Los españoles están convocados este domingo a las urnas para elegir gobiernos regionales en 13 de sus 17 comunidades autónomas y municipales en todos los pueblos y ciudades. Los resultados tendrán sin embargo, una inexorable lectura nacional como anticipo de los comicios que se convocarán antes de fin de año y que determinarán la continuidad o el final del gobierno de coalición progresista encabezado por Pedro Sánchez.

La arquitectura institucional española se articula en tres niveles –local, autonómica y estatal- y este domingo las elecciones determinarán los gobiernos para los próximos cuatro años en los 8.131 ayuntamientos (intendencias) y en 13 de las 17 comunidades autónomas. Las únicas que no votan para elegir sus gobiernos regionales son las cuatro que por ser consideradas históricas tienen autonomía para determinar su propio calendario (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía).

Mensajes

Sin embargo, la forma en que se ha planteado la elección, los mensajes de los líderes nacionales y la iniciativa que Pedro Sánchez ha intentado llevar adelante durante toda la campaña hará inevitable que cuando se abran las urnas el recuento lleve a una lectura en clave nacional. Especialmente porque la legislatura, y con ella el primer mandato completo de Pedro Sánchez, concluye en diciembre.

Tan pronto como se sepa quiénes serán los jefes de gobierno de comunidades autónomas tan potentes como las de Madrid, Valencia o Aragón o los alcaldes o alcaldesas de ciudades estratégicas como Madrid, Barcelona o Sevilla, España entrará en una irremediable precampaña electoral de seis meses de duración en la que tendrán continuidad algunas de las polémicas que precedieron a las elecciones de este domingo.

Controversias

En un país severamente castigado por la sequía –España es el país europeo más afectado por el calentamiento global- y por el precio de los alquileres, que se han hecho inviables para la mayoría, especialmente en las ciudades con mayor tensión turística como Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla, hasta el pasado miércoles, sin embargo, la principal controversia de esta campaña había estado marcada por la conformación de las listas de la coalición independentista vasca Bildu.

Esta formación representa al espacio que hasta hace poco más de una década se consideraba el brazo político de ETA. La organización terrorista abandonó las armas en octubre de 2011 y anunció su disolución y el desmantelamiento de sus estructuras en mayo de 2018. Sin embargo, los acuerdos parlamentarios que la coalición de gobierno del PSOE y Podemos alcanzó con Bildu en esta legislatura para sacar adelante cuestiones como los presupuestos, el aumento del salario mínimo o la ley de vivienda que limita el precio de los alquileres, fue objeto de duras críticas por parte no sólo de la derecha política y mediática, sino también de destacados dirigentes de la vieja guardia del PSOE. Entre los cerca de 800 asesinados por la banda figuran 12 dirigentes socialistas.

Cuando para estas elecciones Bildu presentó sus listas a diferentes ayuntamientos vascos, se conoció la inclusión en las mismas de 44 personas que habían estado condenadas por cuestiones relacionadas con ETA, siete con delitos de sangre, todas ellas con sus condenas ya cumplidas.

Esta cuestión, que el PP y Vox agitaron contra el PSOE, se convirtió en el principal tema de campaña durante gran parte de la misma a pesar de que Bildu reaccionó anunciado que los siete condenados por delitos de sangre no asumirían sus cargos en caso de ser electos para evitar causar un dolor añadido a las víctimas.

Se pensaba que no podía presentarse un panorama más adverso para Pedro Sánchez, pero todo no había hecho más que comenzar. Los socialistas habían planificado una campaña de anuncios electorales, como la construcción de 186.000 viviendas o la bonificación del interrail (viajes en tren a bajo costo por toda Europa), para atraer el voto joven, pero se vieron obligados a pasar a la defensiva ante una serie de escándalos que los afectaron de lleno.

Compra de votos

A la cuestión de Bildu se sumaron varios procedimientos por supuesta compra de votos en diferentes ayuntamientos que llevaron a la detención de miembros de listas socialistas en Andalucía y en Murcia –pese a que también hubo denuncias contra el PP en otras comunidades y municipios-, a lo que sumó el levantamiento del secreto de sumario de un estrambótico suceso: el secuestro de una concejala socialista por parte de la pareja de una alcaldesa también socialista en la localidad de Maracena, en la provincia andaluza de Granada. La lectura del sumario permitió conocer que el juez considera posibles inductores de este suceso a tres cargos del PSOE, entre ellos al secretario de Organización de la federación andaluza, y el que móvil podría haber sido dar un susto a la edil para evitar que denunciara un posible caso de corrupción urbanística.

Esta sucesión de escándalos no sólo llevaron la campaña a una situación de tensión con escasos precedentes, sino que abrió un interrogante mayúsculo sobre cuál será su repercusión electoral. La incógnita se resolverá esta noche.