Organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos se manifestaron ayer frente a la Legislatura de Salta en repudio al proyecto de ley que pretende crear un "Registro de obstructores de lazos familiares", impulsado por el senador por Capital, Emiliano Durand (Compromiso por Salta). Desde la convocatoria exigieron que el Senado no continúe el tratamiento de la iniciativa porque es violatorio de leyes vigentes y tratados internacionales que protegen a las infancias y a las mujeres.
La iniciativa propone registrar a progenitores, guardadores o tutores que teniendo a su cargo el cuidado personal de niñas, niños y adolescentes "impidan el ejercicio del derecho a la comunicación o contacto del otro progenitor no conviviente o de la persona que tiene tales derechos". En noviembre del año pasado el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara Baja; pasó a Diputados, pero allí se realizaron modificaciones y recién fue aprobado el 7 de marzo, de la mano de la diputada Mónica Juárez (del bloque 8 de Octubre). De esta manera, la propuesta legislativa deberá volver al Senado para tener su aprobación definitiva.
Tras saberse que aún queda una instancia más en el proceso legislativo, las organizaciones de mujeres emitieron un documento y se movilizaron desde la Legislatura de Salta hasta las oficinas del Senado (en la calle Caseros 519), donde se reunieron con el vicepresidente de este Cuerpo y legislador por Iruya, Walter Cruz (Compromiso por Salta) para manifestar su preocupación por el proyecto impulsado por su compañero de bloque.
Yanela Barrios, referente de Madres Protectoras de Salta, relató a Salta/12 que le hicieron saber a Cruz "lo terrible de este proyecto de ley". En ese sentido, aseguró que el tratamiento que se le dio en ambas Cámaras fue "liviano", porque "no se le puso la importancia y la gravedad" que tiene la propuesta, aspecto que se vio en las alocuciones de Durand y Juárez en el recinto, pues plantearon de manera generalizada que un niño o niña no puede ver a uno de sus progenitores por culpa del otro progenitor que no acepta la ruptura en la relación sexoafectiva.
Durand dijo en noviembre del año pasado que el Registro "servirá para proteger a la persona más indefensa en toda esta ruptura y en toda esta relación que se puede dar en una pareja que ya no convive más. Por todo eso evitar que los niños paguen las desavenencias de los adultos, es el espíritu del Registro", afirmó. No obstante, lejos de ser una herramienta a favor de las infancias y las adolescencias, el Registro está más cercano a plantear el inexistente Síndrome de Alineación Parental (SA), originado en Estados Unidos en 1985 y que procura atacar las investigaciones de abusos sexuales en perjuicio de niños y niñas afirmando que las denuncias por estos delitos son solo expresiones infantiles inculcadas o elaboradas por sus madres para denigrar o acentuar la ruptura con sus ex maridos o ex parejas.
Es por ello que el colectivo de mujeres sostiene que se trata de una herramienta que criminaliza a las madres protectoras, encubre situaciones de abuso en las infancias y adolescencias, habilita la revinculación forzada de niñeces con sus agresores e implica la impunidad de pedófilos.
Barrios contó que el senador Cruz asumió el compromiso de analizar el proyecto cuando ingrese nuevamente a la Comisión de Legislación General, único lugar donde estará antes de su pase al recinto. Aún así, la referenta de Madres Protectoras insistió en que el pedido colectivo es que no se continúe su tratamiento y tampoco se genere cualquier instancia que lleve a su aprobación final. "Todas las organizaciones y organismos nacionales repudiamos este proyecto porque es antiderecho. No viene a proteger a las infancias sino justamente a atarcarlas", expresó.
En esa misma línea habló Sofía Fernández, de la organización La Fuerza de las Mujeres, quien afirmó que de aprobarse, se trataría de una nueva norma que procura disciplinar a niñas, niños y adolescentes junto a las madres y personas cuidadoras. "Se le hace entrar a un registro donde no van a poder sacar una tarjeta de crédito, registro de conducir, o acceder a asignaciones universales, tierras o viviendas", precisó refiriéndose a las penalidades que plantea la iniciativa en sus articulados.
Por ello insistió que es un proyecto que intenta aleccionar a las mujeres y cuidadoras de niños y niñas víctimas de violencias, y reiteró el pedido de que no se lo apruebe, ya que "pasaría a ser una ley violatoria de las leyes y tratados internacionales que existen", como la ley nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la ley provincial 7.857, sancionada en 2014 con el objetivo de poder erradicar el fenómeno de la violencia de género. Fernández sostuvo que la iniciativa de Durand "pretende ir contra todos nuestros derechos y garantías, fundamentalmente de los niños y niñas". "Es un retroceso muy grande que se trate en esta Cámara y por eso pedimos que no se continúe su tratamiento", subrayó.
Las organizaciones de mujeres pidieron una audiencia con el presidente del Senado, Antonio Marocco, pero aún no hubo respuesta.
Repudio generalizado
Una de las primeras organizaciones en manifestarse en contra de la iniciativa fue Madres Protectoras Salta, que afirmó a Salta/12 que se trata de una herramienta que "viene a atacar y revictimizar a las infancias". Inmediatamente se sucedieron las reacciones desde redes de mujeres y organismos nacionales.
También lo hizo la Cámara de Diputados de la Nación, que emitió un proyecto de declaración en el que manifestó "su profunda preocupación por la aprobación (de esta iniciativa) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta", con la firma de la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad y legisladora por Buenos Aires, Mónica Macha, y la diputada por Salta Verónica Caliva, ambas del Frente de Todos.
Allí se cuestionó específicamente el artículo cuarto del proyecto, que establece como autoridad de aplicación al Fuero de Familia del Poder Judicial, que será también quien defina los méritos o requisitos para integrar el registro en cuestión. "De ello se deduce que no se requiere sentencia firme para que una persona sea incorporada al mismo. Sin embargo, la integración de dicho registro restringiría el acceso a derechos consagrados en la Constitución Nacional tales como acceso al trabajo y a la vivienda", expresaron.
Además, las legisladoras señalaron que la aplicación de este registro en los términos que se describen en el proyecto referenciado, "podría producir severos perjuicios a los derechos de lxs niñxs, cuyos relatos en sede penal -por causas en las que se investigan delitos sexuales- no han sido tenidos en cuenta, incrementando los padecimientos de las madres protectoras, que también son criminalizadas por la ley penal cuando pretenden defender a sus hijxs que relatan haber sido víctimas de abusos". Es decir, se correría un alto riesgo de estar obligando a niñas y niños s a vincularse con quienes han cometido abusos sexuales contra ellos, hasta tanto ese delito llegara a comprobarse y a efectivizar una eventual sentencia, proceso que puede llevar un largo tiempo, incluso años.
En definitiva, la aplicación de "tal herramienta podría ser utilizada para sumar padecimientos a niñxs abusados que no han sido escuchados en sede penal, y a madres protectoras que intentan que el sufrimiento de sus hijxs no siga reproduciéndose", precisaron las legisladoras nacionales.
También expresaron su preocupación las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, quienes enviaron este último jueves una nota a ambas Cámaras legislativas y al ministro de Gobierno, Ricardo Villada; con copia a la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Itatí Carrique.
"El interés superior del niño son principios de rango constitucional por lo que este proyecto tiene una mirada adultocéntrica de la problemática, continúa reconociendo un modelo de familia piramidal donde el niño es un sujeto sometido al poder de sus padres, siendo su opinión despreciada", recordó el Observatorio. En ese sentido, resaltó que se requiere una actuación activa entre adultos e infantes, lo que supone participación de ambos.
El Observatorio señaló asimos que la iniciativa carece de perspectiva de género, "dado que si bien no se menciona expresamente y pareciera que garantiza igualdad formal, la norma afecta y discrimina de manera indirecta a las mujeres", puesto que son quienes mayormente se encuentran y son responsables del cuidado de los hijos e hijas. "Por lo que, si bien de manera literal y normativamente no está establecido, de manera indirecta sería una sanción que perjudica las mujeres", afirmó.
Tras manifestar la preocupación, el Observatorio se puso a disposición de la Legislatura en toda iniciativa que involucre la temática del género y violencia por motivos de género para poder asistir desde una mirada colaborativa y que enriquezca el trabajo de los y las legisladores en pos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
