La pintada inquietó a todo el mundo. Por la fuerza con la que interrogó a todos los niveles del Estado, por eso la mandaron a tapar rápidamente. Su síntesis fue magistral y eso hace que sea imposible atribuirla a “las mafias que se benefician con el caos”, como se apuraron a decir desde la municipalidad. Algunos hasta le otorgaron el poder de haber hecho saltar de su cargo al ministro de Seguridad Jorge Lagna, aunque para otros esa ya era una decisión tomada. No sólo plasmó la falta de control sobre la calle que tiene hoy el poder político sino que graficó como nunca el hartazgo y la rebeldía a la que lleva. Quedó tapada en las paredes, en la mayoría, pero vive en la memoria de muchos rosarinos y rosarinas y es por eso que volvió a aparecer en una marcha escrita en sombreritos de papel que emulan al barquito de Puerto Norte que ya no connota nada bueno para la ciudad. Por eso es ahí donde apareció por primera vez: “Humo y plomo, el negocio de matar”.

Cada palabra tiene un peso profundo, una connotación. El plomo mata por el negocio narco y el humo por la desproporción de la producción agrícola-ganadera que ha perdido toda escala y por eso ocupa, quema, arrasa con especies autóctonas, afecta directamente a la salud de los ciudadanos y depreda el humedal del delta del Paraná sin contemplaciones.

Cuando el poder sintió este hartazgo del que, por supuesto tenía sospechas, empezó a reaccionar como un loco corriendo en todas direcciones. El gobernador Omar Perotti puso a un expolicía al frente del ministerio de Seguridad. El comisario Rubén Rimoldi que generó una ola de críticas al gobierno, incluso del bloque oficialista, al quebrarse una tradición de conducción civil de las políticas públicas de seguridad. Ir de Marcelo Sain a Rimoldi no requiere de demasiados análisis. Perotti le pidió/ordenó al nuevo ministro “más acción y menos palabras”. Pero parece que Rimoldi no entendió muy bien porque concedió decenas de reportajes en los que se animó incluso a decir que era necesario “recuperar el poder de investigación de la policía” en una abierta crítica al código de procedimiento penal vigente en Santa Fe desde la reforma de 2014 y que otorga todo el poder de investigación a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Después Rimoldi se fue a festejar el 168 aniversario de la Policía de Rosario en la Unidad Regional II rodeado de sus amigos de Apropol, el sindicato ilegal de policías que propala permanentemente ideas en seguridad reñidas con esta etapa de la democracia.

Pero este escenario no es sólo atribuible al oficialismo en la provincia que, obviamente tiene la mayor responsabilidad por el rol que le toca. Cuando esta gestión enfiló por el lado de Sain tuvo todo tipo de escollos y críticas, propias y extrañas. Mucho más que las que ahora recibe por Rimoldi. Es cierto que el estilo personal del exministro y la falta de resultados que le exigían al corto plazo, lo terminaron sacando del cargo para transformarlo luego en objeto de una persecución judicial dentro de la Oficina de Investigaciones del MPA, que aún hoy no tiene imputaciones concretas que hacerle. Mientras, ese cargo lo ocupa un militante socialista que tuiteaba sin parar mensajes de odio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el peronismo en general. Todo en el marco de un fiscal general que no tiene problemas en recibir a los precandidatos de Juntos por el Cambio en plena campaña política e incluso acompañar a algunos de ellos en sus recorridas por los barrios. Un dechado de independencia de poderes. Mientras que, como dijo el diputado Carlos Del Frade hay fiscales que “se juegan la vida” literalmente. A lo que hay que agregar la situación que genera un senador peronista abrazado a sus inconmensurables fueros por más sospechas concretas que haya en su contra relacionadas con el juego clandestino en Santa Fe que ya puso a dos ex fiscales tras las rejas. Y que tiene a un comisario que recibía coimas de las apuestas “cuidando” a su esposa con prisión domiciliaria, imputada de extorsión agravada por el uso de arma de fuego.

Reaccionemos como sea

La semana que se vivió en Rosario exigía mostrar acción contra el humo, el plomo y el negocio de matar. La efectividad después la vemos. Fue en esa situación que se vió a un agotado fiscal federal recibir medio despeinado y con la camisa afuera a concejales y legisladores provinciales y nacionales. Claudio Kishimoto mostró toda su buena voluntad y dedicación pero les explicó que hace sólo un mes subroga la fiscalía federal en Victoria, atendiendo las denuncias penales contra los quemadores seriales que tienen nombre y apellido tras la mención de los más notorios de parte del ministro de Medio Ambiente de nación, Juan Cabandie. Además, Kishimoto tiene otras dos fiscalías a su cargo en Rosario. Vale recordar que hace ya un tiempo se encontraron en esta ciudad 200 jueces federales y toda la Corte Suprema de la Nación y prometieron rápidamente cubrir cargos vacantes para dotar de mayores recursos a la justicia federal de Santa Fe. Pues bien, nadie llegó y las vacantes siguen sin ocupar.

Los concejales rosarinos también se vieron en la obligación de mostrar gestión frente al humo, al plomo y el negocio de matar. Fue entonces que acordaron y votaron la creación de una Agencia Municipal Antilavado. La primera del país a nivel municipal. Esto en principio parece una buena noticia, pero ¿no será la primera porque otros municipios entendieron que no es cuestión municipal meterse con uno de los delitos más voluminosos y complejos del mundo? Los detractores de la nueva creación recuerdan que Rosario ya tenía un acuerdo con la AFI nacional para reportar inversiones sospechosas, con dineros de dudoso origen. Parece que desde 2014 a la fecha no se hizo ni un sólo informe para remitir a nación sospechas por inversiones. En rigor, lo más recordado en la materia fue el intento de desembarco en la ciudad de la franquicia Hard Rock Cafe de la mano de All Found que era investigado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman. Y para frenar esa inversión dudosa no hizo falta más que la denuncia pública en los medios del recordado Héctor Cavallero. Como también más tarde el ex concejal Roy López Molina batalló aliado con los vecinos para desbaratar en Rosario el funcionamiento de la disco Esperanto de la mano del asesinado capo narco Luis Medina.

Por su parte, la Legislatura también sintió que debía dar respuesta al humo, el plomo y el negocio de matar. Por eso avanzó con media sanción para el funcionamiento de las Mesas de Coordinación en Seguridad con los gobiernos locales, un tema que reclamaba el intendente Javkin. El proyecto dividió a la oposición, los diputados de Pullaro votaron en contra, el peronismo acompañó pero recordó que la iniciativa era una copia textual del paquete de leyes de seguridad pública elaborado por Sain y enviado a la Legislatura por Perotti hace dos años. La oposición nunca trató el proyecto y lo mandó al cajón sin mayores consideraciones. Ahí se incluía también la reforma policial cuyos estatutos datan de 1975. Es por eso que ahora la diputada Lucila De Ponti (FdT) volvió a presentar el paquete completo de esas leyes para que sea considerado por la Cámara baja.

Que se entienda, no está mal la reacción de los gobiernos frente a las crisis, aunque a veces sean espasmódicas. Pero si no se construye más estatalidad a largo plazo, será muy difícil encontrarse con resultados. Con menos humo, con menos plomo y con menos negocios que maten.