El intendente de la localidad de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz (PJ), acusado por dos jóvenes por hechos de violencia y abuso, sigue eludiendo a la Justicia de Catamarca. Tras las presentaciones y apelaciones que realizó para evitar la imputación el 30 de mayo tenía cita para una audiencia en la Cámara de Apelaciones, pero solicitó esta semana que se la suspendan. Una de las sobrevivientes debió irse de la provincia para evitar el hostigamiento.

Las denuncias contra Guaraz fueron radicadas el 4 y 5 de junio del año pasado, sin embargo, hasta el momento el funcionario comunal nunca prestó declaración indagatoria ante la Justicia provincial.

El Intendente, quien además carga con una decena de denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, intimidación pública y abuso de autoridad, había sido acusado esta vez privación ilegitima de la libertad y violencia de género por una de las jóvenes y por abuso sexual y coacción y por la otra sobreviviente.

En diciembre del año pasado, la defensa de Guaraz había solicitado que declaren los familiares de una de las sobrevivientes, la psicóloga que concretó la pericia psicológica y la propia víctima, pero el Ministerio Púbico Fiscal no hizo lugar por considerar que se trata de una revictimización. El funcionario apeló esa decisión y en marzo de este año, el Juzgado de Garantías resolvió en el mismo sentido, pero él volvió a apelar.

La Cámara de Apelaciones y Exhortos había fijado fecha para resolver para el 30 de mayo, pero ayer se supo que por inconvenientes del defensor, quien tendría otra audiencia por un caso distinto, se pidió la suspensión y que se vuelva a fijar una fecha.

En tanto, en la otra causa donde había sido imputado, se opuso al decreto de determinación del hecho y sobre ese pedido también deberá expedirse un juez.

Mientras tanto, ambas sobrevivientes debieron irse de su pueblo natal y dejar a sus familias. Una de las jóvenes se había ido para poder radicar la denuncia y ya no volvió por miedo. La otra joven lo hizo en los últimos meses y viajó a otra provincia para poder trabajar y evitar el hostigamiento constante que le impedía hacerlo en el pueblo que gobierna el acusado.

La desprotección del Estado y el miedo que ambas sienten fue manifestada por ellas mismas en diferentes entrevistas dadas a Catamarca/12 y a través de sus redes sociales.

“¿Hasta cuándo debo seguir esperando para que la Justicia actúe?¿Hasta cuándo debo seguir esperando que el poder político obre según declama? O, acaso ¿La perspectiva de género sólo aparece en las redes sociales? ¿Acaso tengo que pensar que mi agresor está, como en otros tiempos ´comprando´ con dinero del pueblo, a la justicia?”, había manifestado una de ellas.

La otra denunciante llegó a presentar cartas en la Cámara de Diputados de la provincia, pidiendo que aparten de sus funciones al Intendente y señalando la “clara asimetría de Poder que existía entre él y ellas”, pero nada se resolvió al respecto.

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