Las familias de la Escuela N° 12 Ramón Castilla del barrio de Colegiales presentaron un amparo colectivo para intentar impedir el paso de jornada simple a jornada completa de esa institución. El cambio se enmarca en una decisión del Ministerio de Educación porteño que a partir de 2023 afectaría a alrededor de 30 colegios de nivel primario y las comunidades educativas advierten que no fueron consultadas sobre la medida. Aseguran que muchos de los edificios escolares no están preparados para el cambio, ya que no cuentan con cocinas acordes para garantizar el almuerzo de los chicos y chicas, ni aulas lo suficientemente grandes para recibir a la cantidad de alumnos que supondría el paso a la doble escolaridad. 

"Pedimos que se mantenga la jornada simple al menos hasta que estén garantizadas las condiciones dignas para la jornada completa. Nuestra escuela es pequeña y tiene una infraestructura que no va a resistir una gran cantidad de población habitando los espacios de forma simultánea", aseguró a Página/12 Nidia Bellene, madre de un niño que asiste al Castilla y una de las impulsoras del amparo patrocinado por el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Capital.

Según indicaron desde el ODC, en general los colegios afectados "no cuentan con cocina y/o comedor con capacidad para todos los alumnos y las alumnas que deben almorzar en el mismo horario, para que puedan almorzar de manera segura y bajo normativa vigente de salubridad e higiene". Además, advierten, "las aulas no permitirían albergar a la cantidad de chicos y chicas que se alcanzaría con la unificación de los turnos de mañana y tarde". Las familias del Castilla precisan a este diario que actualmente las aulas están preparadas para alrededor de quince alumnos y alumnas, lo que se duplicaría con la modificación. Hasta el momento tampoco les han informado cuál sería el plan curricular ni el proyecto pedagógico que tomaría la escuela con el pase a jornada completa. 

Aunque la comunidad educativa de la escuela de Colegiales fue una de las primeras en alzar la voz ante la decisión, son alrededor de 30 los establecimientos que cambiarían de modalidad a partir de 2023. Recién a mediados de agosto las familias comenzaron a enterarse del cambio, sin comunicación formal del Ministerio sino a través de los directivos del colegio, que en algunos casos informaron que la modificación comenzaría a partir de septiembre. Sin embargo, las diversas protestas que se realizaron en los colegios consiguieron que el cambio se postergue, en su mayoría hasta el año que viene. Esta semana, con la apertura de inscripción virtual para el ciclo lectivo 2023, la mayoría de las escuelas afectadas se encontraron con que sus colegios ya estaban cargados como jornada completa. 

Además de las cuestiones edilicias, las comunidades educativas argumentan que la decisión modificará la organización de la vida cotidiana de los niños y niñas, afectando también el libre derecho de las familias a elegir la modalidad escolar, en una ciudad en la que ya predominan los establecimientos de jornada completa y son pocos los que siguen siendo de jornada simple. Desde el ODC manifestaron en este sentido que la medida implicaría, entre otros puntos, una "pérdida de la rutina actual de los/as niños/as. Actividades que actualmente realizan a contraturno, como deportivas, estudios o terapias, deberán ser abandonadas". Además, sostienen que también se pondrían en riesgo "los proyectos familiares que eligieron una media jornada para sus hijes".

"La elección del simple turno, en muchos casos se debe a ciertas necesidades terapéuticas especiales de algunas niñas y algunos niños con discapacidad o con alguna problemática en su desarrollo, que simplemente no podrían concurrir en jornada completa", agregan. La escuela Castilla es precisamente una escuela integradora con alrededor del 15 por ciento de su alumnado compuesto por chicos y chicas que requieren educación especial. Según el ODC, estos alumnos "en el contra turno realizan terapias varias y, por otro lado, en jornada simple han logrado una excelente integración con sus compañeros y una separación intempestiva podría no solamente afectarles humanamente sino también en lo pedagógico". 

En este sentido, para las familias, el Observatorio y la APDH, la decisión "no respeta el principio internacional del respeto al interés superior del niño" ni el artículo 39 de la Constitución porteña, que “reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección integral, y deben ser informados, consultados y escuchados". "Hasta el día de la fecha el GCBA no ha logrado articular una fundamentación normativa ni pedagógica contundente que justificara tamaño cambio repentino en la escolaridad de los alumnos y las alumnas y las rutinas familiares", añaden. 

Las familias aseguran que la modificación "inconsulta" implicaría una "pérdida de los núcleos sociales de pertenencia de nuestros hijes", una posible "discontinuidad de cargos docentes por cambio de horarios y contrataciones", además de poner en riesgo "espacios de investigación, biblioteca y arte para ser utilizados como aulas". También sostienen que alteraría "la identidad de la escuela, que fue pensada y construida con un proyecto determinado. La modificaría por completo, estaríamos hablando de otra escuela".