La apropiación de los terrenos que rodean al Lago Escondido por parte del multimillonario inglés Joseph Lewis logró ser tema de debate a fuerza de escándalos político-judiciales y protestas militantes. A la vez, el pasado 6 de febrero, la comunidad mapuche Lof Cayunao y la vocera indígena Moira Millán denunciaron la “privatización ilegal” de tres lagunas de altura y de las tierras donde se encuentran las nacientes del río Chubut y el arroyo La Horqueta, en un caso de compra de tierras por parte del magnate Tamim bin Hamad Al Thani, dueño del PSG donde juega Messi y de parte importante de la industria petrolera de Qatar.

Las denuncias hacen foco en el hecho emblemático, como la pérdida del acceso a un lago o a las nacientes de los ríos, porque de ese modo es más fácil que se comprenda la gravedad de la apropiación del suelo argentino. Invocan la ley de Seguridad de Fronteras, porque hasta esa legislación que debe proteger nuestra soberanía se vulnera. 

Otra forma de graficar el tema es mencionar las cantidades de hectáreas: 38 mil serían las que están en manos de Hidden Lake, la firma detrás de Lewis; otras 22 mil serían propiedad de las distintas firmas comerciales qataríes. El Registro Nacional de Tierras Rurales, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, informa que 11,79 millones de hectáreas de tierras rurales en todo el país están en poder de empresas o personas extranjeras, acaparadores que no habitan el suelo que compran. Una superficie más grande que las Islas Malvinas.

Sin embargo, hasta ahora, en ninguna provincia argentina los capitales extranjeros tienen más tierras de lo legalmente permitido. La Ley de Tierras Rurales 26.737 establece un límite del 15 por ciento de cada territorio provincial para cualquier titulación de dominio o posesión de tierras rurales por parte de personas naturales o jurídicas que no tengan la nacionalidad argentina. 

El registro, actualizado en abril de 2022, muestra que las provincias que más se acercan a ese límite son Salta (11,56 por ciento de la superficie provincial), Misiones (11,07 por ciento) y San Juan (10,8 por ciento). Sin embargo, esos valores podrían mostrar un subregistro, desde que el gobierno de Mauricio Macri modificó en 2015 los criterios de contabilización.

Pero la concentración es un proceso que avanza más allá de la nacionalidad de los compradores. La ONG Oxfam realizó un estudio comparativo con base en la información oficial de cada país de América Latina. En Argentina, el 1 por ciento más poderoso concentra el 36 por ciento de la tierra agrícola disponible en el país.

Proteger los territorios

Diego Montón, referente histórico de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST) de Mendoza, cree que para frenar o revertir el proceso de concentración de tierras rurales, lo primero que hay que hacer es “proteger los territorios que hoy están en posesión campesina o de pueblos originarios, pero que no tienen garantías jurídicas, entonces sobre esos territorios viene avanzando el capital financiero con los despojos”. 

La UST integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena - Somos Tierra, que agrupa a comunidades de base en todo el país. Entre otras actividades, acompañan la resistencia a desalojos en tierras rurales, casi siempre impulsados por empresas que buscan quedarse con los terrenos de familias que tienen la posesión legítima, aunque no siempre la certificación legal. 

Montón, quien además es uno de los voceros de la Mesa Agroalimentaria Nacional, propone una serie de medidas para frenar el despojo: “hace falta una política más ofensiva, retomar la propuesta de la renta diferencial de la tierra, limitar el tamaño máximo de una propiedad como ya sucede en algunos países, por ejemplo, Bolivia. Si pudiéramos pensar una política integral del uso del suelo y del ordenamiento territorial, ahí podríamos volver a hablar de reforma agraria en términos de la realidad actual”, concluye.

Procrear campesino

La Mesa Agroalimentaria Argentina hizo propio un proyecto de ley conocido como “Procrear rural”, elaborado en 2016 por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “El proyecto de ley de acceso a la tierra apunta al sector campesino, la familia que produce verduras y frutas de manera intensiva y que no es propietaria de la tierra”, explica Agustín Suárez, uno de los voceros nacionales de la UTT. 

“Buscamos que el pequeño productor pueda acceder a un crédito blando para comprar dos, tres hectáreas: que pueda ir al banco, pedir el crédito, comprar la tierra y pagar a 20 años. Por eso le llamamos Procrear, porque es similar a lo que ya se hizo para viviendas familiares, pero en este caso orientado al sector rural”, explica Suárez, quien no cree que esta sea la solución de fondo, pero defiende la medida: “Si este proyecto avanza no va a detener la compra de tierras por personas como Lewis, pero sí puede democratizar la tenencia de la tierra dando acceso a miles de familias”.

Juan Wahren es sociólogo, investigador del CONICET y coordinador del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Ve con buenos ojos el proyecto: “La ley que promueven las organizaciones campesinas es una propuesta muy interesante porque pone en cuestión la concentración de la tierra”. Coincide con los referentes campesinos al plantear que esta situación “habilita un debate urgente, que es como mala palabra en Argentina: la reforma agraria. Hay que ir más allá de esa ley: que aquellos que accedan a la tierra tengan elementos para producir alimentos sanos, baratos, ligados a la soberanía alimentaria y, por ende, también a la agroecología. De ese modo se puede empezar a pensar una salida al mal desarrollo para construir una matriz alternativa que tenga que ver con otra forma de vincularnos con la naturaleza”, afirma.

La ley de acceso a la tierra es parte de un conjunto de cinco proyectos de ley que abarcan temas como los arrendamientos rurales, el financiamiento y fomento del cooperativismo, la transición agroecológica y la segmentación de políticas impositivas agrarias. Hasta el momento, la propuesta recibió avales parlamentarios y de funcionarios de distintas áreas vinculadas al sector rural, pero aún no logró que alguno de los bloques mayoritarios en el Congreso se decida a impulsar su aprobación.

*Coautor de los libros América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista y 2001: Historias y devenires de la rebelión popular.