El Mariano Acosta; la escuela de Comercio Carlos Pellegrini; el Lenguas Vivas "Sofía Esther Broquen de Spangenberg"; la escuela Federico Garcia Lorca; Cerámica 1; el Osvaldo Pugliese; el Colegio Mariano Moreno y el Nicolás Avellaneda son algunos de los colegios en los que los estudiantes reclaman mejoras en las condiciones de estudio y las viandas que reciben, entre otros planteos.

La enumeración, que muestra de por sí un estado de situación, no termina allí. A los colegios que están tomados por los y las estudiantes podrían sumarse la escuela Julio Cortázar, Normal 8, Claudia Falcone y la Escuela de Danzas 1, Rogelio Yrurtia, Escuela de Música Juan Esnaola, el Liceo 5 y el Rodolfo Walsh, donde se podría definir en las próximas horas plegarse a las tomas.

Lejos del diálogo solicitado, el Gobierno porteño primero acusó a los docentes de incentivar las protestas en los colegios y luego puso en marcha el famoso protocolo “anti-toma” que entró en vigencia años atrás. Incluso a pesar de que la normativa no lo indique claramente, denunció penalmente a los padres de los alumnos que llevan adelante los reclamos.

De este modo, la gestión de Soledad Acuña cargó contra las familias de los estudiantes que reclaman por el estado de las viandas, el estado de la infraestructura edilicia y por la polémica puesta en marcha de las prácticas laborales en empresas. El Ministerio de Educación lo hizo ni más ni menos que reclamándoles el pago de un millón y medio de pesos por cada día de toma. 

Qué dice el protocolo “anti-toma”

El primer punto central del protocolo “anti-toma” vigente, compartido por sindicatos docentes a Página/12, señala que “ante una situación de toma del establecimiento, los Directores, Rectores o quien los reemplace en sus funciones, deberán dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME”.

En segundo lugar, se establece que se debe citar “de manera inmediata” a los padres “para que retiren a sus hijos del establecimiento”. 

Para ello, el protocolo lleva consigo un anexo con un formulario donde los rectores deben completar, además de los datos del alumno, si retiró o no al estudiante en cuestión y los motivos por los que no lo hizo, en caso de que se decidiera a permanecer en el establecimiento.

A los firmantes se los hacer dejar constancia de que están al tanto de que “mientras dure la situación que motiva la suscripción de la presente Acta, y en el caso de ingreso/egreso/permanencia del/de la alumno/a dentro del establecimiento educativo, la responsabilidad sobre el mismo así como por los daños que pudieren producirse, recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental”.

Escuelas tomadas: el rol de los padres y las denuncias "tarifadas"

En el protocolo “anti-toma” se habla de “responsabilidad” por los hijos y los daños que pueda causar, pero nunca se habla de una “responsabilidad penal”, ni de una multa millonaria tarifada por cada día de protesta que se sostenga en el establecimiento educativo, como busca cobrar el Gobierno de la Ciudad.

A los padres o tutores de los alumnos la Ciudad les reclama un millón y medio de pesos por día de protesta en el Mariano Acosta. La noticia se extendió a un particular tarifario: la Ciudad reclamaría 876.000 pesos por día a los del Moreno; 820.410 a los de la escuela de Cerámica, 554.000 a los del Liceo 5; 291.000 a los del Pugliese; $ 377.585 a los del Claudia Falcone y 374.000 a los del García Lorca.

En un extenso hilo de Twitter la abogada Graciana Peñafort explicó que “para que prosperen las denuncias penales contra los padres de los chicos debe haber un delito tipificado”. Y, en este caso, “que un chico tome una escuela no está tipificado ni mucho menos ser padre de un chico que toma una escuela”.

Además, puntualmente sobre la carga de responsabilidades explicó que únicamente abarca los daños materiales y no incluye los hechos penales. “Un padre podría ser responsable económico por los daños que cause su hijo, pero no podría cumplir la sentencia de prisión por su hijo. Salvo que pretendamos caer en el absurdo de calificar a los hijos adolescentes como ‘cosa riesgosa’, digamos como ser dueño de un pitbull”, añadió en tono irónico.

Llamativamente, ante la consulta de Página/12 fuentes del Ministerio de Educación porteño dijeron que "los padres son los responsables de sus hijos que están tomando un edificio público y deben pagar los destrozos que sucedan dentro de la escuela".

Otros puntos del protocolo

En otros puntos, el protocolo obliga a labrar un acta dejando constancia de la imposibilidad de llevar adelante la conducción pedagógica, llevar a cabo un relato de los hechos y circunstancias por los que se efectivizó la toma, detallar el estado del patrimonio escolar de manera fotográfica y con la certificación de un escribano, y la constancia de citación a los padres o quienes ejerzan la responsabilidad parental.

Además, se establece que desde el ministerio de Educación se deberá elevar el expediente administrativo para intervención de las áreas de la Procuración General y, finalizada la toma, se deberá labrar una nueva acta “consignando el estado detallado del patrimonio escolar al momento de cesar la toma del establecimiento educativo”.

El fantasma de la amenaza punitivista

“En ningún momento el Estado demuestra interés en el contenido del reclamo realizado por los estudiantes. Muestran claramente la finalidad de desalentar las tomas y, más aún, de retirar a los estudiantes de la escuela; haciendo recaer sobre los padres la responsabilidad ante cualquier daño potencial al patrimonio escolar, generado durante la toma”, advirtió en un informe sobre el protocolo Arturo Pozzali, defensor adjunto del pueblo porteño.

Además, precisó que “esta amenaza de descarga punitiva sobre los padres deviene absolutamente abstracta, desde el momento en el cual la responsabilidad por los daños que los alumnos generen en el patrimonio escolar, recae sobre los padres (o quienes ejerzan la responsabilidad parental), haya una toma en curso o no. Es una clara maniobra disuasiva por parte del Ministerio de Educación, que no respeta los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

“En definitiva, se trata de un protocolo que atenta contra los derechos de los estudiantes, no se ajusta a las normativas vigentes y además, intenta eliminar algunas de las instancias que tiene nuestro sistema educativo para pensarse a sí mismo y así poder mejorar”, concluye el extenso informe de Pozzali.