La Sala B de la Cámara Comercial volvió a fallar en favor de los intereses del Grupo Macri en el caso de la deuda del Correo Argentino. Dos integrantes de ese tribunal, Matilde Ballerini y la subrogante María Elsa Uzal, ratificaron su decisión de dejar en suspenso la revisión de la quiebra de la empresa, dictada hace ya casi un año, al rechazar los recursos de la fiscala Gabriela Boquin y de la Procuración de Tesoro, que representa al Estado Nacional como acreedor. Ambos recursos cuestionaban aquel fallo por considerarlo "arbitrario", por apartarse del derecho, por discrepancias entre los votos de las camaristas, y planteaban que es un asunto de "gravedad institucional". Ambos irán en queja directamente a la Corte Suprema. 

A comienzos del mes pasado las camaristas en cuestión dejaron el expediente de la millonaria deuda del Correo en una situación de parálisis, con una nueva prolongación indefinida de los tiempos --en un asunto que ya casi 21 años de trámite--  al resolver que no se pronunciarán sobre la quiebra de la empresa hasta tanto la Corte Suprema defina otra cuestión derivada de un invento del Grupo Macri, que pidió que intervenga el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) para apartar a Boquin y a la jueza Marta Cirulli, quien dictó la quiebra. El TSJ es la corte porteña, que funciona a nivel local para revisar lo que hace la Justicia de CABA, pero no es un tribunal que evalúe lo que hace la Justicia nacional, dentro de la cual está el fuero comercial donde tramita el caso Correo. Por supuesto que el objetivo del Correo y su controlante Socma es lograr que ese tribunal, que cuenta con una mayoría afín a Mauricio Macri,  resuelva todo lo relacionado con el tema. 

Así las cosas, la Corte Suprema tiene desde mediados del año pasado presentaciones para definir si el TSJ puede ser competente frente a los tribunales nacionales, o no. La Legislatura porteña se las ingenió para aprobar una ley a medida, que también está impugnada judicialmente. Frente a estos temas no resueltos fue que las camaristas optaron por poner el proceso entre paréntesis. Ballerini dijo que pretendía "evitar futuras nulidades". Uzal sostuvo que quería evitar "consecuencias que puedan comprometer la recta administración de justicia". La primera convalidó lo que pedía el Correo, y así congelaba todos los incidentes del proceso judicial. La segunda se limitó al "proceso concursal" central. Usaron, cada una, distintos argumentos. Es una de las razones por las que tanto la fiscalía como el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sostuvieron que los votos no eran coincidentes y que no conformaban una mayoría. La tercera jueza, Guadalupe Vásquez, había votado en disidencia. 

Boquin, además, cuestionó que las juezas nunca le notificaron el pedido del Correo para suspender la revisión de la quiebra, en 2021, y que le daban intervención de manera selectiva. Advirtió que luego la propia empresa decidió impulsar el expediente con un pedido de pronta tramitación, con lo cual el pedido de suspensión tenía que perder efecto, pero eso no sucedió. "La sala postergó arbitrariamente cualquier decisión respecto del pedido de suspensión pero dio cauce a las peticiones posteriores de la concursada", remarcó Boquin en su recurso extraordinario. Mostraba la situación de favoritismo hacia el Grupo Macri, señaló la "gravedad institucional" del caso y recordó irregularidades que ya había denunciado (como las maniobras de vaciamiento).  

Para rechazar los planteos de la fiscalía y la Procuración del Tesoro, Ballerini y Uzal rechazaron haber resuelto con arbitrariedad y en forma contradictoria. Dijeron, entre otras cosas, que "no fue demostrado que la suspensión de plazos implique lesión constitucional alguna"; en tono despectivo hablaron de "falta de comprensión de los hechos y secuencias descriptos por el tribunal"; señalaron falta de fundamentación; y alegaron que su decisión no es equiparable a una sentencia definitiva. 

El párrafo más impactante está cerca del final: "Este tribunal soslayará algunas de las lamentables expresiones vertidas en los recursos bajo examen, desde que la crítica a la decisión involucrada fue prácticamente reemplazada por el ataque casi personal a las magistradas que conformaron la mayoría". Los recursos presentados eran de carácter técnico pero lo que quedaba claro es la funcionalidad permanente, histórica, de las dos últimas décadas hacia el Correo y Socma, de la familia Macri. Esta última, como controlante es la que debería asumir una eventual extensión de la quiebra. 

Ahora habrá que ver lo que hace la Corte Suprema con los recursos de Boquin y Zannini. Hasta ahora, con el resto del pleito no mostró demasiado apuro.