Rosario 12
La banda liderada por el piloto peruano Julio Rodríguez Granthon, preso en el penal federal de Ezeiza, fue desarticualda la última semana, según lo anunciado por la cúpula de la Policía Federal Argentina. El "narcopiloto" —acusado de seguir comandando desde la cárcel la operatoria de la organización— quedó imputado junto a otras once personas, entre ellas su "mano derecha" identificada como Facundo Ariel Pérez (30), alias "Jirafa", durante unos 30 allanamientos realizados por la Policía Federal en distintas viviendas y de celdas del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y de la cárcel de Coronda. Según cálculos de los investigadores, la banda recaudaba cada 40 días un monto cercano a los 200 mil dólares.
Los investigadores, que trabajaron bajo las órdenes de la Procuraduría de Nacrocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias y Matías Scilabra, y del fiscal federal 2 de Rosario, Claudio Kishimoto, consideraron que con la detención de los 12 imputados, quedó desarticulada la totalidad de la organización, entre ellos los integrantes de la cúpula de mando, la estructura logística y los responsables del lavado de activos del grupo criminal.
"Esta banda criminal tenía su epicentro en la ciudad de Rosario", contó el comisario general Juan Carlos Hernández, máxima autoridad de la PFA, en una conferencia de prensa realizada en el salón Maipú de la sede del Cuerpo de Policía Montada, ubicada en el barrio porteño de Palermo.
El jefe de la PFA indicó que el operativo desplegado por un grupo de elite del Departamento de Investigaciones Especiales incluyó una innovación en la modalidad de despliegue de la Fuerza Federal, ya que los allanamientos "fueron ejecutados de forma quirúrgica y a lo largo de 72 horas", lo que permitió mantener el secreto de las operaciones en conjunto y el monitoreo de los movimientos de los investigados.
En ese sentido, el comisario Pablo Carcacci, jefe de Investigaciones Especiales puntualizó que “junto a la detención de “Jirafa” Pérez, detuvimos a Nicolás de la Fuente, tanto los jefes de los sicarios como los jefes de los comercializadores están en manos de la justicia. Los narcocriminales tienen hoy como premisa, no al acopio de drogas, no acopio de dinero ni de armas, tercerizan todo, lo que hicimos fue pegarle directo al hueso, como decimos en la jerga”. Y subrayó: “Toda la información está en manos de la justicia, al igual que más de 30 teléfonos celulares que eran la base logística de la banda narcocriminal”.
La investigación comenzó en agosto del año pasado a raíz de una requisa en la celda de Rodríguez Granthon en la que se secuestró un teléfono celular cuyo contenido permitió determinar que continuaba liderando una banda narco desde su lugar de detención y la intervención de cada uno de sus integrantes, entre ellos "Jirafa" Pérez, el encargado de llevar a cabo las maniobras delictivas "extra muros".
En octubre del año pasado, los detectives de la PFA y los fiscales recibieron la denuncia de una persona que alertó acerca de una organización que vendía “merca para un peruano que está preso” y que “tienen protección de la Policía de Santa Fe”, según quedó acreditado en el expediente.
Finalmente, a la misma organización liderada por Rodríguez Granthon se le adjudica el intento de tráfico de 567 kilos de marihuana que fueron secuestrados en mayo último en un galpón de Funes, donde fueron detenidas ocho personas, entre ellas Ricardo Walter Piris, yerno de Natividad "Roger" Terán, el exintendente de Itatí también condenado en el marco de una investigación por narcotráfico derivada del "Operativo Sapucay".
Durante el desarrollo de la causa también se detectaron posibles maniobras de lavado de Rodríguez Granthon a través de testaferros. Algunas de esas operaciones habrían sido la compra de camiones a través de una empresaria que se dedica al transporte de cargas.
El narcotraficante peruano también habría utilizado al dueño de una distribuidora de la ciudad de Funes para instalar tres ferreterías en esa vecina localidad de Rosario bajo la titularidad de ese supuesto testaferro.
Otra de las formas de lavar el dinero de la presunta organización, a criterio de los investigadores judiciales, fue la compra de lotes en Troncales del sur de la localidad de Alvear y en Pinares del Sur de la ciudad de Piñero, para luego construir casas que fueron puestas a la venta o en alquiler.
