Son las cinco de la tarde y Analía mira el espacio enorme donde solía estar su casa. Detrás de un tapial, hay escombros. En esos escombros hay juguetes, ropa, comida, electrodomésticos, recuerdos de una vida. Analía sabe que, a esa misma hora, al día siguiente, es probable que ya no tenga trabajo porque desde hace más de diez días se queda custodiando los escombros producto de un derrumbe “erróneo” que llevó a cabo la empresa constructora Villarex S.A. en el Barrio Padre Mugica en la zona de Retiro, a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

Hace tiempo que Analía y su hijo duermen a la intemperie, junto a 15 familias, debajo de la Autopista Illia. En total, las familias que quedaron sin hogar por el derrumbe son 26, de las cuales algunas consiguieron quedarse en casas de amigos y familiares. El resto espera volver a su casa, pero, sobre todo, esperan una respuesta.

El aviso nunca llegó. La señal de alarma la dieron algunos vecinos y bomberos: “salgan ya, no agarren nada”. Minutos después todo se vino abajo cuando unos obreros de la constructora empezaron rompiendo desde abajo una casa de tres pisos. “Yo estaba trabajando y mi nieto estaba en la colonia. Vinieron los obreros, uno estaba trabajando arriba y uno estaba trabajando abajo, sacando desde abajo primero cuando tendría que haber sido al revés. Cuando agarraron una columna se vino todo abajo. Nadie nos dejó entrar a sacar nada, el incendio quemó toda esa casa y lo que no se quemó, está roto”, cuenta Blanquita, vecina afectada, sentada en una silla de plástico después de trabajar todo el día.

Se derrumbaron viviendas enteras, mientras todos miraban perplejos desde afuera. Dos horas después, además, hubo un chispazo entre los escombros y se incendió una de las casas afectadas.

“No se le puede dar otra explicación que la negligencia, que habla de la impericia de parte de la empresa que llevó adelante la demolición y después una irresponsabilidad muy grande del GCBA, que es el que lleva a cabo las obras de urbanización. Avanzan los días y todavía no hay respuesta. Ellos dejaron absolutamente todo adentro, no quieren moverse de su casa por si entran a robar. La guardia policial se fue la segunda noche, eso genera un problema muy grande”, indica María Bielli, legisladora en la Ciudad por el Frente de Todxs. “Además, tienen que dar aviso a las viviendas linderas con diez días de anticipación para poder demoler. En este caso nadie avisó”, agrega.

Hasta ayer, jueves, y pese al diluvio, las infancias continuaban a la intemperie

En los dos días siguientes al derrumbe, quienes integran la oficina de Acceso a la Justicia que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el barrio, acompañaron a los vecinos a realizar la denuncia en la Fiscalía N°12. Según Bielli, no les quisieron tomar la denuncia. Recién 72 horas después pudieron presentar la denuncia contra la empresa Villarex S.A. por estrago e incendio culposo, y contra el secretario Tomás Galmarini, a cargo de la urbanización en el Barrio Mugica, por incumplimiento de su deber de funcionario público. “Fue muy difícil conseguir el número de la causa, porque la fiscalía actuó de oficio y ya había abierto un expediente. Me atrevo a decir que no había voluntad del fiscal de avanzar con la toma de la denuncia”, cuenta.

Las posibles soluciones del Gobierno de la Ciudad variaron entre enviar a las familias a paradores, a hoteles, y otorgar un subsidio habitacional de 15 mil pesos. “Esta no es una respuesta acorde para alquilar para una familia, tiene que haber una respuesta integral con una reinserción. El Gobierno porteño tiene muchísima plata para no dar una respuesta acorde”, agrega Bielli.

Son las cinco de la tarde. Gladys está sentada al lado de una chica que amamanta a un bebé de un mes, mientras unos niñes corretean alrededor y un grupo de vecinos decide las próximas acciones con gesto serio, mientras se pasan unos mates. Ambas también perdieron todo. “Había salido a las tres de la tarde de trabajar y encontré el derrumbe. Viajé con la bici, llegué y me senté a comer con mi hija. Yo tengo una hija discapacitada, ella me esperó. Subió un bombero a casa y nos dijo que teníamos que bajar sí o sí del alquiler, no bajamos nada y desde entonces quedamos en la calle. Hace unos días me dejaron entrar para buscar algo, abrí la heladera y estaba toda la comida que compré pudriéndose”, cuenta, con resignación.

Quienes están cuidando las pertenencias, durmiendo a la intemperie son, en su mayoría, mujeres jefas de hogar. Hay niñes pequeñxs y a los pocos días del derrumbe, una mujer embarazada de 9 meses, que también perdió su casa, empezó con trabajo de parto prematuro. “Estaba en la calle con nosotros, nadie la asistió”, cuenta Analía. La trasladaron de urgencia a un CESAC del barrio y luego fue trasladada en el SAME al hospital para dar a luz.

“Estoy mal, cansada y destruida. Trabajo como empleada doméstica, y los días los pasamos acá, y de noche nos refugiamos en lo de algún familiar. Nos ofrecen hoteles o paradores, pero queremos estar acá, acá están nuestras cosas y nuestros amigos. Nosotros queremos venir del trabajo, descansar un poco, levantar las piernas”, dice Analía, sin dejar de mirar al tapial que recubre los escombros.

Inseguridad y cuidados

Uno de los problemas más graves que tienen las familias es el de la seguridad. “Es uno de los problemas más complejos porque ya robaron cantidad de cosas y además hubo un tiroteo el viernes pasado ahí, en medio. La tensión es constante”, explica Javier, militante de la organización El Hormiguero y miembro de Acceso a la Justicia. “Las familias por eso no quieren irse, aparte porque también tienen una red de contención en el barrio que no tendrían si se van a los hoteles. La empresa no dio la cara, nadie vino ni a pedir disculpas”, señala.

Además, la asistencia escasea. Silvana es referente de Peronismo por la Ciudad e integra la Mesa de urbanización. Según ella, no hubo ningún tipo de asistencia social de parte del GCBA. “La solidaridad es mucha en Argentina. Con las organizaciones conseguimos que se les asista como mínimo con comida, con un lugar donde poder ir al baño, las cosas básicas, porque ni de eso se ocupó el Gobierno de la Ciudad. A través de las organizaciones se logró, con un amparo de por medio del Ministerio Público de la Defensa, que el Gobierno pueda dar soluciones. Lo que tienen acá los vecinos lo consiguieron por donaciones. Hubo mucha gente solidaria que donó colchones para que puedan dormir en este lugar hasta que se resuelva su situación”, explica. “El Ministerio de Desarrollo de Nación trajo alimento también, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad asistió a mujeres con pañales, con elementos para los bebés. Ahora el Gobierno porteño, si no fuera por intimación de las organizaciones que estamos acompañando a los vecinos, tampoco hubiese dado soluciones.”

La explicación del GCBA a los vecinos fue que la empresa no avisó cuando iba a iniciar el proceso de demolición, ni siquiera a ellos, que llevan a cabo la unidad del proceso de urbanización. “El GCBA tiene un amparo de 2020 de otras vecinas que fueron relocalizadas en este sector, a las que también les estaban demoliendo las viviendas linderas. La jueza resolvió que el Gobierno para demoler tiene que tener las viviendas linderas vacías, establecer un perímetro, garantizar la seguridad. En este caso no cumplieron con la norma. Estaban todas las familias adentro de sus viviendas y en ningún momento se les avisó que iban a demoler. De milagro no hubo una muerte”, dice Silvana.

Las organizaciones denuncian que el Gobierno porteño aún no brindó asistencia social

Lxs propietarixs e inquilinxs de las viviendas afectadas hacen malabares durante el día para ver con quién dejan a sus hijes mientras trabajan.

Analía tiene un hijo asmático de diez años. Todos los días debe resolver con quién puede dejarlo para ir a trabajar a una empresa textil y luego trabajar como empleada doméstica. “Yo salía del trabajo y pasó esto. Desde ese día estamos en la calle. El remedio de mi hijo quedó adentro y hasta hoy ni siquiera me dieron un remedio para el asma, está aguantando con lo que queda de medicación. La ropa que tengo puesta ahora es la que donaron los vecinos, todo está ahí, en los escombros. Yo mañana ya voy a perder mi trabajo y no me da para el alquiler”, cuenta.

Otra de las irregularidades que se mencionan entre los vecinos es la falta de expertise de los obreros de la empresa constructora: “Contrataron albañiles que no sabían ni de dónde empezar los trabajos. ¿Cómo vas a empezar a derrumbar desde abajo? No se puede, por eso pasó esto. En el alquiler estábamos 15 personas; estamos todas así, esperando”, cuenta Gladys.

Son las seis de la tarde y los vecinos se reúnen alrededor de funcionarios del Gobierno de la Ciudad que, ante preguntas de Las12, dicen que no pueden dar respuestas. Dicen que hay que esperar, ver cómo se puede iniciar la reconstrucción, si es que pueden recibir o no ayuda de los vecinos. Pero los vecinos preguntan, suman ideas, tratan de aportar soluciones a un accionar ausente.

Además de los pedidos de explicaciones de los vecinos, lxs legisladores del Frente de Todxs sumaron el reclamo por la conformación de una mesa de trabajo, que finalmente se concretó. “Habíamos exigido también que se estableciera la mesa de trabajo, porque antes que se conformara venían interviniendo uno a uno, y hay distintas situaciones y personas en extrema vulnerabilidad. Queremos esta mesa de trabajo junto a todos los organismos, para que el Gobierno explique cómo va a resarcir a esas familias, porque si no pueden volver a sus viviendas, ¿cuál va a ser la respuesta?”, analiza Bielli.

A partir de esta situación se evaluó también el mejoramiento de fachadas en el Barrio Mugica. “El GCBA analiza una vivienda, si no tiene riesgo de derrumbe, no hace una intervención. Nosotros consideramos que una vivienda tiene que tener ventilación, una cantidad de ambientes acorde al tamaño familiar, etcétera", opina Bielli. "En la mayoría de los casos de mejoramiento de vivienda es una urbanización de cotillón, es un maquillaje.”

Las madres se juntan a tomar mate y mirar a los chicos que juegan entre bloques de adoquín. Están organizades y en permanente contacto para ver los pasos a seguir, pero el futuro es incierto. No hay aún un plan de acción claro ni un resarcimiento acorde a la enorme pérdida. Tampoco hay forma de devolver recuerdos de años ni objetos personales, ahora destrozados.

“Hace cinco años que estoy acá, mi vida entera está acá, no quiero irme”, dice Gladys y espera, como tantos otros.