Con la convocatoria a un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará emitir dictamen del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, una iniciativa demandada por el Ministerio de Economía en el marco de cumplimientos de acuerdos internacionales. Y es uno de los proyectos que el Frente de Todos incluyó en el pedido de sesión especial para este miércoles, y que cuenta con el acuerdo de las principales bancadas opositoras para sesionar.

La sanción de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía ingresó al Parlamento el 1 de junio de 2022 --cuando Martín Guzmán aún era el ministro— es una de las prioridades para el Gobierno, ya que en septiembre habrá una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad de la que es miembro pleno desde el año 2000.

El proyecto original comenzó a tratarse en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas pero no obtuvo dictamen. Tras el bloqueo a la actividad parlamentaria que impuso Juntos por el Cambio –luego de que el oficialismo decidió avanzar con el juicio político a la Corte Suprema-- se paralizó el debate y su llegada al recinto de la Cámara baja.

La iniciativa contempla diversas reformas, pero una de las más importantes es que convierte a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Hoy habrá un nuevo intento por emitir dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal previsto para las 11 en el anexo de la Cámara baja, aunque aun subsisten algunas diferencias sobre el texto original entre oficialismo y oposición. Desde JxC consideraron “destacable” que varias de sus propuestas fueran tomadas en cuenta por la UIF, aunque insistirían que "en la ley conste la facultad que tiene la UIF de querellar", así como también, "modificar los mecanismos de elección y remoción del presidente y vicepresidente del organismo", como solicitó el diputado macrista Pablo Tonelli en noviembre.

En tanto, la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, destacó que se trata de una "legislación que nos pone en un nivel internacional de trabajo en contra de los delitos complejos". Aunque su compañero de bloque Alejandro "Topo" Rodríguez fue más cauto en declaraciones a la agencia Télam: "Aún no fijamos posición, lo estamos analizando detalladamente". De todas formas, oficialistas y opositores confían en que se alcanzará un dictamen de “consenso” para debatir en el recinto.

Sesión

El miércoles por la mañana habrá una reunión de Labor Parlamentaria, para terminar de pulir como se llevará adelante el debate de la sesión especial. Desde JxC afirmaron a PáginaI12 que “no habría objeciones” sobre el temario que propuso el oficialismo y todo estaría dispuesto para transitar una sesión “ordenada”. Aunque recién hoy habrá reuniones –por separado-- de los bloques que integran la principal bancada opositora.

El viernes de la semana pasada, el FdT presentó formalmente la convocatoria a la sesión especial que tiene como eje la reforma de la ley de lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero cuyo temario se amplía a otras iniciativas. La lista incluye el proyecto de “Contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido”; la creación Programa Pubertad Precoz Central y del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar); la aprobación del Acuerdo sobre Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur; y la “autorización la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera de él de fuerzas nacionales, en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, desde el 1º de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024”.

Juicio político

En tanto, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este martes para avanzar en la investigación sobre las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), como parte del juicio político iniciado a los miembros de la Corte Suprema: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La comisión que preside Carolina Gaillard se reunirá a partir de las 13 para avanzar en la investigación sobre una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre "groseras" irregularidades en la registración contable, así como un "incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control" de la obra social. El cuerpo citó a Aldo Toñon, exdirector de la obra social y hombre de confianza de Maqueda; la contadora Melisa Solana (OSPJN); la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi; el contador Gustavo Montanini (docente de la UBA) y los trabajadores de la obra social Laura Coulin y Liliana de Brito.

También se tendrá en cuenta el dictamen de minoría y la denuncia de la Coalición Cívica --presentada por Elisa Carrió contra Lorenzetti-- por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su "incidencia" ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.