Los libertarios afirman que dos de los principales problemas económicos de Argentina son que el Estado genera déficit fiscal y que el gasto público es muy elevado. Usan el argumento ad nauseam, que consiste en la repetición de una falacia para imponer su validez. ¿Por qué el déficit fiscal no genera pobreza y los impuestos no son altos en Argentina?
¿Qué es el déficit fiscal?
El déficit fiscal se produce cuando los gastos realizados por un Estado en un período de tiempo determinado, generalmente en un año, superan a los ingresos fiscales. El gasto público es el total de erogaciones realizadas por el sector público, sea en la adquisición de bienes y servicios como en la prestación de subsidios y transferencias.
Qué países tienen déficit fiscal y la situación de Argentina
Pero según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 181 países, 140 tuvieron déficit fiscal en 2022. Entre ellos, varios registraron un déficit mayor que la Argentina, como es el caso de Francia, Alemania, China o Japón.
Si se analiza el resultado fiscal total como porcentaje del PBI, Argentina es un país recurrentemente deficitario. Incluso en la etapa de oro para los libertarios, que fue la convertibilidad. A contramano de toda lógica liberal, hubo seis años consecutivos de superávit del 2003 al 2008, en pleno gobierno kirchnerista.
Argentina tampoco se encuentra entre los países con mayor gasto público. En 2021, el gasto como porcentaje del PBI fue de 37,8 por ciento, esta cifra se encuentra por debajo de la de países como Islandia (49,2 por ciento), Dinamarca (50,8) y Finlandia (55,6), que justamente ocupan los primeros puestos del ranking de libertad económica utilizado por los libertarios.
El gasto público en Argentina
El gasto público nacional se compone de elementos rígidos, de rigidez media y flexibles. Los rígidos son las jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda, asignaciones familiares, entre otros, e implican alrededor de dos tercios de los gastos totales. Los gastos de rigidez media abarcan alrededor del 20 por ciento y se trata, por ejemplo, de subsidios a la energía y al transporte, programas sociales y algunos servicios no personales. Los restantes lo ocupan las erogaciones flexibles, que son gastos de capital, transferencias a provincias, y bienes de consumo, entre otros.
Según el “Estudio de rigideces presupuestarias de la administración nacional. 2010-2021” de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) solo el 10 por ciento del gasto de la Administración pública puede recortarse, ya que los gobiernos generalmente cuentan con un escaso margen para decidir las asignaciones presupuestarias anuales.
Esto se debe a que una elevada proporción de los gastos públicos está determinado con antelación por instrumentos legales, contratos, demandas de la ciudadanía, compromisos políticos, o procedimientos del operar de las administraciones públicas.
Por ejemplo, los libertarios promueven “el despido de un millón de empleados públicos”, lo cual, en primer lugar, provocaría un desequilibrio social y económico debido al aumento del desempleo y una caída del consumo.
Además, existen leyes que protegen la estabilidad laboral de los empleados públicos, como la Ley Marco de Regulación de Empleo Público, por lo cual no se podría usar esa estrategia en el corto plazo. En otras palabras, no es posible reducir el gasto público en forma considerable, sin recortar derechos a los sectores más vulnerables.
Pobreza
La afirmación de algunos economistas de que tener un elevado gasto genera pobreza también es falsa. Entre 2004-2015 las finanzas públicas pasaron de un superávit del 4 por ciento a un déficit de 6 por ciento, con un aumento del gasto público del 23 al 41,4%. En en ese mismo período la pobreza pasó del 57,5% de la población al 28,2%, según la reconstrucción de la serie histórica realizada por el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) con los cambios implementados en la medición de la línea de pobreza por el INDEC en 2016. Es decir que el aumento en el gasto público estuvo ligado a una notable reducción de la pobreza (1 de cada 3 habitantes del país salió de la pobreza).
Vale la pena destacar que cuando se afirma que un mayor gasto público disminuye la pobreza no es solo en términos directos. Expandir el gasto público no es “regalar plata”. En otras palabras, no es que solo se produce una transferencia de recursos en forma directa a los que más lo necesitan, sino que el gasto público, por medio de incentivos a la actividad, tales como la obra pública, motoriza la economía para que haya más demanda de trabajo, y que a su vez esto genere un crecimiento en el empleo y posteriormente un aumento de ingresos a quienes más lo necesitan.
De hecho, estrictamente, el aumento del gasto puede llevar a una disminución de la pobreza por otras vías. Del año 2009 al 2010, se pasó de superávit a déficit fiscal, esto se debió a la fuerte influencia de los subsidios en el gasto público. Pero estos no hicieron más que contener los precios locales. Si se hubiera mantenido la premisa de conservar el superávit, lo que hubiese ocurrido es que los precios hubiesen aumentado aún más provocando más pobreza y eso, a su vez, iba a impactar en la demanda y disminuir el crecimiento.
Impuestos en Argentina
Por otro lado, como contraparte del gasto público están los ingresos fiscales, que se componen mayormente de impuestos. La principal crítica de los libertarios es que hay excesiva presión tributaria en el país, pero lo cierto es que en Argentina la presión tributaria en 2021 fue de 29,1 por ciento según la Subsecretaria de Ingresos públicos, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 34,1 por ciento.
Los libertarios responden que no se tienen en cuenta todos los niveles de Estado, donde existen impuestos provinciales y tasas municipales. A su vez, sostienen que en esos informes no se considera la gran informalidad de la economía local. La primera objeción es bastante insólita y poco científica debido a que para comparar un indicador debemos tomar los mismos criterios. Por ende, se podrían considerar todos los niveles de Estado, pero se debería hacer lo mismo con los países con los que se realiza la comparación.
Por otra parte, la segunda objeción también es inválida, dado que el fenómeno de informalidad de la economía está basado, mayormente, en empresarios que deciden estar por fuera del sistema. Por ende, esa carga tributaria que se ahorran, se termina volcando en los contribuyentes. Por lo general, no son los trabajadores que deciden estar fuera del sistema, sino los empresarios que operan ilegalmente. Una vez más, la posición libertaria pareciera defender los intereses del capital, independientemente del origen legal del mismo, y no a la libertad en sí misma.
A su vez, si se analiza el caso argentino mediante la curva de Laffer, que representa un nivel de carga impositiva óptimo para recaudar y evitar grandes niveles de evasión, se puede observar que la carga impositiva es mayor para compensar la alta evasión, lo que hace a su vez que esa mayor carga lleve nuevamente a otro proceso de aumento de la evasión, generando un problema circular.
La única forma de interrumpir esta lógica sería mediante la fuerte intervención de los organismos de control para evitar y penalizar la evasión fiscal. Este fin debiera ser perseguido también por quienes pretenden la baja de la presión impositiva.
En un país con un alto nivel de pobreza, en vez de pensar en ajustes de gastos que traen sufrimiento a la población, sería interesante centrarse en el desarrollo y crecimiento económico para que eso lleve a un aumento de la recaudación que permita reducir el déficit. Caso contrario, al reducir el gasto se verá afectado el consumo y, por ende, queriendo resolver el problema del gasto se produce también una merma en los ingresos.
* Economista, miembro de Fundus
