En un plenario nacional celebrado en días pasados la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), una alianza entre organizaciones de diverso orden que fue protagonista de la aprobación de Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada y promulgada en el año 2009, ratificó que “el derecho humano a la comunicación debe ser garantizado mediante políticas públicas que aseguren la diversidad y pluralidad”. Con una declaración pública el colectivo integrado por sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la comunicación, universidades nacionales, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, redes de medios comunitarios, cooperativos y pymes, a quienes se suman personalidades y militantes populares, retomó de esta manera las ideas centrales de los llamados “21 puntos para una radiodifusión democrática” elaborados en 2004 y que sirvieron de base para el debate participativo que luego condujo a la aprobación de la LSCA, parcialmente derogada por un decreto de Mauricio Macri apenas asumió la presidencia en 2015.
En su diagnóstico la Coalición reconoce que “el escenario comunicacional y tecnológico se ha transformado profundamente en relación” al momento en que fue sancionada la LSCA y que a ello se agregó la pandemia que “dejó al descubierto las profundas desigualdades en el acceso a la conectividad de nuestro país” mientras “las plataformas de origen transnacional crecieron como espacios de distribución de contenidos audiovisuales sin proteger la producción y el trabajo nacional” Se expresa también preocupación porque a “los discursos violentos que predominan en las redes corrieron los límites de lo decible en el espacio público, favoreciendo y naturalizando las expresiones discriminatorias, negacionistas, sexistas y racistas”
Ante un escenario en el que se advierte entre otras cuestiones sobre “la concentración económica y geográfica de las empresas de comunicación y de infraestructura tecnológica, la inequitativa distribución de publicidad oficial que se transforma en sostén de las grandes corporaciones comunicacionales, la depreciación del salario y la precarización de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras de prensa y de las industrias culturales, las dilaciones en la ejecución de los fondos de fomento a los medios comunitarios, cooperativos y de pueblos originarios” a pesar de lo cual, dicen, “verificamos con satisfacción el surgimiento de cientos de nuevas voces comunitarias, populares, rurales, públicas y de pueblos originarios y la profundización de la articulación entre sindicatos, experiencias de comunicación popular y universidades”.
En el documento final del su plenario la Coalición reafirma la convicción de que “el Estado continúa teniendo un rol decisivo si de lo que se trata es de generar un entorno comunicacional diverso y plural, condición necesaria para el ejercicio de la democracia” y a partir de ello se plantean una serie de demandas entre las que se incluye la solicitud de derogación de los “alcances del decreto 267/15 de Macri y reemplazarlo por un ordenamiento federal y democrático que promueva efectivamente el derecho a la comunicación” sumado a la necesidad de “sostener la declaración de internet y telefonía móvil como servicio público, garantizando tarifas asequibles” y a “profundizar la implementación del fondo de servicio universal para el acceso a los servicios TIC”.
La Coalición solicita también leyes para la asignación de publicidad oficial en todos los niveles jurisdiccionales “con criterios de pluralismo, independencia y federalismo” y que se apoye “a los actores de la economía social y solidaria y a las organizaciones sociales para la prestación de servicios TIC y convergentes” mientras se garantiza “la participación de las organizaciones sociales y comunitarias en el diseño de las políticas públicas”.
En otra parte del documento se pide “generar políticas para el fortalecimiento de los medios públicos para defender la soberanía informativa” y “exigir a las empresas de televisión por cable la inclusión en sus grillas de programación de los canales de TV abierta en sus áreas de cobertura”. También se solicita “promover el debate sobre la incidencia de las grandes plataformas en pos de garantizar la soberanía comunicacional, tecnológica y económica” para “redistribuir parte de la renta que allí se genera a través de gravámenes”.
En la declaración final al término de su plenario la Coalición exigió “la libertad de Julián Assange, la no extradición de Facundo Molares y justicia por Sebastián Moro, periodista argentino asesinado por la dictadura de Añez en Bolivia” y expresó su solidaridad con “los colectivos de comunicación del Uruguay ante los intentos del gobierno de Lacalle Pou por derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con grave riesgo para la libertad de expresión”.
