reflexión a fondo sobre el sistema de protección actual, en tanto son “miles de niños y niñas que pasan por el mismo con fines de ser protegidos y asistidos”. Sin embargo, desde la década de los 90, cuando falleció una nena en circunstancias similares a Franchesca, pasando en 2015 el caso Thiago, también muerto por los maltratos de quienes tenían su tutela, hasta Franchesca, ningún funcionario judicial o de la Asesoría de Menores perdió su cargo, según lo confirmó por Miller.