La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) con 496 votos a favor y 17 en contra en la segunda vuelta.

Este proyecto, que fue planteado por el presidente, Jair Bolsonaro, incrementa gastos y crea nuevos beneficios a menos de tres meses de las elecciones presidenciales; algo que está prohibido por la normativa brasileña, ya que establece que la administración pública no puede distribuir bienes, valores o beneficios a menos que se decrete un estado de emergencia.

Por consiguiente, esta enmienda constitucional se declaró en estado de emergencia para poder desembolsar más de 41.000 millones de reales (7.600 mil millones de dólares) en medidas sociales que estarán vigentes hasta diciembre de 2022.

Tal como informó la Cámara de Diputados en su página web, durante la sesión se rechazaron dos recursos presentados por los partidos en un “intento de modificar el texto”, que, por cierto, es la tercera vez que se vota (la anterior instancia se suspendió porque hubo problemas técnicos con el sistema, y la anterior porque la votación “no tenía quórum”).

La norma prevé ampliar de 400 a 600 reales (de 75,7 a 113 dólares) el programa Auxilio Brasil, creado por Bolsonaro el año pasado para reemplazar la Bolsa Familia de Lula, que es recibido por los hogares de menos recursos-. A su vez, aumenta los recursos de Alimenta Brasil, un programa que compra alimentos producidos por agricultores familiares para distribuirlos entre familias con inseguridad alimentaria.

En cuanto a combustibles, la iniciativa aumenta en 53 reales (10 dólares) el subsidio Auxilio Gas para la recarga de garrafas de 13 kilos (que cuesta unos 140 reales, o 26,5 dólares), y destina más fondos al subsidio al etanol. Ante el alza de los precios vinculados al transporte, se dispone una compensación a los gobiernos de los estados por el boleto gratuito de las personas mayores.

El proyecto también prevé un bono para los camioneros independientes, uno de los sectores más perjudicados por el alza de los combustibles, en el cual Bolsonaro cuenta con mucho apoyo. Se trata de un pago único de 1.000 reales (188,5 dólares) para compensar los gastos extraordinarios. En la misma línea, habrá un bono para taxistas.

Tribunal de Cuentas de la Unión

Esta propuesta, que ya fue aprobada en el Senado, está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), organismo fiscalizador del Estado brasileño, para evaluar si hay irregularidades en el proyecto que amplía beneficios sociales a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, lo que está prohibido por la normativa.

La oposición criticó el mecanismo utilizado por el gobierno y le atribuyó intenciones electorales a la propuesta. Políticos opositores y analistas rechazaron que Bolsonaro atienda ahora la situación social del país, cuando el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva lidera ampliamente las encuestas de intención de voto prometiendo devolver a Brasil el bienestar social que tuvo durante sus gobiernos, entre 2003 y 2011.

El pedido de investigación ante el TCU lo hizo el fiscal designado por el Ministerio Público para el órgano, Lucas Furtado, y la investigación estará a cargo del magistrado Aroldo Cedraz.

Entre los pedidos del fiscal, figura que el gobierno estudie y divulgue cuántas personas o familias serán beneficiadas, para que el Tribunal Superior Electoral pueda evaluar si hubo algún abuso de poder político y/o económico por parte del gobierno para que funcione a su favor en las elecciones.

Ante la inminente aprobación de la PEC, Furtado presentó este miércoles una solicitud de medida cautelar para que el Tribunal de Cuentas interrumpa los efectos de la normativa, ya que existiría evidencia de que el estado de emergencia fue fabricado por Bolsonaro "intencionalmente". En la solicitud, el fiscal dijo que el accionar del gobierno podría violar la ley electoral y llevar a que Bolsonaro sea impugnado como candidato.